El 13 de Enero de 2001 El Salvador vivió su más fuerte terremoto en los últimos 25 años, un sismo de magnitud 7.7 grados en la escala de Richter con una duración de 45 segundos. Un mes más tarde el 13 de Febrero sufrió un segundo terremoto cuya magnitud fue levemente inferior al anterior pero que fue suficiente para destruir las debilitadas estructuras que habían sobrevivido.
Como consecuencia de ambos terremotos fallecieron 1,259 personas, miles más resultaron heridos, decenas de miles de hogares resultaron dañados. Las pérdidas económicas se estimaron en $1,603.8 millones.
El gobierno de El Salvador (GOES) solicitó entonces un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 300,000 salvadoreños que residían indocumentadamente en Estados Unidos, petición que debido a la magnitud del desastre natural y a las excelentes relaciones bilaterales que existían, fue otorgada de inmediato por el entonces presidente EEUU George W. Bush. Hoy 12 años después, aún se benefician de dicha medida más de 220,000 salvadoreños, que serán elegibles en primera fila en el caso de una reforma migratoria, quienes envían miles de dólares a la economía salvadoreña.
A cambio de su gran aporte a la economía de su país, estos salvadoreños reciben falsas promesas así como pocos y cada vez más deficientes servicios del GOES quien les viola flagrantemente los derechos más elementales como es el voto en el exterior.
Al estado salvadoreño le resulta más fácil solicitar a otros gobiernos beneficios y mejor trato para sus nacionales que brindarlos como es su obligación. A finales de 2011 solicitó un nuevo TPS debido a las secuelas de la super tormenta ocurrida en octubre de ese año, la misma fue denegada por su par EEUU, entre otros motivos debido al furibundo discurso antiestadounidense que mantenían todavía en esa época funcionarios efemelenistas, como el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, así como por la testarudez del FMLN de mantener como ministro de Seguridad y Justicia a Manuel Melgar, acusado de participar en la masacre de la Zona Rosa donde fueron asesinados a mansalva ciudadanos EEUU, civiles y militares, así como ciudadanos salvadoreños. Esta negación de un nuevo TPS evidencia un verdadero cambio o deterioro de las relaciones entre ambos países de la cual los salvadoreños en el exterior pagan el precio.
Por su parte y dentro de las obligaciones que competen al GOES, este mantiene cerrados desde hace 18 meses los centros de emisión del Documento de Identidad Nacional (duicentros) prometiendo repetitivamente una "próxima" reapertura. El restablecimiento de dicho servicio es anunciado como un éxito, cuando en realidad ha sido una irresponsabilidad muy grande dejar indocumentados aquí y allá a sus ciudadanos.
El pasado fin de semana, coincidentemente, se cumplió 77 años de la primera vez que la mujer salvadoreña ejerciera su derecho al voto. Dicho honor, producto de una larga lucha, recayó en: Emma Aguilar, Nelly Hernández, Irene Chicas, Amanda Rodríguez, Paula Alvarenga, Juana Araujo, Dominga López y Elvira Vidal, aunque por decisión autoritaria del presidente de la junta electoral de entonces, sus papeletas les fueron tomadas en forma honoraria, pero sin que contaran para el escrutinio final, en franca violación al Artículo 180 de la Constitución vigente de 1886.
La lucha sostenida por varias décadas por la mujer salvadoreña sin duda sirve de inspiración a los salvadoreños en el exterior a quienes hoy en pleno siglo XXI les es violado un derecho elemental, simplemente porque los partidos mayoritarios ARENA y FMLN no saben a ciencia cierta a quien beneficiará dicho caudal de votos.
Por su parte el presidente Funes ha prometido en repetidas ocasiones cumplir la constitución en favor de los 3 millones que viven en el exterior, aunque la práctica ha demostrado que es incapaz, por diversos factores que incluyen la falta de voluntad, de cumplir con dicho compromiso.
Como contrapunto para aquellos que argumentan infelizmente que el voto en el exterior queda en rojo en una relación costo beneficio, basta recordar que los casi 4,000 millones de dólares que se envían en remesas familiares generan más de $ 500 millones solo en pago de IVA, por lo que los $ 21 millones que son los costos estimados de dicho proyecto está pagados con un amplio margen.