Desde que el Presidente Obama anunció la nueva política en beneficio de jóvenes que llegaron siendo menores a este país, el 15 de junio de este año, he recibido cientos de llamadas en mi oficina de chicos que cumplen los requisitos necesarios para este beneficio con la misma pregunta:
"abogada, tengo miedo de solicitar este recurso y darle mis datos personales a ICE y que me deporten o deporten a mis padres... ¿qué hago?"
La triste realidad es que muchos de estos jóvenes indocumentados, especialmente el grupo de mayores de edad, ya se acostumbraron a vivir en la oscuridad y con temor a ser encontrados y despojados del ambiente con el que se identifican. El resto del grupo, los que no han alcanzado la mayoría de edad, no sabían que eran indocumentados hasta recientemente, cuando tuvieron que solicitar una licencia de conducir, llenar una solicitud para ir a la universidad y ahora que se les presenta la oportunidad de solicitar este beneficio.
Desafortunadamente, a muchos de estos jóvenes, quienes han esperado ansiosamente una respuesta del gobierno ante sus peticiones, la medida no les inspira confianza por diferentes razones. Por ejemplo, les preocupa el hecho de que se ha esperado tanto tiempo (más de 10 años desde que se introdujo esta idea a través del DREAM Act) para obtener un merecido beneficio migratorio en favor de quienes el destino llevo en un camino de incertidumbre y miedos.
También les preocupa las noticias que indican que durante los 4 años de la administración del Presidente Obama hubo más deportaciones que en los dos términos de su predecesor juntos, y las noticias de que aún después del anuncio del presidente y de la Secretaria Napolitano los agentes de ICE siguen deteniendo a quienes presuntamente cumplen los requisitos necesarios para este beneficio.
Encontrándonos a menos de seis meses de elecciones presidenciales, la preocupación de estos jóvenes de que esta política no es más que una movida política, en mi opinión, es válida. Mi respuesta a esta preocupación, sin embargo es que independientemente de cuál haya sido la fuerza que movió al gobierno a tomar esta decisión, hoy esa fuerza tiene vida propia y ha trascendido ese motivo inicial. El salir este próximo miércoles 15 de agosto a aplicar demostrando que no tienen miedo y que confían en la palabra del gobierno, en mi manera de ver, obliga aun mas a estos funcionarios públicos a mantener su promesa de acomodar a estos jóvenes y de no divulgar la información obtenida en estas aplicaciones.
Teniendo en cuenta de que se estima que más de un millón de indocumentados se beneficiaran de este recurso y de que los aspirantes elegibles están ubicados en todos los estados del país y no solo en los estados fronterizos, la fuerza social que ha cobrado esta medida es incalculable y de utilizarla debidamente (solicitando el recurso, evitando el fraude e informándose bien) se puede convertir en la plataforma necesaria para alcanzar la meta final de quienes abogamos por esta causa, la cual no es más que obtener el paso de una ley por parte del Congreso que remueva a estos jóvenes del limbo migratorio en el cual siguen y les permita una residencia permanente en este país.
En cuanto a la preocupación de las deportaciones masivas que ocurrieron en los últimos tres años y medio y el continuo ejercicio de detención y de fiscalía indiscriminada por parte de los agentes de ICE y de los abogados del gobierno, pienso que hoy en día estos incidentes son aislados y que no deben ser causa para abstenerse de aplicar por la acción diferida.
Hace un mes, los fiscales del departamento de Seguridad Interna enviaron un memorando legal ante el tribunal de apelaciones en el cual se está tramitando una apelación en favor de mis clientas, la hermanas Peláez, solicitando que el caso se denegara. Argumentaron que su revocación no tenía mérito y pidieron al tribunal que reafirmara la decisión previa del juez de deportarlas. Una vez mas, gracias al coraje de mis clientas y a la tenacidad de la estrategia desarrollada en este caso, salimos a la luz pública y denunciamos a través de los medios nacionales de comunicación la inconsistencia entre la política anunciada por el Presidente y su Secretaria de Seguridad Interna y la manera en que sus agentes y fiscales a nivel local estaban ejecutando esta política.
A pesar de que hubo quienes nos criticaron y acusaron de que estábamos infundiendo miedo entre estos jóvenes, el anuncio dio como resultado la aclaración pública por parte de la Secretaria Napolitano en relación con la práctica de esta política cuando dijo el 19 de julio: "las leyes de inmigración de nuestra nación se deben ejecutar de una manera firme y sensible, pero no están hechas para ser cumplidas ciegamente sin tener en cuenta las circunstancias especificas de cada caso". Particularmente, en el caso de mis clientas dos días después de nuestra denuncia pública, recibimos un nuevo memorando legal por los fiscales de Seguridad Interna en el que se retractaban de su petición y solicitaban que el caso fuese administrativamente cerrado para darle a mis clientas la oportunidad de explorar otros recursos existentes en la ley.
Después de muchas conversaciones con estos jóvenes, de sopesar los beneficios de esta medida y el peso social que ha tomado al día de hoy y de ser testigo directo de las acciones recientes de los agentes de Seguridad Interna como resultado de nuestra perseverancia y gestión, pude llegar a las conclusiones antes mencionadas y a reafirmar mi respuesta inicial a la gran pregunta: SI hay que aplicar y NO hay que temer. Aprovecho esta ocasión para exhortar a quienes cumplen los requisitos de este beneficio a que participen en las brigadas de educación que se van a realizar en diferentes ciudades del país a partir de hoy, 15 de agosto durante las cuales se les dirá como llenar los formularios, cuáles son las evidencias necesarias y cuál es, en general, el proceso requerido para solicitar la acción diferida. Para mas información se pueden comunicar al 305-937-7718.
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Escríbanme a nshefer@grshlaw.com con sus preguntas de inmigración y con gusto les responderé las dudas mas generalizadas.
Nera Shefer: Nuevas políticas de inmigración para jóvenes
No es que sea pesimista, pero tengo muchas y considerables incertidumbres sobre este programa.
Mi mayor interrogante es, ¿Qué sucederá después de los dos años - o en el caso, dentro de unos meses, en que un nuevo gobierno decida revertir este beneficio?
La concesión de Acción Diferida, no otorga un estatus de Residencia Legal permanente – solamente da una protección temporal contra la deportación y una autorización de empleo.
¿Qué pasará con los números de Seguro Social y con las licencias de conducir en caso de que se pierda el permiso de trabajo?
¿O si los estudiantes, que piden ayuda financiera estudiantil al gobierno federal sólo la pueden tener por dos años?
Por otro lado, hay muchas dudas sobre exactamente qué acciones podría tomar una persona no elegible, para remediar su situación.
Según el gobierno, si alguien ha sido condenado por un delito grave, un "delito menor significativo", o tres o más faltas, no es elegible.
El gobierno dice, que las condenas impuestas a los menores, que normalmente no cuentan en los procedimientos de inmigración – serán estudiadas "caso por caso."
En mi opinión, todos esos asuntos, son lo suficientemente vagos cómo para permitir muchas preocupaciones.
Hay que asegurarse de que nadie este entrando en una trampa.