Desde la llegada del gobierno federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 1 de diciembre de 2013, la sociedad mexicana ha sido sometida al bombardeo de estadísticas y mensajes propagandísticos en los que se intenta posicionar un cambio de rumbo en la política nacional contra la delincuencia.

Es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar, según comprobó Human Rights Watch.

En diciembre de 2012, leíamos con entusiasmo que la Procuraduría General de la República había prohibido el uso de los detectores moleculares GT20...

A menos de 100 días de que Felipe Calderón concluya su periodo como presidente de México, existe poca claridad sobre qué rumbo tomará el nuevo gobierno frente a la actual estrategia de seguridad emprendida hace seis años para combatir frontalmente a los cárteles de la droga. Si bien Enrique Peña Nieto señaló durante su campaña que revisaría la actual estrategia, al mismo tiempo se ha comprometido también a mantener al ejército en las calles a pesar de los pocos logros reales que éste ha representado.