A medida que nos acercamos al décimo primer aniversario del establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), quisiera recordar la importancia del papel desarrollado por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la CPI.
El apoyo de los países miembros de la OEA data desde el nacimiento del Estatuto de Roma, continuó firme durante el establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002 y sigue liderando hoy día, con una CPI en pleno funcionamiento. Un claro ejemplo de ellos es que entre los más altos funcionarios de la Corte Penal Internacional, hemos contado con varios nacionales de Ecuador, Costa Rica, Argentina, Brasil, República Dominicana y Trinidad y Tobago, entre otros. Asimismo, resulta valioso recordar que allá por 1989 fue Trinidad y Tobago - estado miembro de la OEA- el que propuso a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una corte penal permanente. Este pedido hecho por el entonces Presidente Robinson fue el punto de partida para las negociaciones que llevaron a la redacción y posteriormente, una votación que culminó con la adopción del Estatuto de Roma por la gran mayoría de los estados del mundo en 1998
El Estatuto de Roma de la CPI es el instrumento internacional más importante del derecho internacional que crea un sistema de justicia que previene la perpetración de crímenes atroces e imparte justicia para las víctimas de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Es también el primer instrumento internacional que prevé altos estándares de investigación ante la comisión de crímenes de naturaleza sexual y en cuanto a la protección y los derechos de las víctimas.
El Estatuto de Roma es asimismo, novedoso por varios aspectos y uno de ellos es que identifica crímenes en contra de las mujeres como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en algunas instancias, genocidio. También crea las condiciones para que se modifiquen las legislaciones nacionales y para que incorporen los nuevos estándares jurídicos internacionales relacionados con violencia sexual y de género. Esto incluye también nuevas formas de procedimiento y prueba para las víctimas de violencia sexual, asegurándoles la debida protección y reparación.
La CPI es complementaria a los sistemas nacionales, por tanto la responsabilidad primaria de investigar y, de ser el caso, enjuiciar la presunta comisión de estos crímenes recae sobre los Estados. Por tanto, los Estados- actuando en su mejor interés- deben modernizar sus sistemas penales, tipificar los crímenes internacionales y fortalecer la independencia del poder judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial.
Ser parte del Estatuto de Roma ofrece la garantía de la no repetición de crímenes. La ratificación y la puesta en práctica de la legislación de implementación del Estatuto de la CPI contribuirán a fortalecer el sistema judicial y el Estado de Derecho, por lo tanto, será un beneficio para las generaciones futuras.
La OEA, la organización regional más grande del continente americano, ha sido un gran apoyo en el establecimiento de la CPI, quedando tal carácter de manifiesto en las resoluciones que ha adoptado la Asamblea General de la institución desde el año 1998 y aún más específicas, desde el año 2003-, en las resoluciones llamadas de "Promoción de la Corte Penal Internacional". La Asamblea General de la OEA llama por medio de tales resoluciones a la universalidad del Estatuto de Roma, a la implementación de los crímenes atroces, y resalta la importancia de la cooperación con la CPI, entre otras cosas. Quizá, algo para destacar es el reconocimiento que hace a la importancia del apoyo político y diplomático a la Corte.
Al día de hoy, son 28 los Estados miembros de la OEA que son Estados parte de la CPI. Dentro de los hispanoparlantes miembros de la OEA, aún no contamos con la adhesión de Nicaragua, El Salvador y Cuba, a quienes llamo a unirse a la Corte Penal Internacional.
A medida que avanzamos en la segunda década de existencia de la Corte Penal Internacional, seguimos necesitando la cooperación voluntaria y a todos los niveles por parte de los Estados y las organizaciones regionales especialmente a nivel político. En este orden de ideas, quisiera saludar el memorando de entendimiento de la CIDH con la Fiscalía de la CPI y el intercambio de cartas entre el Presidente de la Corte Song y el Secretario de la OEA, Sr. Insulza.