Gobierno argentino afirma que la muerte del Fiscal Nisman no fue suicidio

Sin duda el freno a la impunidad está en manos de la justicia argentina, uno de los poderes más cuestionados en los últimos años, que tendrá que trabajar mucho para que su imagen vuelva a ser la de un espejo que le devuelva a los ciudadanos confianza y seguridad.
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People gather outside the AMIA Jewish community center asking for "Justice" in the death of a prosecutor who had accused Argentinas president of a criminal conspiracy, in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Jan. 21, 2015. Special prosecutor Alberto Nisman, who had been investigating the 1994 bombing of the Jewish community center that killed 85 people and who accused President Cristina Fernandez of shielding Iranian suspects, was found dead from a gunshot to the head, in his apartment late Sunday, hours before he was to testify in a Congressional hearing about the case. (AP Photo/Rodrigo Abd)
People gather outside the AMIA Jewish community center asking for "Justice" in the death of a prosecutor who had accused Argentinas president of a criminal conspiracy, in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Jan. 21, 2015. Special prosecutor Alberto Nisman, who had been investigating the 1994 bombing of the Jewish community center that killed 85 people and who accused President Cristina Fernandez of shielding Iranian suspects, was found dead from a gunshot to the head, in his apartment late Sunday, hours before he was to testify in a Congressional hearing about the case. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La enigmática muerte del Fiscal Alberto Nisman mantiene a sociedad argentina expectante ante la sacudida institucional que esto supone para la República. Suicidio,suicidio inducido, eventual asesinato, tres hipótesis que en el fondo nadie descarta, si bien la primera, a casi una semana del hecho, ya casi nadie defiende, aunque fue la primer interpretación de algunos voceros oficialistas.

Nisman investigaba el atentado perpetuado en 1994 la mutual israelita AMIA y el miércoles 13 de enero hizo pública también una denuncia conexa que involucraba un supuesto pacto entre funcionarios argentinos que incluía a la presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman, con el gobierno iraní a fin de negociar impunidad para los acusados de ese país que habrían perpetuado el atentado contra la mutual judía.

El pasado martes y ante la gravedad de los acontecimientos la justicia argentina hizo pública la denuncia.

El supuesto encubrimiento implicaba un intercambio de impunidad jurídica a terroristas iraníes a cambio de una próspera relación bilateral con la compra de petróleo a Irán y venta de granos desde Argentina. Causa sin sustento, según los exponentes del oficialismo, y la propia presidente Cristina Kirchner quien hoy así lo afirma desde una extensa carta publicada en Twitter y en su página oficial.

Sin embargo, la denuncia que podría haber quedado en el olvido, como algunos afirman por la supuesta labilidad de sus argumentos, desata ahora múltiples interpretaciones tras la muerte del fiscal, considerada suicidio sin participación de terceras personas según la fiscal Viviana Fein, pero que con el correr de las horas y las permanentes nuevas pistas, hacen pensar en un suicidio inducido o un homicidio, hipótesis muy difíciles de probar en una causa con múltiples implicancias y con una complejidad que pone al sistema político y judicial de cara a sus grietas internas.

Las declaraciones de Cristina publicadas en Twitter este jueves se vuelven categóricas a la hora de las sospechas sobre la muerte de Nisman: "Las interrogantes se convierten en certezas. Estoy segura de que no fue un suicidio", advirtió la presidenta, quien pidió protección para Lagomarsino, el colaborador del fiscal que le prestó el arma, y solicitó que se investigue a la custodia, siempre subrayado que la denuncia se "derrumba", al carecer de consistencia.

Pero el caso Nisman implica también un profundo análisis sobre el rol de los servicios de inteligencia argentinos, algo que subrayan casi al unísono todas las fuerzas políticas. Lo cierto es que que la Secretaría de Inteligencia (SI) sumerge a Argentina en recuerdos de un pasado de plomo -la época de la dictadura militar- en la que la actuación de la misma ( por entonces SIDE) era un espacio oscuro con un poder discrecional, que para la mayoría de los analistas políticos, no ha cambiado. De la SI, el fiscal Nisman obtenía información y sobre todo escuchas para sus investigaciones.

El reducto de los espías argentinos es tal vez el organismo que menos ha evolucionado en nuestra democracia y será sin duda una tarea pendiente para el próximo gobierno que suceda al de Cristina Kirchner.

La inteligencia debe ser un área importante y reservada del Estado para fines específicos ligados a la seguridad de la Nación y no un sector atravesado por oscuras internas políticas y probablemente convulsionado y resentido, en los últimos tiempos, con los cambios que le había impuesto la Presidenta Kirchner, nombrando para tales fines a un hombre de su íntima confianza, Oscar Parrilli.

Hoy la muerte de Nisman deja muchas miradas de sospecha hacia sectores de esa Secretaría, sobre todo porque las vinculaciones que él mantenía con agentes secretos locales no eran un secreto para nadie que se informara sobre la causa Amia y sobre la última denuncia del fiscal.

El mismo Nisman lo confirmaba en entrevistas periodísticas. Y no era la única inteligencia con la que él se informaba, sino que también tomaban parte otros organismos similares e internacionales como el israelí, Interpol y la CIA, ésta última convencida, según algunos analistas políticos, en apostar a la pista iraní como artífice del atentado a la mutual judía (AMIA) en 1994, descartando otras pistas como la local o la siria.

Las reacciones políticas

La dirigencia política ha reaccionado gradualmente frente a la noticia, no sólo desde el oficialismo, sino desde la oposición. Era frecuente que los mensajes de texto no sean respondidos o que los voceros explicaran que "había que esperar" a tener más información.

Pasados los días, las posturas están más claras. Algunos candidatos que detentan a presidencia que se disputará en octubre de este año, advirtieron sobre la gravedad que esto supone. Tal es el caso de Sergio Massa (Peronista), que se presenta como querellante en la causa AMIA, para que "la sociedad se sienta representada".

Otros más medidos, como Daniel Scioli, presunto sucesor de Cristina, subraya la necesidad de imprimir un cambio en la inteligencia local: "Evidentemente hay que repensar las estructuras de los servicios de inteligencia del Estado" y cuestionó a los dirigentes políticos que quieren llevar agua para su molino como la opositora Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien decidió expresarse en su conocido registro frontal: "Pensé que robaban y mentían, nunca que podían matar".

Desde una postura oficialista, Gustavo López, Subsecretario General de Relaciones con la Sociedad Civil, admite: "Una vez más, como en 1994, los servicios de inteligencia, aliados con sectores oscuros de la vida política y económica de nuestro país y del exterior, pretenden clausurar la investigación sobre el atentado de la AMIA. Esta vez, en una acción desestabilizadora contra el gobierno y la democracia argentina, y atacando la investidura presidencial, quisieron hacer un disparatado plan criminal de encubrimiento utilizando al fiscal Alberto Nisman para ese cometido. Hoy, luego de la trágica y lamentable muerte de Nisman, es la presidenta quien denuncia el verdadero complot".

En consonancia y apoyo a la presidenta, se pronunció también el Consejo Nacional del Partido Justicialista, cerrando una posición uniforme en torno a dramático hecho que marca el peor momento político del partido en el gobierno.

El Consejo pidió el "cese del uso de la mentira, la calumnia y la difamación como herramienta política al servicio de oscuros intereses" y alertó contra "servicios de inteligencia desplazados, jueces y fiscales con intención opositora".

Luego está la voz dolida de las entidades israelitas, que expresan su dolor por la muerte de un fiscal a quien ellos respetaban y piden verdad y justicia, tras 20 años de impunidad, exigiendo el esclarecimiento del atentado terrorista que explotó la mutual AMIA, al que ahora se suma la causa de la muerte del fiscal que la investigaba.

El rabino y actual diputado de la Ciudad por el Pro (centro-derecha), Sergio Bergman adjudica al gobierno nacional un uso político de los servicios de inteligencia pero admite: "Creo que si hay un servicio de inteligencia que hizo este profesional, sofisticado y prolijo trabajo de matar al fiscal Nisman está más del lado de los iraníes que de otros servicios. Porque tienen 30 mil agentes, una universidad que los prepara y una nivel de sofisticación que la gente no se imagina."

En las últimas hora el Centro Simón Wiesenthal también se maniféstó en favor de un pronto esclarecimiento tanto del atentado a la AMIA (85 muertos), así como de la causa de encubrimiento que tenía el fiscal Nisman, y pidió que se investiguen las circunstancias de su muerte.

Sin duda el freno a la impunidad está en manos de la justicia argentina, uno de los poderes más cuestionados en los últimos años, que tendrá que trabajar mucho para que su imagen vuelva a ser la de un espejo que le devuelva a los ciudadanos confianza y seguridad.

No menos responsabilidad tiene el sistema político, en permanente pugna por el poder en los últimos diez años, e iniciando, según se puede observar, una tristísima carrera pre-electoral en la que muchos se suben sobre a las repercusiones de un hecho trágico ligado a causas sensibles de la sociedad argentina.

Que valga y prevalezca la libertad, la justicia y la democracia, por sobre el miedo y la impunidad. De lo contrario, caeríamos en el peor retroceso en estos 31 años de democracia.

Cristina Fernández

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