La noticia dejó a los chilenos perplejos y a los 33 mineros, indignados: el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, decidió que no había responsabilidad de los dueños de la mina San José en el accidente, a estas alturas legendario, que tuvo 69 días bajo 700 metros de tierra a los mineros chilenos.
A pesar de que era claro de que las condiciones de la mina eran inseguras y riesgosas, la justicia decidió abandonar la investigación por "carecer de pruebas" para imputar a los dueños del establecimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
El líder de los 33, Luis Uzúa, no ocultó su frustración y dijo ayer que van a continuar la demanda contra el Estado, que presentaron 31 de los 33.
Esto nos lleva reflexionar, a tres años este lunes 5 de agosto de ocurrido el accidente, del riesgo que enfrentamos en Latinoamérica -y en muchos otras regiones del mundo- de no sacar las lecciones pertinentes de nuestros desastres, humanos y naturales.
Cuando ocurrió lo de los mineros, se discutió mucho que esto debía cambiar para siempre las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros, que son quienes extraen de nuestras minas el cobre, el sueldo de Chile. Que había que hacer un antes y un después; que este accidente tendría sentido si lograba que la vida de los mineros que vienen fuera diferente. Su realidad era reflejo, en sus luces y sombras, de la realidad de tantos compatriotas, a quienes el desarrollo y la prosperidad no les llegan. Vidas duras, sacrificadas, riesgosas, de las que no pueden escapar, y que los exponen a vivir situaciones como estas.
Pero probablemente la espectacularidad del rescate se robó toda la atención mediática y política, y vemos cómo, pasados los años, no ha quedado más que la frustración para ellos. De cierta forma, al no procesar a los dueños de la mina, es como si se los estuviera mandando de vuelta a la mina San José, a vivir en la oscuridad y la indiferencia. A la idea de que la irresponsabilidad y la falta de ética empresarial pueden quedar impunes.
No puede ser casual que las dos mujeres candidatas presidenciales de las coaliciones más importantes en Chile, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, tengan eslóganes de campaña similares. Mientras Bachelet dice "no más desigualdad", Matthei se ha inclinado por "mayor equidad".
Es que Chile cambió, y tras las fuertes sacudidas del movimiento estudiantil y sus miles de jóvenes en la calle, ya está muy cuestionada la idea de que una sociedad individualista y donde cada uno sólo se preocupa por sí mismo sea viable o deseable. La sociedad chilena de hoy demanda una visión más comunitaria e inclusiva, donde el Estado tenga un rol clave en proteger a los más desvalidos y vulnerables.
Es cierto que tras el accidente de lo mineros se han aumentado las fiscalizaciones y el número de inspectores, pues las dotaciones anteriores hacían imposible una adecuada regulación de esta actividad, pero de todos modos este dictamen judicial cae como balde de agua fría.
Los mineros reclamarán ahora a la OIT, pues piden justicia global, ya que no lograron tenerla en su país. "Queremos hacerlo por todos los mineros de nuestro país", dijo Luis Urzúa, el minero jefe de turno.
El minero Mario Sepúlveda, conocido como "súper Mario", finalizó así: "cuando me preguntan si quiero indemnización, no me importa, lo que quiero es justicia. Que dé un ejemplo de que al obrero chileno se lo tiene que respetar".
Sería dramático que tras el dolor de estos compatriotas todo siguiera igual y que lo único que quedara -como recuerdo, lección y legado- fuera una película made in Hollywood.