En diciembre de 2014, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su informe sobre las actividades de examen preliminar, el cual incluye a Colombia, Honduras, Ucrania y Georgia, entre otros.
A diferencia de otros años, este último informe no ha despertado mayor interés en los medios de comunicación puesto que los ojos están puestos en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana. Sin embargo, e independientemente de los deseos de que este proceso de paz sea fructífero, consideramos que este informe no debería pasar inadvertido pues plantea gran parte de los problemas vinculados a derechos humanos que actualmente vienen siendo negociados.
Colombia- siguiendo al resto de los países en la región- ha estado presente en las discusiones sobre la creación, el establecimiento y la puesta en funcionamiento de la CPI, siendo parte del Estatuto desde 2002. Para muchos defensores de derechos humanos, la entrada de Colombia a la CPI constituiría una oportunidad para poder abordar la difícil situación que atravesaba el país, relacionada con los más de cincuenta años de conflicto interno.
La Fiscalía de la CPI ha recibido y recibe comunicaciones relacionadas con Colombia desde hace ya más de diez años. En el 2005, la Corte informó de manera oficial al Gobierno que "había recibido información acerca de presuntos crímenes cometidos que podrían ser de competencia de la Corte". A partir de ese momento, la CPI ha "solicitado y recibido en forma continua información adicional sobre crímenes de competencia de la Corte y el estado de los procedimientos nacionales".
En especial, la Corte ha seguido de cerca (i) el establecimiento del Marco Jurídico para la Paz y otros desarrollos legislativos pertinentes, así como las cuestiones de competencia relacionadas con la emergencia de los "nuevos grupos armados ilegales"; (ii) los procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares; (iii) los procedimientos relativos a los desplazamientos forzados; (iv) los procedimientos relativos a los crímenes sexuales; y v) los casos atinentes a los "falsos positivos", lo que en la práctica representan ejecuciones extrajudiciales.
Desde el 2005 hasta la fecha, muchas cosas han sucedido, pero en lo que concierne a la actividad de la CPI, el tribunal han dado seguimiento cercano a la conversaciones entre el gobierno y las FARC de La Habana.
Este proceso actualmente se encuentra en su fase 5, relativa a víctimas/derechos humanos de las víctimas y esclarecimiento de la verdad, que incluye un proceso de reuniones con víctimas seleccionadas de todas las partes del conflicto. En este contexto, la Fiscalía no ha dejado de recolectar información sobre presuntos crímenes cometidos que caerían bajo la jurisdicción de la CPI.
La gravedad y extensión del conflicto en Colombia ha causado un altísimo número de desplazados internos, habiendo llegado a ser casi 4 millones el número de acuerdo con ACNUR. Otro triste record, es la cantidad de minas antipersona que han sido sembradas en el país: se calcula que son unas 100,000.
Podemos seguir nombrando aberrantes crímenes, dado que las FARC en algún momento fue célebre por la cantidad de niños forzados a participar entre sus filas - llegando a ser no menos de 18.000 niños y adolescentes los que estaban vinculados en 2012 a grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
A pesar de ciertos "avances" en materia de judicialización de casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz- una ley defectuosa-, existen grandísimas deudas con las víctimas de delitos sexuales. Según la CPI, ésta había recibido del gobierno Colombia la información de una sola condena por violación.
Si bien contemplan 183 casos, el Grupo de Trabajo local encargado del seguimiento de los mismos advirtió en 2013, que sólo se habían dictado 5 condenas y una absolución por casos de violencia sexual, 95 casos estaban siendo investigados y 16 estaban en etapa de investigación, 4 habían terminado la etapa de investigación, 26 estaban sin actividad y 5 habían dado lugar a acusaciones.
Si bien en junio del año pasado se promulgó una ley específica de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, aún no se han visto resultados ni avances y se espera que constituya un avance en defensa de las víctimas. Pero es realmente algo llamativo que haya tardado tanto en adoptarse esa ley tan reclamada por la sociedad civil local e internacional.
En 2015 se espera que el país avance particularmente en materia de los casos de violencia sexual por una parte y los mal llamados "falsos positivos", por el otro.
Independiente del avance o no de las negociaciones, Colombia sigue enfrentando grandes desafíos: proveer justicia para todas sus víctimas, reforzar su institucionalidad y hacer frente a las bandas criminales que pueden terminar por afectar la eventual pacificación del país.
•co- escrito con Salvador Herencia-Carrasco, Experto en Corte Penal Internacional.