La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia, en primer debate, aprobó la semana pasada una iniciativa que despenaliza el cultivo de coca y marihuana en este país.
Se abre así el debate sobre la legalización de las drogas en el Congreso colombiano. Es un poco sorpresivo el tema, pero muestra que no solo a nivel de académicos existe la convicción de que llegó la hora de tomar en serio el diagnóstico que está a la vista de todos, a pesar de que muchos lo ignoren: la actual política nacional e internacional para luchar contra las drogas ilícitas, se agotó. No muestra buenos resultados. Hoy existen más adictos en Colombia y el mundo que ayer, lo que quiere decir que hay más narcotráfico.
No importa cuáles sean las cifras de incautaciones e interdicción de drogas y cargamentos. Por una u otra vía, a través de un país u otro, capos y carteles del narcotráfico sigue manejando un negocio de billones de dólares al año que, además, reproduce violencia, criminalidad y corrupción.
Seguramente el proyecto de ley será negado en plenaria, entre otras razones por la oposición que ya manifestó el Gobierno. Y también por el hecho de que al país no le conviene dar este paso en solitario, mientras sus vecinos y las naciones consumidoras de estas drogas, Estados Unidos y Europa principalmente, siguen considerado este comercio como ilegal. Nos convertiríamos en el paria del mundo, en un escenario internacional absurdo según el cual el primer eslabón de la cadena de estas drogas, el cultivo, es legal, mientras que los siguientes, el procesamiento, comercio y consumo, continuarían siendo ilegales.
Los interrogantes que se abrirían al legalizar el cultivo de coca y marihuana en el país son muchos: ¿Sería legal también procesar y vender estas sustancias? ¿Serían legales productores y exportadores de estos productos? ¿Cómo serían considerados estos "cultivadores" en el exterior?
La única manera razonable de hacer esto de la legalización de las drogas es en el marco de un acuerdo internacional, en el seno de la ONU, donde estén presentes todos los países que hacen parte de la cadena. De otra forma, es el peor de los mundos para Colombia: daríamos la imagen de refugio internacional de narcotraficantes, cuando hoy somos, legítimamente, la nación en el planeta que más esfuerzos y resultados tiene en la lucha contra estas organizaciones de crimen. Somos ejemplo mundial de dignidad y lucha contra estas organizaciones.
Lo que debe ocurrir en el mundo es un cambio de paradigma en las políticas antidrogas. Si se legaliza es para que haya menor consumo y no mayor; para volcar los recursos que hoy se gastan en la guerra, hacia políticas de atención y prevención de adictos; para seguir con la consigna en alto de que no se cultive, ni se procese, ni se vendan estas drogas, pero con énfasis distintos en las políticas, ahora a cargo de los ministerios de salud y la Organización Mundial de la Salud, y no de la DEA y los ministerios de defensa. Con el énfasis claro y contundente en controlar y desincentivar estos cultivos y este comercio.
Y otra cosa: si se legaliza no puede haber impunidad para los crímenes de los narcotraficantes, sus organizaciones y aliados. La justicia debe seguir operando. Este proyecto de ley entonces no pasará de ser algo simbólico. Pero es otro paso en la discusión hacia la legalización.