El 16 de enero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales.
"Entre dos soldados me agarraron, uno me tiró al suelo y me detuvo que yo traté de defendernos con las manos y a mordidas, sin embargo eran bastantes los soldados que me estaban agarrando igual a mis hermanas y como no nos dejábamos, ellos continuaron golpeándome y a mis hermanas también, cada vez más hasta yo no poder defenderme.
Vi al mismo tiempo cómo a mis otras dos hermanas [Beatriz y Celia] las acostaron en el suelo cerca de mí, y por lo menos dos soldados jalaban a [Beatriz] pero no vi bien cuántos jalaban a [Celia]. También un soldado nos dijo nos darían pastillas para no tener hijos.
El primero que me agredió fue un soldado alto, gordo, moreno, de bigote, joven, el cual se me puso sobre mí mientras otro me sujetaba y me bajaron y quitaron mi pantalón y mi ropa interior obligándome a abrir las piernas y metiéndome su yath (pene) dentro de mi l'u (vagina).
Sentí mucho dolor muy fuerte, sintiendo que me moría y luego ya no supe qué pasó, después cuando volví, ví a otro soldado sobre mí y traté de gritar pero me puso un pañuelo en la boca, y me tapó los ojos con un paliacate, este soldado era más joven que el primero y más delgado..
Mientras estaban encima de nosotras se reían y decían cosas como: qué sabrosas están las zapatistas y qué bueno era que nos aprovecharan, recuerdo que mis hermanas gritaban mucho, no decían cosa sólo gritos y a veces gritaban "suéltennos".
La historia de las hermanas tzeltales forma parte de un ciclo de abusos y agresiones que se desarrollan desde los años más primitivos de la evolución del ser humano, donde se ha hecho uso de la violencia sexual como un método sistemático de tortura y de intimidación.
Pesadillas, traumas, enfermedades, frigidez y fobia al contacto físico son las secuelas más comunes de una agresión sexual. Sin embargo, las consecuencias de una violación dentro de centros carcelarios, campos de concentración y/o conflictos armados internos genera efectos mucho más aterradores. En el último siglo, los hechos sucedidos en la ex Yugoslavia marcan un precedente importante en la continuidad de estas prácticas.
Los enfrentamientos surgieron cerca del fin de la Guerra Fría y posterior a la secesión de Croacia y Eslovenia de Yugoslavia en 1991, y de Bosnia y Herzegovina en 1992. En el conflicto se utilizó a la violencia sexual como arma de guerra y método de limpieza étnica. Según la European Fact-Finding Team (grupos de investigación de la Unión Europea), más de 20,000 mujeres musulmanas fueron violadas en Bosnia-Herzegovina desde el inicio del conflicto en 1992.
Otros reportes estimaban 50.000 o 60.000 mujeres violadas en campos de concentración, en campos de violación, en lugares públicos y en los hogares. El objetivo era dejarlas embarazadas y posteriormente mantenerlas detenidas el tiempo suficiente para asegurar que el aborto fuera imposible.
Svetlana Slapsak en su artículo "The Use of Women and the Role of Women in the Yugoslav War" narra el rol de la mujer en este conflicto, su utilización para fines políticos y el comportamiento femenino ante la crisis. Incluso afirma que la violación era una "táctica" de guerra, para humillar o desmoralizar al enemigo, logrando con la violación masiva un efecto adverso, como es la unánime desaprobación de la opinión pública internacional.
En febrero de 1993, la organización "Igualdad Ya" envió una misión a Croacia y Bosnia-Herzegovina para investigar el uso de las violaciones masivas y embarazos forzados por parte de las tropas serbias en la campaña genocida de "depuración étnica", la abogada musulmana Feryal Gharahi, miembro de la organización, informó:
"Cuando las fuerzas serbias entraron a Miljevina, convirtieron el gimnasio local en un campo de violación. Las familias fueron separadas y las mujeres y los niños fueron encerrados en el gimnasio. Allí, todas las mujeres y las niñas de más de diez años fueron sistemáticamente violadas durante los primeros días de cautiverio.
En el campo organizado por las fuerzas serbias en Miljevina, había un viejo guardia serbio, un minero jubilado cuyo nombre era Luka-Elez, que se deleitaba particularmente en violar a niñas que entre 10 y 15 años.
Una niña de 10 años era llevada todas las noches para que la violasen y a la mañana se la devolvían a la madre. La violación se realizaba a punta de cuchilla; si las mujeres y las chicas se resistían, se les abrían las gargantas.
En todo el país existen campos de violación. Miles de mujeres son violadas y asesinadas, y miles de mujeres quedan embarazadas como consecuencia de las violaciones. Continuamente, en todos los lugares que fui, en los campos de concentración de Bosnia-Herzegovina y de Croacia, las mujeres me contaban historias abominables, que habían sido encerradas en habitaciones, violadas repetidamente y que sus atormentadores les habían dicho que se quedarían en cautiverio hasta que diesen a luz niños serbios.
Escuché las historias de hombres que habían sido violados, casos de incestos forzados - padres que habían sido obligados a violar a sus hijos, hermanos obligados a violar a sus hermanas.
Existe una campaña deliberada y sistemática por parte de las fuerzas militares serbias para destruir la sexualidad, la estructura familiar, las vidas y el espíritu de todos aquellos que no son serbios, y particularmente, de la gente musulmana que vive en Bosnia-Herzegovina".
Si bien las lesiones físicas de la mayoría de las formas de enfrentamiento son por lo general visibles y atendidas de forma inmediata, por el contrario, las heridas producidas por agresiones sexuales - a pesar de que producen graves afectaciones físicas externas y/o internas- son muy pocas veces tratadas, en comparación con otros daños.
Y es que a pesar de que se ha reconocido a la violación como un método de guerra y de tortura, basta con revisar los manuales sobre intervención en situaciones de emergencia, para darnos cuenta que, por ejemplo, la reconstrucción vaginal es brevemente mencionada. Ejemplo: el Manual de Médicos sin fronteras de 1997, dedica tan sólo dos -de sus 381 páginas- a la violencia sexual.
Por otro lado, los efectos de la violencia sexual son distintos en comparación con otras formas de daño. La víctima a más de las consecuencias físicas (desgarres, lesiones permanentes en el útero o la vagina y contagio de enfermedades) llega incluso a sufrir costos sociales (discriminación, repudio o expulsión de su comunidad).
Asimismo, cuando la violencia sexual se utiliza como una herramienta de combate -como en Ruanda, Kosovo, Bosnia o Sudán-, puede incluso implicar la destrucción de una cultura, pues agredir sexualmente a una mujer es herir la vida cultural de una comunidad, lastimar el desarrollo de generaciones y, desde una ideología patriarcal, es un ataque a todos los hombres del grupo enemigo.
A nivel latinoamericano el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra o tortura no puede desconocerse, pues las mujeres y niñas constituyen verdaderos "botines de guerra". En países como Guatemala, México, Bolivia, Colombia, Perú, Nicaragua e incluso Ecuador, se encuentran innumerables reportes referentes a mujeres víctimas de estas agresiones por parte de miembros de las fuerzas públicas.
Las fuerzas represivas del Estado mexicano han sido denunciadas e incluso comparadas con los soldados serbios. En los tiempos de la revolución zapatista violaban a las mujeres hasta obligarlas a aceptar que pertenecían a determinados grupos.
Durante el conflicto magisterial en Oaxaca más de 153 mujeres fueron detenidas y muchas han sido víctimas de violencia sexual y psicológica durante su encarcelamiento. En la actualidad 13 mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas.
Asimismo, en el estado mexicano de Coahuila, también se han suscitado casos de violencia: militares violaron a 14 mujeres en el 2006 y paradójicamente fueron condenados por abandono del puesto, dejando sus crímenes de violencia sexual en la impunidad.
Como éstos, existen numerosos casos de abuso sexual en el estado mexicano, basta con mencionar lo sucedido en el año 2002 a las indígenas tlapanecas, "Inés N" y "Valentina N", que fueron violadas y torturadas por militares.
Por otro lado, el conflicto armado interno colombiano ha convertido los cuerpos de las mujeres en parte del campo de batalla, pues los enfrentamientos -caracterizados por delitos de secuestro, asesinato y amenazas- son el contexto idóneo para que los grupos armados, sea este guerrilla, paramilitares o narcotraficantes, ataquen a las poblaciones como manifestación de su poder. De acuerdo con el informe presentado luego del Seminario Internacional "Violencia Sexual: dictaduras y conflictos armados", realizado en Chile en julio del 2006, la violencia sexual en Colombia ha alcanzado niveles inesperados.
Las mujeres son sometidas a códigos de conducta para controlar su vida sexual, se les obliga a llevar atuendos determinados y se les escoge la pareja que deben tener. Asimismo, quienes no cumplan las normas que se les imponen son víctimas de agresiones, que van desde mutilación genital hasta ser expuestas desnudas públicamente.
La realidad de las mujeres guerrilleras tampoco es diferente, a muchas de ellas las violan, las obligan a practicarse abortos y las hacen "servir" como compañeras sexuales. La situación de la mujer en Colombia -dentro del marco del conflicto armado- es una constante amenaza a su dignidad humana y un permanente irrespeto de todos sus derechos.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973 - 1990), los abusos sexuales fueron una práctica sistemática. Los perpetradores, agentes del gobierno, violaban mujeres en distintos centros de detención, como el de Tejas Verdes. De conformidad con investigaciones realizadas por diversas instituciones, como el Instituto de la Mujer y la Corporación La Morada, se concluyó que cerca de 3000 mujeres fueron víctimas de éste tipo de agresiones.
En Guatemala, durante la guerra civil de los años 1960 a 1996, las matanzas de campesinos estuvieron precedidas de violaciones a mujeres y niñas. Por su parte, en Perú las condiciones no fueron diferentes: la guerra que por casi veinte años se libró contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru, dejó también cuerpos de mujeres heridos.
Según el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, en agosto del 2003, el 98 por ciento de los afectados por el conflicto fueron mujeres, y dicha Comisión confirmó la práctica de la violencia sexual en determinadas poblaciones por parte de los regimientos del ejército ahí establecidos.
Lastimosamente Ecuador no es una excepción, pues si bien no es un país que padece de conflictos armados a nivel interno, la práctica de la violencia sexual no es ajena a su realidad.
En Ecuador, de conformidad con las estadísticas de los años 2003 y 2004, presentadas por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), existen 35 cárceles en 17 de las 22 provincias, 4 son de mujeres, 10 de varones, 1 de detención provisional y 20 mixtas; 19 cárceles se ubican en la sierra, 2 en el oriente y 14 en la costa. La cárcel de mayor capacidad es la de varones de Guayaquil, que contiene al 31% del total de la población penitenciaria.
La tortura y el maltrato dentro de los centros penitenciarios son prácticas institucionalizadas y manifestadas de distintas formas. Las internas sufren acoso sexual y en muchas ocasiones son víctimas de violaciones y otras formas recurrentes de maltrato, cometidas por personal del centro de rehabilitación. Según un estudio realizado por la FLACSO, las estadísticas son las siguientes:
• Casos conocidos de acoso/abuso sexual a las internas por parte del personal del centro: Quito 30% y Guayaquil 21%
• Casos conocidos de acoso/abuso sexual a las internas por parte de los abogados: Quito 22% y Guayaquil 25%
• Casos conocidos de acoso/abuso sexual a las visitas por parte del personal del centro: Quito 15% y Guayaquil 8%
Es evidente que el encarcelamiento reduce la capacidad de las mujeres a protegerse de sus agresores, lo cual deviene en que la duración de la violencia sexual tiene relación con la duración de la pena. La doctora Katie Thomas afirma que: "el daño psicológico de la víctima se agrava en este tipo de escenarios, donde la mujer sufre no sólo por el abuso actual o pasado, si no por el temor y la espera de una violación futura que difícilmente podrá evitar.
Tales condiciones, degeneran en estrés acumulativo y severo que pueden llevar a una reacción de trauma agravada, causando alteraciones permanentes en el sistema nervioso y la memoria".
Asimismo ejemplifica lo antes afirmado mencionando el caso de N.N, una mujer haitiana que salió de su pais tras ser violada en la cárcel y dejó abandonado al niño nacido producto de la violación. Posteriormente tuvo un hijo, y aunque éste no era producto de la violencia sexual que caracterizó su pasado, sintió impulsos infanticidas.
Durante los últimos veinte años la violencia sexual, como arma de guerra, se ha incrementado. En la invasión iraquí a Kuwait, en 1990, cerca de 5.000 kuwaitíes fueron violadas por soldados iraquíes. Años más tarde se repitió la historia en Bosnia, Rwanda y Argelia. Durante el último lustro los abusos se han desarrollado en tierras islámicas, donde niñas y mujeres son tratadas como esclavas sexuales, según consta en informes oficiales de Unicef y Acnur.
Producto de las violaciones sistemáticas y organizadas, cometidas como táctica de combate, surgieron numerosos organismos internacionales y principalmente agrupaciones femeninas, los cuales comenzaron a promover la defensa de los derechos de la mujer y a condenar estos abusos, categorizados en 1993 como crímenes de guerra. Igualmente, el sistema jurídico de la región y el mundo empezó a desarrollar contenidos respecto de esta realidad.
En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer sostiene que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades".
Por lo tanto, es necesario señalar que el concepto de violencia contra las mujeres ha adquirido un significado que hoy se encuentra en regulación en el campo jurídico. En efecto, la definición de delito de violencia contra las mujeres es aceptada a nivel internacional en los términos definidos en los instrumentos internacionales creados para el efecto, a saber: La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de diciembre de 1993, y para la antes mencionada Convención Belem do Pará.
La consagración de los derechos de la mujer como derechos humanos compromete a los Estados -que han adquirido y ratificado instrumentos internacionales- a adecuar su ordenamiento jurídico interno e implementar políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Las violaciones sexuales cometidas contra la mujer -durante los conflictos armados o en las cárceles- constituyen tortura y su implementación como instrumento de guerra ha generado consecuencias que las generaciones posteriores seguirán sufriendo, provocando denuncias públicas de las agresiones y numerosos suicidios.
Según jurisprudencia internacional existen tres elementos para considerar a la violación como una forma de tortura
• Dolor y sufrimiento físico o mental
• Que el dolor o sufrimiento se inflingan intencionalmente.
• Que el dolor y sufrimiento se causen para propósitos específicos (castigar o intimidar) con alguna forma de participación oficial (activa o pasiva)
En este sentido cabe mencionar que si bien existen varios instrumentos jurídicos internacionales encaminados a erradicar la violencia sexual, en el contexto interno de los países -principalmente latinoamericanos- no dan cuenta de los avances y evolución de las nuevas corrientes a nivel penal. Se continua limitando a la violencia sexual a la penetración vaginal o anal, pero no se la contempla y regula como una estrategia de tortura, evitando así el acceso a una comprensión amplia de la violencia sexual y sus formas, generando un crecimiento disparejo de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales y estimulando una revictimización.
Por otro lado, la falta de actualización y desarrollo de los ordenamientos jurídicos conlleva a la permanente fiscalización de los estados por parte de organismos internacionales, manifestando un claro desinterés en la completa e idónea protección de los derechos humanos de las mujeres.
La violencia sexual no se produce de una manera aislada o intermitente. Es una constante, presente en todas las regiones del mundo, bajo las mas variadas circunstancias, en regímenes democráticos, en conflictos armados, en prisiones. Es ejecutada por los más diversos actores en un sin numero de escenarios.
Es necesario señalar que se desconoce cuántos niños son hijos de los violadores, pero las organizaciones hablan de miles. Cientos fueron entregados en adopción en Europa, otros viven en orfanatos y sólo unos cuantos han crecido junto a sus madres.