La democracia moderna requiere trascender los procesos electorales y consolidar mecanismos estatales que faciliten la transparencia, la ética, el derecho a la información y la participación ciudadana. La conjunción de estos mecanismos, propios del paradigma de Gobierno Abierto, resulta en un Estado más eficiente, efectivo y participativo. Pero aún más importante, estos elementos permiten una apropiación por parte de la ciudadanía de los procesos políticos, reafirmando así la legitimidad del sistema democrático. Sin ellos, el Estado resulta incapaz de recuperar la confianza ciudadana.
El nuevo paradigma de Gobierno Abierto se configura como una expresión moderna de la cultura política democrática, teniendo como principales aliadas las tecnologías de la información y la participación ciudadana. Su objetivo es lograr la eficiencia y modernización del Estado de Derecho, apostando a las trasformaciones estructurales, a partir de las cuales se empodere a la ciudadanía y se reafirme la vocación de servicio de las instituciones públicas.
El elemento diferenciador de Gobierno Abierto, respecto a otros paradigmas de gestión pública, es la inclusión de la ciudadanía en procesos de toma de decisión, fiscalización y construcción de políticas públicas. A mayor participación ciudadanía, mayor legitimidad del sistema democrático, lo cual se traduce de manera inmediata en estabilidad social y política.
La estabilidad y paz social, son fundamentales para la democracia, ya que son fundamento para una relación más fluida entre la institucionalidad y la ciudadanía. En un contexto centroamericano en el que algunos actores y organizaciones, que operan en el ámbito de la ilegalidad, pretenden sustituir o debilitar la figura del Estado, dicha paz social permite desarrollar las acciones de los Gobiernos y recuperar su capacidad de acción en los territorios vulnerables socioeconómicamente.
En la medida que la institucionalidad pública tiene una injerencia con las poblaciones vulnerables, se robustece la democracia y se da el cumplimiento efectivo de los principios que hacen de esa institucionalidad un Estado de Derecho. El fortalecimiento institucional democrático y la estabilidad social, logran generar confianza en los sectores económicos y productivos a nivel nacional e internacional, facilitando así el intercambio de acción estratégicas que permitan reactivar la economía.
Cuando la estabilidad social se conjuga con el crecimiento económico, se logra un desarrollo económico inclusivo, participativo y equitativo. Todos los sectores y poblaciones de la sociedad se benefician y el Estado de Derecho cumple con sus objetivos. Es así como se evidencian los impactos positivos y estructurales que el paradigma de Gobierno Abierto genere, a partir de la transformación de la cultura democrática en la que se reinventan el servicio público y el ejercicio activo de los derechos ciudadanos.
Esa reinvención del servicio público, obliga a que las instituciones del Estado pierdan el temor a la apertura de procesos colaborativos con la Academia, el Sector Empresarial y la Sociedad Civil. Los distintos sectores y poblaciones tienen capacidades gerenciales, técnicas y creativas que puedan aportar al mejoramiento de los procesos e instituciones de la Administración Pública. Es así como la innovación social se convierte en un brazo operativo del Gobierno Abierto, permitiendo transformar o crear proyectos, políticas y acciones que establezcan metodologías y normas completamente distintas a las que el status quo legitima a lo interno del Estado.
Así pues, el Gobierno Abierto se traduce en innovación, disminución de la brecha digital, lucha frontal contra la corrupción, recuperación de la relación Estado-ciudadanía, creatividad, participación, inclusión social. Es por esto que se puede afirmar que el paradigma de Gobierno Abierto es un catalizador de la democracia, al transformar las dinámicas del sistema político, modernizar el Estado y garantizar el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos.