Cuando la Corte Suprema de la nación escuche este miércoles los argumentos a favor y en contra de que entren en vigor algunas de las cláusulas más controversiales de la ley anti inmigrante SB1070 de Arizona, el debate será sobre la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en la aprobación e implementación de leyes migratorias, y la oposición del gobierno federal a un mosaico de 50 leyes estatales lidiando con inmigración.
Pero como telón de fondo de la lucha federalismo vs estados también están los cuestionamientos constitucionales sobre la SB1070 y el futuro de la potencial oficialización de los perfiles raciales y de la discriminación contra personas sólo por su apariencia física, aunque este aspecto no esté bajo discusión directa el miércoles.
Aunque las personas podrían pensar equivocadamente que la SB1070 y las copias que ha engendrado en otros estados sólo deberían ser motivo de preocupación para los indocumentados que se supone pretenden combatir, estas normativas tienen el potencial de afectar a residentes legales y ciudadanos estadounidenses, nacidos y naturalizados, únicamente por su apariencia física.
La SB1070 entró en vigor un día como hoy, 23 abril de 2010, pero cuatro de sus cláusulas más onerosas fueron bloqueadas por tribunales de menor instancia, entre esas, una que permitiría a la policía indagar sobre la situación migratoria de una persona detenida o arrestada si existe 'sospecha razonable' de que pueda ser indocumentada; otra que convierte en un crimen estatal (delito menor) el que una persona no lleve consigo sus documentos migratorios; otra que criminaliza a nivel estatal el trabajar sin documentos; y otra que permite el arresto, sin que medien órdenes judiciales, de individuos que se sospeche hayan cometido delitos que los hagan deportables.
Para Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) "esto es profundamente perturbador".
Con 50 millones de latinos en el país, y cuando tres de cada cuatro latinos son ciudadanos estadounidenses, "todos son sospechosos", declaró Murguía. "Este es un momento definitorio en la historia de los derechos civiles de los latinos", agregó.
Qué se discute
Arizona argumenta que la SB 1070 es necesaria porque el gobierno federal ha claudicado en sus responsabilidades migratorias y la ley sólo complementa la labor del gobierno federal.
El Departamento de Justicia argumenta que es al gobierno federal y no a los estados a quien le corresponde aprobar e implementar las leyes de inmigración. Lo contrario, sostienen, supondría un mosaico de 50 leyes estatales inefectivo y con el potencial de violar los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía.
El ex fiscal general de Arizona de 1991 a 1999, el republicano Grant Wood, dice que "creo en la Décima enmienda y creo en los derechos de los estados, sin embargo, hay roles para el gobierno federal y uno de esos es fijar la política migratoria para los Estados Unidos".
"No podemos tener a los 50 estados cada uno aprobando su propia política migratoria. No funcionará. No es lo correcto y la Constitución dicta lo contrario", agregó Wood.
Se han suscrito 19 documentos de "amigos del tribunal" en favor de los argumentos del Departamento de Justicia. Son apoyados por más de 300 organizaciones empresariales, sindicales, de derechos civiles, religiosas y de derechos de los inmigrantes, así como 68 integrantes del Congreso, 44 ex procuradores estatales, y once estados, entre otros.
Un total de 59 legisladores federales apoyan a Arizona, al igual que 16 estados.
El estado de Arizona, gobernado por la republicana Jan Brewer, cuenta entre los promotores de la ley a algunas de las figuras más relevantes del movimiento antiinmigrante en Estados Unidos.
El autor de la SB 1070 y cerebro tras otras leyes similares como la HB 56 de Alabama es Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas, y asesor "informal" de la campaña del casi nominado republicano a la presidencia, Mitt Romney.
Y es que las ramificaciones del debate van más allá de la mera queja de que el gobierno federal no ha cumplido con sus responsabilidades migratorias. La idea central bajo la ley SB 1070 y sus copias se basa en el concepto de "desgaste mediante la aplicación de leyes", es decir, hacer la vida de los inmigrantes tan miserable que opten por autodeportarse.
No obstante, el efecto de las leyes ha probado ser contraproducente por su potencial de atentar contra los derechos de ciudadanos y residentes legales. Asimismo, indocumentados que muchas veces se van de una localidad ante leyes de este tipo, no se autodeportan sino que se trasladan a otros estados manteniendo así el círculo vicioso que genera la falta de una reforma migratoria integral.
Esto a su vez incide sobre las economías estatales que se ven afectadas por la pérdida de mano de obra en ciertas industrias y con la sangría de contribuyentes y consumidores. Esto sin contar el daño que leyes de este tipo provocan en la imagen y reputación del estado.
Qué está en juego
Aparte de las consideraciones sobre quién debe aprobar e implementar las leyes de inmigración, el punto central es la preocupación de que este tipo de leyes, de proceder, oficialicen la discriminación de quienes luzcan "diferentes" o "extranjeros".
También se baraja el futuro de leyes similares en estados como Alabama, Carolina del Sur, Georgia y Utah, por ejemplo, muchas enfrascadas en litigios en tribunales de menor instancia. Todo dependerá del alcance del fallo. Pero si el fallo es en contra de Arizona, es de anticipar que esto serviría de guía para los tribunales de menor instancia.
Qué pasaría si el tribunal falla a favor de Arizona
"Estamos hablando de legalizar la discriminación. El impacto que eso va a tener, no solamente con los latinos pero con todos los inmigrantes y las personas de color...es algo que en realidad nos debe preocupar mucho especialmente cuando la comunidad latina está creciendo tanto", declaró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
De otra parte, aunque las cláusulas entraran en vigor, los procesos legales contra la SB 1070 continuarían, entre esos, las demandas presentadas por organizaciones y por individuos.
Ramificaciones políticas
El fallo sobre la SB 1070 se anticipa en el mes de junio. La jueza Elena Kagan no participará de la revisión del caso porque era abogada del gobierno (Solicitor General) cuando el Departamento de Justicia demandó a Arizona. Esto presenta el potencial de que sea una decisión divida 4-4. En ese caso, prevalece el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en contra de la SB 1070 aunque no sentaría precedente.
Las otras posibilidades, a favor o en contra de Arizona, tienen el potencial de salpicar el proceso electoral este año.
"Si la SB 1070 es sostenida, esto enardecerá a los latinos, los republicanos acogerán (el fallo) y crecerá el entusiasmo y el nivel de participación de latinos en la elección. Si la SB 1070 es rechazada, en gran medida porque el presidente autorizó al Departamento de Justicia a demandar a Arizona, es de anticipar que los republicanos denuncien al tribunal y predeciblemente digan cosas terribles sobre los latinos. De manera que sería bueno para (el presidente Barack) Obama de una forma o de otra", afirmó Gary Segura, de Latino Decisions, profesor de política estadounidense en la Universidad de Stanford.
Según Segura, si Romney quisiera competir por el voto latino "debería decir que la SB 1070 es un parche que busca soluciones a preocupaciones inmediatas pero no es la solución integral por la cual todos debemos trabajar".
Que lo diga es otra cosa.