WASHINGTON, DC - Ahora que el presidente Barack Obama finalmente accedió a enfrentar la inacción legislativa republicana en inmigración, lo óptimo sería que eche el resto y decida, mediante acciones administrativas, amparar de la deportación a la mayor cantidad posible de inmigrantes.
De este modo, podría concederles permisos de trabajo que regularicen las labores que ya muchos realizan, permitiendo, por una parte, que aporten al fisco e impulsen la economía, y evitando, por otra, más separación de familias y la desestabilización de comunidades enteras.
Hace meses se hizo evidente que los republicanos de la Cámara Baja no tenían intenciones de impulsar un plan de reforma. En el mismo lapso se intensificaron los rumores de que los republicanos buscarían la destitución de Obama por recurrir a acciones ejecutivas para avanzar diversos asuntos ante el total tranque legislativo de una Cámara de Representantes más interesada en politiquear que en legislar.
Su presidente, John Boehner, anunció que demandarían a Obama por recurrir a acciones ejecutivas para impulsar medidas que el Congreso se niega a considerar.
Como hasta ahora la reacción de Obama ha sido apaciguar a los republicanos ejerciendo mano dura con los inmigrantes, existía el temor de que ante la amenaza de demanda, el presidente y los demócratas optaran por ceder a la presión republicana, propinando, otra vez, una puñalada trapera a los inmigrantes.
Aunque las acciones de la administración ante la crisis de los niños migrantes anuncian controversia y cuestionamientos, Obama ha enfrentado a los republicanos por la otra crisis, la que la falta de reforma ha generado entre familias a través del país.
La interrogante es hasta dónde llegará.
Cabe reiterar que una solución permanente sólo puede lograrse mediante la legislación que la mayoría republicana de la Cámara Baja se niega a considerar. Las acciones administrativas son temporales y pueden ser revocadas por la administración subsiguiente.
Dicho esto, el presidente tiene la autoridad legal de amparar de la deportación de manera temporal a ciertos grupos de indocumentados que cumplan diversos criterios y constituyan una baja prioridad de la deportación. Es lo que hizo Obama con los DREAMers en 2012 a través de la Acción Diferida o DACA.
De hecho, la ampliación de DACA sería una de las opciones más óptimas por ser la que menos trabas supone para implementarse y la que tiene el potencial de amparar a la mayor cantidad posible de inmigrantes.
Es difícil predecir a qué otros grupos podría amparar el presidente, pero, por ejemplo, podría ampliar DACA para incluir a los padres de los Soñadores; o a los 4 millones o más de padres indocumentados que tienen hijos ciudadanos; o podría considerar los lazos de esos indocumentados con este país: hijos ciudadanos, otros lazos familiares que permitan su legalización, empleo establecido, tiempo de residencia.
Se calcula que 7.5 millones de indocumentados tienen más de una década residiendo en Estados Unidos. Podría considerar también sus aportaciones a la economía y condiciones laborales, como en el caso de los trabajadores agrícolas, un sector de indocumentados de los más vulnerables, explotados e irónicamente vitales para nuestra economía.
Hay otras medidas de amparo temporal de la deportación quizá más limitadas en alcance que están a la disposición del Ejecutivo. Éstas son, por ejemplo, la Salida Forzosa Diferida o DED que se concede a nacionales de países que atraviesan alguna crisis natural o política; el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole in Place.
Por otra parte, puede lograrse un alivio de las deportaciones aplicando correctamente las regulaciones existentes, como es el caso de la discreción procesal que establece que las prioridades de deportación deben ser los inmigrantes con historial delictivo que suponen una verdadera amenaza para las comunidades y la seguridad nacional.
La práctica es otra y la red arrastra a personas que no son delincuentes, que no suponen una amenaza a la seguridad nacional o a sus comunidades, y que tienen vidas y lazos familiares establecidos en este país.
Otro de los mecanismos para aminorar las deportaciones sería la eliminación de programas de colaboración con autoridades federales, como Comunidades Seguras o el 287g, que tampoco se aplican debidamente y culminan en la deportación de inmigrantes que no son delincuentes.
Mientras se ponderan alternativas y se toman decisiones, Obama debe darle la bienvenida a las amenazas republicanas. La más reciente, la de demandarlo, sólo mostrará a los republicanos como lo que son: obstruccionistas que no quieren legislar y que por pura politiquería quieren demandar a un presidente por las acciones ejecutivas que todos los presidentes giran, incluso más que Obama, y quieren hacerlo empleando dinero y tiempo de los contribuyentes.
Al mismo tiempo movilizará a la base del Partido Demócrata en las elecciones de medio tiempo y las de 2016. La amenaza republicana de demandar a Obama incluso le ha representado más donaciones monetarias al Comité Demócrata de Campañas al Congreso (DCCC).
Cuando de inmigración y Obama se trata, ya la actitud de la comunidad inmigrante y de los votantes que la apoyan es como Santo Tomás: ver para creer. Obama tiene la oportunidad de cambiar eso, de tal modo que por razones humanitarias, económicas y políticas, debe ir por todo. Inmigrantes, votantes, su partido y su legado se lo agradecerán. Pero, ¿lo hará?
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Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice