De Paraguay generalmente llegan pocas o ninguna noticia. Sin embargo, este país con una historia trágica de guerras perdidas y dictaduras interminables, ahora podrá ser asociado para siempre con una nueva terminología en el diccionario de la inestabilidad política de América Latina: el "golpe de estado constitucional".
La frase parece una sucesión de premisas contradictorias. Sin embargo, en la selva política paraguaya es un ejercicio silogístico que justificó la remoción del presidente Fernando Lugo, democráticamente electo por el pueblo, a través de maniobras que trataron de mantener las apariencias de legitimidad constitucional.
Todo ocurrió tan rápido que la explicación cabe en una sola oración. La derecha conservadora (léase Partido Colorado y asociados) aprovechó un incidente en el que murieron 17 campesinos y policías, en una remota localidad del nordeste del país denominada Curuguaty, para iniciar un juicio político al presidente Lugo y, en menos de 48 horas, lo destituyeron de su puesto.
Se puede debatir hasta el cansancio sobre quién disparó el primer tiro cuando la policía llegó al lugar a desalojar a integrantes del Movimiento Campesino de los Carperos que habían ocupado tierras del millonario Blas Riquelme, un poderoso ex senador del Partido Colorado. Hasta se puede entender si en medio de la confusión, como sugieren algunas versiones, la policía reaccionó a los tiros. Lo que no se presta al debate ni se puede aceptar es cómo de este incidente policial relativamente minúsculo, en un mundo en donde asesinatos, bombas y ataques terroristas cobran cientos de vidas cotidianamente, se pasó a una sucesión de hechos políticos que desembocaron en el derrocamiento del presidente constitucional del país.
La respuesta, obviamente, no se centra en el incidente de Curuguaty, sino que está conectada con variables de la compleja realidad política paraguaya. Una realidad en la que los partidos tradicionales, que continúan controlando las corruptas instituciones del estado, no cedieron mucho espacio político para que Lugo, que llegó al poder en agosto de 2008, pudiera cumplir su mandato. Sin apoyo del Congreso Nacional, sus propuestas legislativas no fueron muy lejos. Esta percepción de inacción y falta de resultados concretos le costó el apoyo de los sectores progresistas y de izquierda que eran su base natural de sustentación
Así que acosado por la derecha, en un estado de ingobernabilidad asfixiante y sin aliados ni base política que lo apoyara, Lugo estaba en una situación de extrema vulnerabilidad política.
Aparte, en el espectro ideológico latinoamericano, Lugo siempre fue percibido como un izquierdista que amenazaba el status quo de la derecha y los conservadores paraguayos. Si bien no era un Hugo Chávez ni un Evo Morales, su retórica progresista y la amenaza de una reforma agraria, que nunca avanzó más allá de los discursos, fueron percibidas como un factor desestabilizante para aquellos que históricamente se han beneficiado de un sistema con profundas injusticias sociales y económicas.
Por supuesto lo que ocurrió en Paraguay no es nada excepcional. La derecha latinoamericana aprovecha cualquier oportunidad para prevenir, frenar y revertir reformas a través de cualquier método, ya sea constitucional o anticonstitucional. Valga recordar la historia reciente de Manuel Zelaya, de Honduras, que fue derrocado entre gallos y medianoche el 28 de junio de 2009. Otros líderes progresistas de la región también estuvieron muy cerca de correr la misma suerte, como Hugo Chávez, de Venezuela, en el golpe de abril de 2002 y Rafael Correa, del Ecuador, en septiembre de 2010. En este mismo momento, Evo Morales, de Bolivia, parecería confrontar una amenaza similar.
La diferencia entre esos golpes de estado y el de Paraguay es que con Lugo se utilizó al Congreso Nacional para inventar esta parodia de juicio político en el que en solamente un día y medio se enjuició y condenó al presidente. A un ladrón de gallinas se lo acusa, se le asigna abogados, se hacen mociones, se realiza el juicio, se lo sentencia y después vienen las apelaciones. Un proceso que puede durar meses, sino años. Al presidente del Paraguay en solamente un día y medio se lo enjuició y destituyó.
Argentina, Venezuela y Ecuador retiraron sus embajadores y el Mercosur, la poderosa alianza comercial de la región, repudió la "ruptura del orden democrático" y decidió suspender a Paraguay que no podrá asistir a la próxima reunión del grupo. Un primer paso razonable que debe ser emulado por la comunidad internacional hasta tanto Fernando Lugo sea restituido en el poder en este país sudamericano sin costas y, ahora, sin democracia.