Cada año se internan a territorio mexicano por la frontera sur, aproximadamente 400,000 personas sin documentos.
La situación de estos migrantes que se internan es preocupante no solo por la seguridad interna en la frontera Sur, sino también por las diferentes vertientes que trae consigo, como lo son la trata de personas y el crimen organizado, entre otros; lo que los hace más vulnerables, ya que del total de migrantes que se internan a territorio Nacional, únicamente son repatriados 80,000 , por otro lado 70,000 logran su cruce a Estados Unidos y de los demás poco conocimiento se tiene.
Ante este panorama "masivo" de transnacionalización que enfrenta nuestro país, México, las diferentes instituciones responsables han instrumentado en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones para adecuarse a los tiempos modernos, al ser evidente que este fenómeno es inherente a la globalización política, social y económica en la cual todos los países están inmersos.
Existen dos instancias dentro del gobierno mexicano, cuyo ámbito de actividades se relaciona con los Asuntos Migratorios: El Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación y las Embajadas y Representaciones Consulares en el exterior, como parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las cuales se encargan de brindar a poyo a nuestros connacionales en el extranjero, así como a los extranjeros en nuestro país sin importar su calidad migratoria.
Y aunque si bien las anteriores dependencias tienen años funcionando, el marco normativo que las rige recientemente fue actualizado para responder a las necesidades de la realidad que vivimos. Hoy en día México ha dejado en el pasado ordenamientos jurídicos que no atendían de manera íntegra y con visión humanista el fenómeno migratorio.
Actualmente contamos con la Ley de Migración así como su Reglamento, los cuales son considerados un avance en materia migratoria, pues llenan un vacío jurídico de casi 40 años de rezago, ya que no se contaba con una legislación específica para regular los flujos migratorios y por ello se aplicaban las disposiciones contenidas en la Ley General de Población que era por demás obsoleta. Además en dicho ordenamiento se contempla en específico la atención a niños, niñas o adolecentes no acompañados, acceso a servicios educativos y a la salud, procuración e impartición de justicia, se privilegia la unidad familiar, reconocimiento a personalidad jurídica sin importar su estatus migratorio entre otros.
Los Derechos Humanos han ido ganando espacio dentro de la agenda Nacional, ya que en vez de criminalizar a los migrantes que se internan al País hemos adoptado disposiciones legales en defensa de los migrantes y podemos decir que México cuenta actualmente con los ordenamientos jurídicos idóneos e integrales que permitirán a las futuras administraciones Federales, implementar políticas públicas como la patrulla fronteriza, que dará cumplimiento a las bases y objetivos planteados en la Ley de Migración y su Reglamento, al vigilar el pleno respeto a sus garantía individuales, combatir la violencia y delincuencia en las fronteras para proteger a los transmigrantes en su tránsito por nuestro País así como la seguridad de nuestros ciudadanos.
Y recientemente ante la propuesta de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Janet Napolitano al Gobierno Federal Mexicano de crear una Patrulla Fronteriza, en el tema de hacer cumplir la ley, respeto a los Tratados Internacionales y a los Derechos Humanos, por el bienestar y seguridad interna y de los migrantes, bienvenidas las iniciativas.