Al presidente Calderón le quedan los días contados en los Pinos. Sin embargo, antes de irse envió a los Senadores una propuesta en materia de transparencia de las finanzas públicas (La Ley General de Contabilidad Gubernamental, LGCG). La ley ya existía, pero Calderón envió algunos cambios. Aunque suene aburrido, en mi opinión la propuesta nos debería interesar a todos los mexicanos. ¿Por qué?
Primero, porque la corrupción y el mal manejo de los recursos del gobierno continúan siendo un problema serio en nuestra tierra. Segundo, porque cuando los ciudadanos nos involucramos más y exigimos cuentas, presionamos a los gobernantes para mejorar el uso de los recursos.
La nueva ley bajo estudio trata de eso: transparencia e información en el presupuesto, en los recursos. Algunos artículos de la ley pretenden establecer reglas claras y uniformes para los entes públicos, especialmente en los estados y municipios. Esto es relevante, ya que es a nivel estatal y municipal donde la opacidad sigue siendo una práctica común.
Uno de los cambios a la ley establece que un Comité Consultivo (el Comité) tendrá la facultad de evaluar la calidad de la información presupuestaria que presenten los estados y municipios. Además, el Comité podrá hacer recomendaciones y proponer modificaciones para mejorar la presentación y uniformidad de la misma. Esto es importante porque la experiencia demuestra que es necesario no sólo establecer reglas para mejorar la información, sino que debe dársele vigilancia al tipo de información que cada ente público genera.
Sin embargo, la nueva ley no deja claro qué pasa cuando los entes públicos no presentan la información en la forma establecida por el Comité. Falta detallar cómo se va a hacer para que los estados y municipios cumplan con todo los requisitos de información. Esto no es cuestión menor en México, donde cada estado y municipio interpreta la ley a su muy particular manera.
La nueva ley también propone que el Comité procure que la información se presente de manera más amigable para el público en general, para los ciudadanos que no son expertos. Sin embargo, falta especificar de una vez que la información que se haga pública en Internet debe poder manipularse. Es decir, la información tiene que estar en formatos de datos abiertos. Es fundamental evitar los formatos propietarios o cerrados (especialmente para bases de datos y cifras) para permitir que los usuarios de información pública puedan hacer análisis, gráficas y cálculos con los datos proporcionados.
Otro aspecto que la nueva ley abarca es el de establecer con más detalle criterios mínimos de información que deben contener los documentos presupuestarios de los estados y municipios (Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos). Actualmente, aunque las entidades federativas ya reportan a la Secretaría de Hacienda sobre el uso y destino de los recursos que provienen del gobierno federal, con algunas excepciones, sigue existiendo mucho margen de maniobra en la administración de los recursos públicos en las entidades federativas. Además, existe mucha variabilidad en cuanto a la publicación de documentos presupuestarios estatales: desde las cuentas públicas hasta los presupuestos de egresos. En algunos estados se aprueba el presupuesto en diciembre y para marzo todavía no se ha publicado el decreto de presupuesto. En un mundo ideal esto no debería pasar.
En conclusión, la nueva ley va en línea con los avances en transparencia presupuestaria. A pesar de esto, sigue habiendo pendientes; por ejemplo, a nivel federal sigue siendo necesario mejorar la información presupuestaria en las diferentes etapas del ciclo del presupuesto. Falta todavía tener información sobre los techos presupuestarios que se asignan a cada secretaría de Estado. Asimismo, siguen sin conocerse a detalle el uso, destino y más importante aún, el impacto y los beneficios de los ingresos excedentes que reciben el gobierno federal y las entidades año con año, entre otros muchos. En suma, la ley no es suficiente para resolver por sí misma el problema de rendición de cuentas que tenemos en el país. Ese es tema de otro artículo.
Las modificaciones que Calderón envió a los Senadores en materia de transparencia de las finanzas públicas establecen mayores requisitos de información a las entidades federativas y a los municipios, y eso es bueno. Habría que ver cómo se termina reportando esa información y sobre todo, qué uso hace el gobierno federal de ella, especialmente para mejorar los resultados del gasto y disminuir los malos manejos de los recursos públicos. Si se obtiene mayor información pero no se soluciona el problema de la corrupción endémica, no servirá de nada el mayor detalle y desagregación. ¿Será otro de los pendientes que nos deje el presidente antes de irse?
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