Justamente hace unos pocos escribí sobre la posibilidad de remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI)- vía resolución del Consejo de Seguridad.
Hace apenas uns horas se anuncio que, efectivamente, la CPI comenzará una investigación, pero no es en Siria, sino en Malí.
Malí viene siendo escenario de violencia extrema entre los Tuareg, grupos armados islámicos opuestos al gobierno y las fuerzas de seguridad locales. Las violaciones a los derechos humanos, especialmente pero no exclusivamente, en el Norte del país, vienen sucediendo desde aproximadamente el mes de enero de 2012.
Es por eso que en el mes de julio el mismo gobierno del país, reconociendo su incapacidad para llevar adelante investigaciones a nivel local, le solicitó formalmente a la Fiscalía de la CPI- encabezada por la gambiana Fatou Bensouda- seguir de cerca la situación para conocer la existencia o no de crímenes internacionales.
En el día de la fecha, la Fiscal se pronunció y decidió formalmente, comenzar las investigaciones.
De acuerdo con la Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos Souhayr Belhassen, el comienzo de la investigación de la CPI por los crímenes cometidos en Malí "es un gran paso para poner fin a la impunidad, con la que viven los responsables de los crímenes". De acuerdo con Moctar Mariko, Presidente de la Asociación de Malí por los Derechos Humanos, "el sistema de justicia del país no puede abordar estos crímenes" y dado que "la CPI ha sido creada para este tipo de situaciones, es vital que intervenga y ayude a restaurar el Estado de Derecho."
Las ONG han informado sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, ataques a líderes políticos y periodistas, violaciones y otros crímenes de naturaleza sexual, reclutamiento de niños soldados, ataques a lugares sagrados y protegidos por ley, y por ultimo, ataques contra la población civil. Es por eso que el trabajo que debe llevar a cabo la Corte Penal Internacional debe ser muy cuidadoso, tomando en cuenta la cantidad de víctimas y comunidades que están siendo afectadas.
Por tal razón es indispensable llevar a cabo una tarea de sensibilización en el terreno, para que quienes sean afectados por los crímenes vean en la Corte a una aliada. Pero lo es también asegurar la protección y el bienestar de los testigos y garantizar la justicia, la verdad y la reparación.
La CPI es un tribunal independiente establecido en 2002 para investigar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. No es retroactivo y es complementario a las jurisdicciones nacionales. Es un tribunal permanente y está facultado para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes mas graves de trascendencia internacional. Por lo tanto, a diferencia del CIDH, del CIJ o del Tribual Europeo, la CPI no juzga Estados.
Toda su estructura ha sido pensada para que la CPI se desempeñe con total independencia y posee los mecanismos necesarios y suficientes para garantizar su imparcialidad y para evitar toda clase de casos politizados.