En diciembre de 2012, leíamos con entusiasmo que la Procuraduría General de la República había prohibido el uso de los detectores moleculares GT20...
Sedena no ha cooperado con la investigación al negarse a proveer los dispositivos para las pruebas pertinentes, conducidas por la Academia Mexicana de Ciencias. El ministro José Ramón Cossío, vinculado al caso, ha enviado al nuevo titular de la dependencia, Salvador Cienfuegos, una petición para que las Fuerzas Armadas colaboren en la investigación.
En su editorial del 31 de diciembre, el diario El Universal señala que, a través de la Iniciativa Mérida, la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) dará a la Secretaría de la Defensa Nacional -encargada del Ejército en México- una nueva dotación de detectores de explosivos, drogas y químicos, en sustitución de los cuestionables GT200. De ser cierta la afirmación, la salida de estos fraudulentos dispositivos parece cuestión de tiempo.
No son pocos los antecedentes ni las pruebas en contra de los detectores moleculares. A pesar de las voces alzadas, el gobierno federal nunca atendió ni a las recomendaciones, ni tampoco a las evidencias, manteniéndose inmutable su postura. Entonces, resulta llamativo que la PGR haya decidido recular en el uso de estos aparatos (¿por orden de Murillo Karam?) y abrir un expediente de investigación, del cual sabemos muy poco -¿qué delito buscan y por qué?-.
El fraude de los detectores moleculares ha llegado al máximo tribunal de México. La ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas ha atraído a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un caso sobre la validez de los resultados de los GT200 como prueba jurídica. A pesar de que estos aparatos gozan de una pésima reputación entre la comunidad científica, el Ejército, la Marina y otros organismos de seguridad en el país los han utilizado como parte de su equipo en el combate al crimen organizado. Ahora toca al máximo tribunal de la nación dar una resolución definitiva.
