El domingo 18 de noviembre del 2012 cinco presos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal denunciaron actos de corrupción al interior de la prisión. El director José Antonio
Quintanar Rodríguez, y tres custodios fueron separados de sus cargos, después de que los "internos" subiesen a "YouTube" un video que evidenciaba, lo que ellos mismos bautizaron como un secreto a voces: la corrupción en prisión.
De acuerdo con los reclusos se les cobra cuota por el pase de lista, por llamadas telefónicas, por el derecho a la visita o a ingresar alimentos. Manifestaron que sufren agresiones por parte del personal de seguridad y custodia, y que las condiciones higiénicas de la comida que reciben en prisión no reúnen condiciones de higiene mínimas. Además de la denuncia, y del video han iniciado una huelga de hambre que ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional.
El 24 de septiembre del 2012 Raúl Plasencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalaba que el 60% de las cárceles que conforman el sistema penitenciario tienen grados muy importantes de autogobierno. Esto repercute tanto en la falta de control por parte del estado, como en la posibilidad de reinsertar de forma efectiva a los internos en la sociedad, una vez cumplida su sentencia.
En 14 ocasiones, 521 delincuentes, la mayoría relacionados con el crimen organizado se lograron fugar de diferentes centro penitenciarios, destacando la salida de más de 130 reos del penal de Piedras Negras, en Coahuila, este mismo año. Plasencia puntualiza que el autogobierno, la corrupción, y la venta de drogas y alcohol es especialmente grave en 14 entidades federativas de México: Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Distrito
Federal, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Nayarit.
El sistema penitenciario mexicano está conformado por 427 centros, de los cuales 306 dependen de gobiernos estatales, 90 de autoridades municipales, 10 del Distrito Federal y 21 del Gobierno Federal.
Íntimamente relacionado con la "guerra contra el narcotráfico" y con la reforma del Sistema de Seguridad Pública, uno de los propósitos gobierno del presidente Calderón se centró en mejorar la capacidad e infraestructura de los Centros de Reinserción Social Federal (CEFERESOS). A inicios de su mandato en México se contaba con 6 Centros federales; iniciando el 2012 funcionaban 12 Centros, y al final del mismo éstos se ampliaron a 21. Este esfuerzo por fortalecer tanto la infraestructura, como la operación, y la "carrera profesional" del personal penitenciario federal, no ha sido sin embargo acompañado a nivel estatal y municipal.
Quintana Roo es uno de los Estados de la República mexicana que el titular de la CNDH señala con preocupación en relación a la condición de sus centros penitenciarios. La seguridad pública en esa entidad federativa todavía no es vista como una prioridad por las autoridades gubernamentales que no le dedican tiempo, inteligencia, ni recursos.
En su momento el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal señalaba a este estado como el más retrasado en establecer el Centro de Control de Confianza, cuestionando directamente la voluntad política de la entidad; por su parte los índices delictivos de Cancún y Playa del Carmen, como se ha mostrado en otro artículo, están aumentando de una forma alarmante, mientras las autoridades tratan de disimular la situación
El Gobernador Roberto Borge no toma cartas en el asunto, ni asume una inversión económica importante en esta área de política. Mantiene de titular de la Secretaría de Seguridad Pública al general Villa, un militar bravucón que ha demostrado su ineficacia de forma sobresaliente; y de asesora a Isabel Arvide, una periodista arrogante que presume de buen trato con los que califica como "sus generales" y a la que no se le conocen muchos conocimientos especializados en el
ámbito de la seguridad. Sin embargo, además de gozar de la concesión del servicio de comida en las prisiones, es en cierta forma la responsable de la militarización de la seguridad pública en esta
entidad federativa.
Quintana Roo cuenta con dos Centros de Reinserción Social (CERESOS) estatales en Cancún y Chetumal, y cuatro cárceles municipales en Carrillo Puerto, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.
En menos de dos años en los que Roberto Borge Angulo lleva de Gobernador los problemas, la inestabilidad y la improvisación se han sucedido en los dos centros penitenciarios estatales. En el CERESO de Chetumal, se han nombrado en este periodo a tres directores que son militares retirados, y a dos interinos; y en Cancún a cuatro, tres de ellos militares retirados, y un policía de carrera, además de un interino. La fuga de algún preso, motines y revueltas, el asesinato de
internos, renuncias por falta de medios, e incluso la destitución de algún director por abuso de poder son los motivos de la falta de continuidad en esos cargos.
La improvisación en los nombramientos, y la falta de capacitación para el cargo de director de un centro penitenciario se remarca y queda evidenciada especialmente en el último mes en los tres CERESOS más importantes del Estado. El 16 de noviembre del 2012 el director del CERESO de Cancún fue destituido después de 42 días en el cargo por acudir ebrio a la cárcel, y "cortando cartucho" exigir los favores sexuales de una de las internas; el 1 de noviembre en el CERESO de
Chetumal le dan una paliza de muerte al narcomenudista Rider Martínez Pech negándosele la asistencia médica en el centro penitenciario y falleciendo al día siguiente una vez es finalmente trasladado al Hospital General de la ciudad; por su parte el 20 de octubre se fuga el alcaide de la cárcel municipal de Playa del Carmen después de "supuestamente" ordenar que seis custodios propinasen una "paliza" a Manuel Méndez Hernández, que falleció posteriormente, y a Omar Lázaro y Jacinto Luna que resultaron heridos.
En los tres casos, quizás por la influencia del secretario de seguridad y los consejos de Arvide, la dirección del centro penitenciario quedó a cargo de un militar; sin explicarse de forma adecuada el porqué de la selección de este perfil profesional para dirigir la cárcel (en el caso de Chetumal el director sigue en investigación; se señala que la cercana relación del capitán retirado Jorge Alvarado Tamayo con el secretario de seguridad, le ha salvado de momento de la destitución).
En Cancún y Chetumal hay aproximadamente unos 1,300 internos en cada CERESO; hombres y mujeres. Mientras que Cancún cuenta con unos 100 custodios, en Chetumal no llegan a 40, que en turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso se turnan para atender tanto a la población interna como a sus visitas. En Cancún parte de los custodios todavía dependen del municipio, ya que ésta era una cárcel municipal que se reconvirtió en CERESO estatal en el 2009, y parte de la entidad estatal, lo que ocasiona que el salario de unos y otros sea diferente, generándose problemas importantes entre los mismos. Buena parte de los custodios que dependen del estado no tienen una antigüedad mayor a los dos años. En Chetumal por su parte hay oficiales que rinden sus servicios desde hace 20 años, destacando un buen grupo que llevan más de cinco años trabajando en la institución.
El autogobierno es una realidad en los dos centros penitenciarios. Hubo un intento por parte de la actual administración, en sus inicios, en los que se trató de acabar con esta situación en Cancún, sin embargo después de dos motines de los presos, ocasionado por las incomodidades generadas por las medidas implantadas y por la calidad de la comida de la empresa concesionada a Isabel Arvide, se regresó al espacio de confort que comporta el autogobierno de los diferentes
grupos delictivos en la prisión.
Los principales problemas que se encuentran en los centros penitenciarios del estado de Quintana Roo son comunes a Cancún y Chetumal, y probablemente a buena parte de los CERESOS mexicanos. En el orden organizativo: sobrepoblación, autogobierno interno, falta de capacitación y orientación por parte de las autoridades, desconocimiento del reglamento y de los protocolos de operación, y un exceso de improvisación permanente. En el orden sanitario: falta de medicinas no vencidas y de instrumental, de información para atender población con enfermedades transmisibles, de orientación psicológica, y en ocasiones de médicos capaces o motivados. En el orden jurídico: internos sin condena, falta de traductores al maya y al inglés, y poca sensibilidad para canalizar internos con problemas psicológicos severos a instituciones más adecuadas. En el político: falta de
pensamiento estratégico, y pérdida del concepto de reinserción.
Toda esta inestabilidad y falta de dirección política, abunda en la situación de autogobierno por parte de los grupos de internos. Existe una clara falta de liderazgo y de "respeto" por la autoridad,
representada formalmente por los custodios. Éstos se sienten despreciados por una sociedad que los estigmatiza, y que los considera "a priori" como potenciales delincuentes; por directores y administradores "políticos", aunque vistan uniforme militar, que no tienen los conocimientos necesarios y les transmiten en el mejor de los casos instrucciones contradictorias, buscando preservar su interés personal de sobrevivencia; y como no por el gobierno que les da una mala paga, no les ofrece prestaciones suficientes, y les tiene abandonados a "su suerte", mientras no existan problemas mayores.
La prisión en Quintana Roo se sigue viendo de una forma tradicional. Como un estacionamiento indefinido de personas indeseables que deben purgar condena, y sobre los que no deben de existir ni miramientos ni conmiseraciones. Los derechos humanos, y los tratados internacionales sirven para el discurso, para que de tanto en tanto el sistema se mueva de forma aparente, y que luego todo siga su curso sin cambios sustanciales. La cárcel se ve como castigo, y se justifican las incomodidades de los internos señalándose, que el CERESO no es un hotel que deba satisface las demandas de sus clientes.
Uno de los problemas más sensibles es el del agua y la comida. Quintana Roo se encuentra en zona tropical. Las altas temperaturas son constantes y eso hace que se requiera que las personas beban líquido de forma frecuente y que el trato de los alimentos sea especialmente delicado, ya que una larga exposición al sol puede llevar a que la comida se estropee.
Internos y custodios tanto en Cancún, como en Chetumal se quejan de la alimentación, y de la potabilidad del agua. De su monotonía, simpleza, falta de preparación adecuada, e incluso de falta de higiene y descomposición ocasional de la misma. En Cancún esta situación motivó un motín de los internos. En Chetumal no se ha llegado a ese punto, pero la inconformidad es grande. En los dos CERESOS existe una planta purificadora de agua que se nutre del agua potable pública, la queja proviene en que con frecuencia se descompone el sistema, y que la misma carece de calidad.
Consultados responsables de la elaboración de los alimentos nos señalaron aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis: en primer lugar que el menú es más variado y equilibrado de lo que señalan las críticas, en segundo lugar se defendió la calidad del producto entregado, afirmando que ellos entregan la comida a administrativos e internos, que cada día prueban la comida y firman de recibido, aceptando la misma (en todo caso quizás el problema radicaría en el almacenamiento y la distribución que corresponde a los internos); en tercer lugar que si la comida tuviera tantos problemas, se producirían frecuentes casos de enfermedades entre los internos y eso sería conocido por la opinión pública. Los argumentos son válidos y por esta razón se señalan, sin embargo no debe despreciarse el hecho de una inconformidad grande en relación a este aspecto medular.
Son muchos los problemas, las leyendas, las situaciones que se generan en el mundo carcelario quintanarroense, y que escapan a la extensión que deben tener estos comentarios. El ejemplo de Quintana Roo muestra algunas de las deficiencias del sistema penitenciario mexicano. Este es un secreto a voces, como señalan los presos que se encuentran en huelga de hambre en el Distrito Federal, que no quiere ser escuchado ni por la sociedad, ni en ocasiones por la autoridades. Sólo con voluntad política, pensamiento estratégico, sentido común, liderazgo efectivo y mayor inyección presupuestaria será posible superar estas situaciones.
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