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Terri E Givens

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Inmigración y Amnistía

Publicado: 08/02/2013 00:58

Al debate sobre la reforma migratoria le aguarda su dilema más espinoso: el estatus legal de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que, se estima, viven en Estados Unidos. El Presidente Obama trató de abordar el tema ofreciendo la "acción deferida" a los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país en infancia, pero los ajustes a la normativa migratoria no acabaron ahí. Por ejemplo, hasta hace poco los inmigrantes indocumentados debían regresar a sus países de origen para recibir visas, enfrentándose hasta a 10 años de espera. Hoy el retorno a los Estados Unidos es inmediato para aquellos cuyos familiares cercanos poseen ciudadanía americana.

La última vez que Estados Unidos tuvo una amnistía masiva fue durante la Ley de Reforma Migratoria y de Control (IRCA) de 1986. En aquellos días, la reforma migratoria se nutrió del temor a la inmigración indocumentada, cuyo flujo habíase acentuado a finales de los setentas. En 1977, el Presidente Carter llevó una propuesta al congreso solicitando sanciones para empresarios, incrementar el número de agentes fronterizos, y otorgar estatus legal a los inmigrantes que carecían de autorización. Su plegaria no hallo recaudo.

No fue sino hasta que la Comisión sobre Política Migratoria y de Refugiados se pronunció sobre el tema que el legislativo introdujo en 1982 el proyecto de ley Simpson-Mazzoli. Al documento le llovieron críticas de ambos lados del hemiciclo. Los defensores de inmigrantes temían que las sanciones al empresariado generen discriminación contra los trabajadores latinos. Los gremios empresariales, por su parte, se oponían a que las penas recaigan sobre ellos mismos. Por otro lado, los sindicatos pensaban que un programa de trabajadores temporales socavaría sus privilegios laborales. A pesar de esto, del debate emergieron acuerdos mutuos, y el IRCA se volvió ley en 1986. Su implementación, cabe mencionar, tuvo resultados mixtos, especialmente en las sanciones al empresariado.

¿Qué nos dice la historia sobre el interés contemporáneo en la reforma migratoria? En principio, legislar tomará tiempo. En este momento sólo hay propuestas, aunque se espera que el Senado y/o la Cámara presenten un proyecto de ley el mes venidero, o el siguiente. Intereses a favor y en contra de la ley están ya apelando a sendas bases y legisladores. La única certeza que tenemos es que el documento final, cualquiera que sea, será consensuado. ¿Qué ocurrirá con el estatus legal de los indocumentados? El Republicano Marco Rubio e impulsor del camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados carece del apoyo de sus colegas en el senado, entre quienes la idea de Rubio suena más bien a amnistía. Sus correligionarios en la cámara les son aún más hostiles, a él y a la pandilla de los Ocho Senadores.

Los defensores del inmigrante tendrán que derrochar tenacidad y cacumen para que el camino a la ciudadanía sea parte íntegra de la reforma migratoria. La propuesta actual en el Senado, desde ya, entrampa la naturalización, al requerir que una comisión de legisladores y líderes locales certifiquen que la frontera es segura. Sólo en tal caso se permitirá que quienes tengan estatus probatorio puedan aplicar para la Green Card. En 1986, la amnistía le abrió el camino a la legalidad a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados. El impacto del IRCA en sus vidas y en las de sus familias es incalculable. Hoy los riesgos no son menores, y sólo la opinión pública garantizará que un balance honesto de nuestro futuro se plasme en la versión final de la ley.

 

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