El año pasado se informó públicamente que Colombia era una fuente significativa de trata de personas- lo hizo la Embajada de Estados Unidos en el país y fue a través una filtración de un cable. Ese cable fue reflejado en varios medios e incluso era coincidente con una situación largamente denunciada por la sociedad civil: la trata de personas es un gran problema en Colombia. De acuerdo con ese mismo cable, la mayoría de las víctimas eran personas desplazadas, especialmente niños y mujeres que terminaron explotados sexualmente.
Luego, la información fue publicada de manera oficial por la Embajada ...y lo dicho en el informe es desolador: "Colombia es uno de los países con el mayor número de mujeres y niñas sujetas a la explotación sexual en América Latina, el Caribe, Europa occidental, Asia, el Medio Oriente y Norteamérica, incluyendo Estados Unidos. También es país de tránsito y destino final para hombres, mujeres y menores de edad sujetos a trabajo forzado".
El conflicto armado que sufre Colombia golpea duro y por todos los frentes. A los desafíos que todos los países enfrentan a la hora de combatir la trata de personas, las redes criminales y el crimen organizado, en el caso colombiano se suma el conflicto armado que data de más de cuatro décadas.
Hace algunos posts atrás, les conté un poco sobre los niños soldados, esclavos de una causa que no es propia, puesto que ningún niño debe ser ni soldado, ni esclavo.
Colombia es también uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos (alrededor de 3,7 millones de personas- según datos de 2011) es decir, el avance de la violencia ha hecho que muchos hayan que tenido que dejar sus hogares, sus pertenencias, sus medios de vida y se hayan tenido que reinstalar en otros sitios. Estas comunidades son altamente vulnerables, corriendo el peligro de ser objeto de represalias y de nuevos brotes de violencia. Pero también lo son ante la trata de personas y todo tipo de redes criminales.
Según el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre marzo de 2011 y marzo de 2012, se recibieron alrededor de 371 denuncias de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas, todos reclutados dentro del territorio nacional y con fines de explotación sexual. Y los departamentos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca aparecen entre las principales regiones de origen de las víctimas de la trata interna. Por su lado, Cartagena y Bogotá hacen parte de los principales destinos.
Sin embargo, este número de denuncias no lo he podido confirmar- puesto que al tratar de chequearlo con otras fuentes, he dado con otras cifras totalmente diferentes, algo que me preocupa a sobremanera: la página de Naciones Unidas consigna que según datos de la OIM y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 2003 se han registrado anualmente unos 100 casos de trata en todas sus modalidades, como explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Al tratar de comunicarme con el ICBF no he tenido ninguna suerte.
¿Cuál es el número que debo tomar por cierto? Creo que el mayor. ¿Por qué? Por las razones de siempre: falta de denuncia, falta de conocimiento y en casi todos los casos, miedo. También la impunidad: el año pasado llegaron ante los jueces 21 casos, y este año, solo 31. Al día de hoy, existen 53 condenas de 371 investigaciones llevadas a cabo judicialmente.
A pesar que en Colombia se ha habilitado un número gratuito para denunciar la trata (01 8000 52 2020), que las embajadas colombianas en el extranjero manejan un protocolo especial cuando reciben denuncias de ciudadanos del país víctimas este crimen y en julio de este año, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) firmaron un acuerdo para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Colombia, aún resta muchísimo por hacer.
Estamos de acuerdo que es tarea un poco de todos, prevenir y educar sobre la trata: empezamos en casa, seguimos con nuestros amigos y vecinos. Pero, es por sobre todo, es deber del Estado prevenir, educar, asistir y proteger a sus ciudadanos de estas redes criminales de trata de personas, de esclavitud, de pornografía, de explotación sexual y laboral (infantil y adulta). El Estado debe poner en funcionamiento los mecanismos idóneos y las garantías suficientes para quienes denuncien y sean víctimas de estos delitos puedan hacerlo libres de miedos y temores.
En unas semanas, se llevará a cabo un encuentro en Medellín sobre trata de personas que promete ser grande, educativo y darnos más luz sobre esta problemática.
Estaré atenta a recibir noticias desde allí.
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