Hay un dicho que dice que "no es bueno ensillar antes de traer las bestias", es decir celebrar antes de que las cosas se hagan realidad.
No obstante, el panorama se pinta auspicioso para la reforma migratoria integral: los demócratas quedaron con mayoría en el Senado y a escasos votos para negociar con el sector de los republicanos de pensamiento amplio, la aprobación de la ley de legalización de los indocumentados.
Es factible conseguir los 60 sufragantes para evitar que el proyecto de ley sea saboteado, ahora que los senadores republicanos John McCain, Lindsey Graham, Orrin Hatch, Jeff Flake y por supuesto Marco Rubio estarían eventualmente en la jugada.
En la Cámara de Representantes la situación se presenta más de cuesta arriba, pero lograr una votación mayoritaria por la reforma no es imposible.
Hay casi 30 congresistas latinos en la Cámara Baja y al ala intolerante del partido del elefante se le está atribuyendo la derrota del pasado 6 de noviembre.
Los recalcitrantes identificados con el Partido del Té ya no están retozando como hace dos años, porque el gigante dormido del voto hispano despertó y fue determinante en la elección del presidente y de legisladores federales.
Antes de las pasadas elecciones, el número de integrantes del Caucus de Inmigración, donde se reúnen los antiinmigrantes, no llegaban a 100, y en los comicios algunos resultaron defenestrados o se retiraron.
El guarismo mágico de los 218 votos debería ser alcanzable.
El presidente Barack Obama, debería alinear a rajatabla a todos los legisladores demócratas, de ambas cámaras, para que sufraguen a favor de la reforma y su promesa a la comunidad latina no se convierta nuevamente en un merengue a la puerta de una escuela.
La bancada republicana pro reforma migratoria integral tendría que conseguir el mayor número de votos de sus copartidarios, para que el crédito de la aprobación de la ley tenga claramente el sello de algo definitorio en lo que intervino el partido, y lograr ampliar su base de electores hispanos conservadores.
El proyecto de ley tendría que someterse cuanto antes y debe sacarse adelante, ojalá para en verano del próximo año.
Eso sí, que no vaya a pasar como con la amnistía firmada por Ronald Reagan en 1986, con el respaldo de una Cámara de Representantes de mayoría demócrata, a en la que todas las partes incumplieron.
El gobierno, los políticos, los patronos y los propios indocumentados fueron cómplices del fracaso de la reforma de los ochenta.
Todos se hicieron de la vista gorda, para no aplicar las sanciones contempladas en la ley.
Los rancheros pusieron el grito en el cielo cuando los agentes del difunto Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) iniciaron las redadas en los campos.
Los políticos abogaron para que sus constituyentes ricos no perdieran las cosechas y dejaran tranquilos a los pizcadores indocumentados. El fenómeno se repitió a lo largo y ancho del país hasta llegar a la situación que tenemos hoy.
En esta ocasión todos tenemos que cumplir y vamos a tragar tragos amargos, si queremos que los 11 millones de indocumentados sean legalizados.
La frontera tendrá que ser sellada, habrá probablemente más agentes, más guardias nacionales (los seis mil de la época de Bush), más aviones "fantasmas" no tripulados y un muro más alto y más largo.
En adelante, los trabajadores tendrán que llegar con visa e inspeccionados en un punto fronterizo o un aeropuerto. Su número tendrá que ser determinado por una junta que analizará el mercado laboral.
Los países exportadores de indocumentados tendrán que evitar el éxodo a cambio de la legalización de sus nacionales. La verificación de documentos para empleo será más estricta y los patrones sujetos a sanciones más severas.
La reforma migratoria implicará responsabilidades.
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