La reforma laboral en México: de "preferente" a la congeladora sindical

Queda poco más de un mes para que Enrique Peña Nieto asuma la presidencia mexicana. Tras las elecciones de julio del 2012 la actividad legislativa en este país ha sido muy intensa. Felipe Calderón no quiere despedirse sin concluir algunas políticas que le parecen claves. Amarró la reforma jurídica de la seguridad pública, dejó cerrada la ley migratoria y su reglamento, que recién se aprobó el pasado 29 de septiembre; y tuvo que elegir su último gran "golpe": entre la ley de seguridad nacional, la reforma política que deberán ser enfrentadas por el próximo gobierno, o la ley federal del trabajo, vigente desde la década de los 70.
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A woman shouts slogans against proposed labor reforms as she protests outside Congress in Mexico City, Thursday, Sept. 27, 2012. A proposal to reform Mexico's 1970s-era labor laws, loosen work rules and increase union democracy split Mexican political parties, threatening to create the first big political battle for President-elect Enrique Pena Nieto. The banner reads in Spanish " No to labor reform." (AP Photo/Alexandre Meneghini)
A woman shouts slogans against proposed labor reforms as she protests outside Congress in Mexico City, Thursday, Sept. 27, 2012. A proposal to reform Mexico's 1970s-era labor laws, loosen work rules and increase union democracy split Mexican political parties, threatening to create the first big political battle for President-elect Enrique Pena Nieto. The banner reads in Spanish " No to labor reform." (AP Photo/Alexandre Meneghini)

reforma laboral mexico

Queda poco más de un mes para que Enrique Peña Nieto asuma la presidencia mexicana. Tras las elecciones de julio del 2012 la actividad legislativa en este país ha sido muy intensa. Felipe Calderón no quiere despedirse sin concluir algunas políticas que le parecen claves. Amarró la reforma jurídica de la seguridad pública, dejó cerrada la ley migratoria y su reglamento, que recién se aprobó el pasado 29 de septiembre; y tuvo que elegir su último gran "golpe": entre la ley de seguridad nacional, la reforma política que deberán ser enfrentadas por el próximo gobierno, o la ley federal del trabajo, vigente desde la década de los 70.

Al elegir esta última persiguió dos objetivos: liberalizar el mercado laboral -de acuerdo con el PRI-, y dar el "golpe" definitivo al corporativismo sindical -de acuerdo con el PRD-, que había sido ya puesto en cuestión en octubre del 2009 cuando repentinamente se disolvió el sindicato "Luz y Fuerza del Centro", mandándose un claro mensaje de atención, entre otros, a los poderosos sindicatos de la educación SNTE y al STPRM que controla PEMEX, la gran empresa petrolera mexicana.

El 1 de septiembre del 2012 Calderón envió al poder legislativo, con carácter de "preferente", la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Esto obligaba que la cámara de diputados tuviera 30 días para dictaminarla, y luego la de senadores otros 30 días para procesarla y aprobarla o hacer observaciones, que serían remitidas, en su caso, de nueva cuenta a los diputados para ser discutida de nuevo, ya sin el carácter de "preferencia" y sin el condicionamiento del tiempo.

Entre los principales puntos del documento que envió Calderón a discusión estaba la creación de contratos por temporada, de capacitación inicial o por periodos de prueba, y la disposición de que los sindicatos estuvieran sujetos a la ley federal de transparencia y tuvieran elegir a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto. La bancada del PAN en la Cámara baja presentó una primera iniciativa en este sentido en marzo de 2010, pero no había logrado consenso para lograr su aprobación. En su último suspiro el panista calculó bien, jugó con los intereses contrapuestos del PRI y el PRD y apretó a fondo el acelerador. En estos momentos, superadas las discusiones en la cámara de diputados y en la de senadores, mucho depende del Partido Revolucionario Institucional que por una parte desea la liberalización del mercado laboral, pero por otra no puede permitir públicamente, que los sindicatos, de los que son aliados, reciban la humillación de un golpe tan directo a su autonomía y poder tradicional.

Es opinión de este columnista que la dirigencia del PRI quiere desbloquear la situación y aprobar la reforma; sin embargo entre sus filas se encuentran líderes sindicales, los cuales han señalado que enviarán la propuesta a la "congeladora" y no la permitirán progresar. Por su parte Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en la Cámara de Diputados, ha hablado de enfriar los ánimos y dejar pasar un tiempo prudencial para continuar con la discusión, según los tiempos normales del Congreso, y Gamboa Patrón, líder del mismo partido en el Senado, ha afirmado que el PRI no pretende "congelar" la reforma, si no únicamente moderar algunos "excesos" que la izquierda logró introducir en la discusión que finalmente se aprobó en el Senado, afirmando que pronto se superará el "impasse".

En este sentido Calderón ha sido hábil, e hizo sus "cuentas" antes de enviar la propuesta al poder legislativo. Si el PRI se opone al "cambio" iniciando su periodo de gobierno, ¿cómo enfrentará la reforma política? Existe una especie de consenso en México sobre la necesidad de seguir transformando el sistema político. Los intereses que tratan de resistir son muy fuertes, y las corporaciones tratan de sostenerse, pero una democracia moderna no puede tolerar los chantajes de unos pocos. El PRI tiene en su pasado un estigma demasiado fuerte; por ello es probable que finalmente se apruebe, y que se siga avanzando en las reformas políticas necesarias para que esta democracia pueda calificarse de moderna. Éste es un país acostumbrado a la decepción e instalado en la desconfianza permanente; lleva años de "castigo" -lo que se ha agravado con la guerra contra el narcotráfico- y tiene una esperanza de transformación que no puede dejar de lado un gobierno que recién inicia, y a quién no debe interesarle nacer muerto y amordazado.

En este sentido la reelección la semana pasada de Elba Esther Gordillo y de Carlos Romero Deschamps, como líderes de los dos principales sindicatos de la educación y del petróleo (SNTE y STPRM) son una señal. Bien que aceptan que ya no tienen el poder que tenían, a pesar de que la primera tiene dos hijos como representantes en el poder legislativo, y el segundo es senador del PRI, porque este poder va a ser reducido con la reforma; bien de que quieren conservarlo y que su reelección por seis años más es un golpe en la mesa para mostrar que siguen teniendo el poder de siempre, y que son "intocables"; lo que sobre todo quedaría evidenciado en el caso del senador priista que tiene una enfermedad terminal que posiblemente le dificulte cumplir con su nuevo periodo como líder de su sindicato. En cualquier caso el pulso está servido, y todos utilizarán sus armas hasta el último suspiro.

La discusión parlamentaria inició el 3 de septiembre en la Comisión del trabajo de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión, está a cargo del priista Carlos Aceves del Olmo -dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)-. El PRD representando en esa comisión por Martí Batres buscó una controversia constitucional contra la iniciativa de "preferencia" de la reforma laboral, sosteniendo que la iniciativa presentada por Felipe Calderón no era legal, y que PAN y PRI tenían prisa por aprobarla para afectar a los trabajadores. El sindicalista Carlos Aceves del Olmo señaló que el PRI proponía avanzar en la liberalización del mercado laboral, creando nuevas modalidades de contratación, sin embargo, se opuso a "toda intervención" del gobierno en la vida de los sindicatos.

Finalmente el 27 septiembre se pasó la discusión al pleno de la Cámara de diputados, modificando sustancialmente la propuesta enviada por el ejecutivo e incluyendo los siguientes puntos: Salarios caídos, Outsourcing, Nuevas formas de contratación y Pago por hora". La mayoría priísta, con el apoyo del Partido Verde Ecologista (PVEM), de Nueva Alianza (PANAL) y del propio Acción Nacional (PAN) desestimaron de la propuesta inicial lo referente a la transparencia sindical y al voto libre y secreto del trabajador. Ante esta situación la izquierda señaló que la iniciativa no promovía bajo ningún punto el garantizar la seguridad social para el trabajador, evidenciándose unilateralidad a favor del patrón.

El 29 de septiembre la reforma fue aprobada en Congreso en medio de gritos y la toma de la tribuna por parte de los diputados de la izquierda. El dictamen fue avalado en la Cámara de Diputados tras 12 horas de sesión, interrumpida temporalmente por una manifestación de la izquierda. Finalmente, a la cuatro de la madrugada, el presidente de la Cámara baja, el priista Jesús Murillo Karam, subió a un balcón para dirigir la sesión, y con esta maniobra inesperada reanudó la sesión y logró la aprobación, remitiéndola al Senado.

Ante el recorte en relación a la libertad sindical el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, calificó el primer "round" de la reforma laboral como un "retroceso histórico", asegurando que en el Senado el partido insistiría en aprobar una reforma a la Ley Federal del Trabajo completa, que beneficiara no sólo la liberalización, sino también la democracia y transparencia sindical. Sin embargo la Secretaria de Trabajo, la panista Rosalinda Vélez Juárez matizó al líder de su partido al calificar el hecho como "histórico y de gran trascendencia para la modernización del marco jurídico laboral de México", y señaló que de aprobarse la reforma en el Senado representaría "un verdadero parte aguas" al beneficiar a todos los factores de producción. Por su parte el presidente electo, Enrique Peña Nieto, calificó como positiva la reforma laboral e hizo un reconocimiento a la tarea de los diputados en su aprobación, en una reunión en el Club de Empresarios, ubicado en Colonia Bosques de Las Lomas.

El 2 de octubre la iniciativa entró al Senado que también tenía 30 días para resolver lo conducente a la reforma. Por su parte sindicatos afines a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunciaron paros para los días 21 y 23 de octubre, conscientes que en el senado el PAN y el PRD contaban con una escasa mayoría de 4 senadores para seguir insistiendo en la pérdida de la autonomía sindical (una vez quedó claro que el PRI y el PAN pactarían la liberalización del sistema laboral). Benito Bahena, líder del Sindicato de Tranviarios, adelantó que sindicatos como el SITUAM, la Sección 22 de la SNTE, la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos- IMSS, y Alianza de Tranviarios, y la UNT en su conjunto impedirían con movilizaciones la aprobación de la reforma del outsourcing y el pago por horas a los trabajadores señalando que iban a definir una estrategia a seguir para "sacudir y paralizar prácticamente al país". De hecho se iniciaron protestas cercando el Senado, lo que llevó a que los senadores acordaran poder sesionar en dos sedes alternas, pero la protesta no pasó a mayores, ni mucho menos paralizó o movilizó al país.

Los senadores Ernesto Gándara, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la comisión; Alejandra Barrales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Javier Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que esperaban tener listo el dictamen cerca del 20 de octubre y, que para ello, se reunirán previamente con funcionarios federales, empresarios, trabajadores y líderes sindicales. Alejandra Barrales anunció desde el principio de forma muy realista que "los senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano votaremos en contra de la reforma laboral en lo general, pero modificaremos el apartado del democracia y transparencia sindical. Ojalá el PAN se mantenga y con su voto podamos hacerle cambios a la minuta de la Cámara de Diputados".

Acercándose la fecha, y ante lo ajustado e incierto de la votación todos los partidos acuartelaron a los senadores para que, como finalmente sucedió, los 128 participaran en la votación final, impidiendo que éstos agendaran ningún viaje que les impidiera estar presentes en la decisión final, y obligándoles a respetar la disciplina partidaria en una votación que se consideró de suma importancia.

Finalmente el 23 de octubre el Senado, con el apoyo del PAN liderado por Javier Lozano, y el PRD conducido por Alejandra Barrales, y los matices del grupo priista lograron ya entrada la madrugada introducir de nuevo artículos que habían sido mutilados por la Cámara de Diputados sobre la transparencia sindical, e incluso añadieron alguno más que no había sido contemplado. En este sentido el PRI cedió en alguno de los artículos. En la votación final se modificaron ocho artículos que deberán ser discutidos en la Cámara de Diputados para en caso de aprobación o modificación ser enviados al ejecutivo a su firma.

Con el apoyo de todos los partidos se aprobó:

  • 1. Que se transparenten los contratos colectivos de los sindicatos, así como el contenido de sus asambleas;
  • 2. Que cualquier persona pueda conocer los reglamentos y normas de cada sindicato;
  • 3. Que los sindicatos deban garantizar transparencia, legalidad, equidad, libertad, democracia y autonomía interna;
  • 4. Que cada sindicato esté obligado a actualizar los datos de su registro.

Por mayoría de votos se aprobó:

  • 1. Obligar a elegir a los líderes sindicales mediante voto, libre, directo y secreto;
  • 2. Otorgar a los ciudadanos el derecho de pedir información sobre uso y destino de los fondos sindicales;
  • 3. La dirigencia sindical tiene que presentar sus declaraciones patrimoniales y someterlas a consideración de sus agremiados; y
  • 4. Que las empresas sometan a votación sus contratos colectivos aplicándose sanciones si no se tienen en cuenta a los agremiados.
  • Como se ve n el espíritu interno de la reforma se encuentra la liberalización del sistema laboral mexicano, y la pérdida del inmenso poder sindical. Al PRI y al PAN le interesan los dos aspectos, aunque el PRI tenga que ser muy delicado en relación al corporativismo sindical por los compromisos que arrastra. El PRD y la izquierda en general han actuado de una forma pragmática e inteligente.

Sabiendo que la batalla por la "liberalización" la tenían perdida, salvo las reacciones de algunos, que siguen insistiendo en la "violencia" para manifestarse; se opusieron democráticamente a la mayor, y batallaron a favor de los intereses de los trabajadores al tratar de condicionar a los aparatos sindicales.

Éstos están muy dolidos y tratarán por todos los medios que no avance la reforma. Sin embargo es muy posible que PRI y PAN pacten de nuevo, ante la importancia de la reforma, y se rebajen un tanto los puntos aprobados en el Senado para no incomodar tanto a los sindicatos.

Este ejercicio ha sido una buena muestra de lo duro que es reformar políticamente este país, por los diferentes intereses que encontramos en juego. Esperemos que el nuevo gobierno enfrente la interpretación de la reforma de la seguridad pública con inteligencia, y que aborde la ley de seguridad nacional con valentía combatiendo la militarización del sistema. También que los legisladores sigan avanzando con la reforma política, y modifiquen de una vez privilegios y vicios ocultos del sistema que tienen secuestrada la democracia y el avance de la transición política.

En mi opinión una vez que Peña Nieto asuma la presidencia tendremos reforma laboral. Calderón habrá ganado su última batalla. El PRI se apuntará el mérito de la transformación y los sindicatos acusarán el golpe, pero no tendrán otro remedio que aceptarlo. Con líderes como Barrales, Mancera o Ebrard es posible que la izquierda actúe de forma pragmática e inteligente, y vaya abandonando las tácticas populistas de los López Obrador, Bartres y Noroña. Si esa actitud se consolida quizás este país tendrá esperanzas de avanzar en paz, dialogando sin aspavientos, ni tomas de tribunas que no sirven para nada. Si no es así.... Si los intereses son demasiado fuertes, seguiremos en la oscuridad de los poderes ocultos y quién sabe qué tipo de gobernabilidad nos espera. No creo que esa imagen, ni esa situación le interese a un gobierno que ni siquiera inicia su mandato.

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