Nuevamente la sociedad uruguaya nos ha sorprendido con su capacidad de colocarse a la altura de los tiempos, y de ser modelo para avanzar en los temas fundamentales de la democracia, el desarrollo y la civilización en América Latina. Recordemos que en 1913 Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley de divorcio, pese a la oposición de la poderosa iglesia católica. Posteriormente, en 1927 fue el primer país sudamericano en aprobar el voto femenino, y en 2009 sentó un precedente en la región al aprobar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. En esta misma línea, Uruguay acaba de situarse como el tercer Estado latinoamericano, después de Cuba y Guyana, que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido promulgada el 22.10.2012 por el Presidente José Mujica, cinco días después de su aprobación en el Senado. Entrará en vigencia en un plazo de 30 días, tiempo durante el cual el Ejecutivo debe elaborar el reglamento para su aplicación. Esta normativa sustituye a la Ley 9.743 de 1938 que establecía penas de prisión de 3 a 9 meses a las mujeres que se realizarán interrupciones voluntarias a sus embarazos, y que solamente permitía indultos en los casos de problemas económicos de la madre, riesgo para la salud de la mujer, violación o la "salvaguarda del honor familiar".
Contrario a lo que señalan los grupos fundamentalistas y la jerarquía católica del Uruguay, esta ley no promueve ni legaliza el aborto; únicamente despenaliza las interrupciones de embarazos que se realicen antes de las 12 semanas y que se realicen siguiendo los protocolos regulados por el Estado.
Estos procedimientos incluyen la obligación de que las interrupciones de embarazos sean realizadas exclusivamente en establecimientos de salud públicos o privados debidamente legalizados, y de someter el caso a un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales, quienes deberán informar a las mujeres sobre los riesgos inherentes a un aborto, los métodos disponibles para practicarlo así como las alternativas que tienen frente a esta decisión, tales como programas disponibles de apoyo social y económico o la posibilidad de continuar el embarazo y optar por la adopción. Luego de recibida esta información, las mujeres tendrán un plazo de cinco días para analizar su decisión final, y el personal de salud estará obligado a realizar este procedimiento si esa es la decisión de las mujeres.
La ley garantiza el derecho del personal de salud a no realizar un aborto cuando existan objeciones de conciencia de su parte, en cuyo caso, deberán trasladar el caso sin demora a otro profesional para que lo realice.
La ley aprobada también considera la realización de interrupciones de embarazo más allá de las 12 semanas de gestación y sin el cumplimiento de los protocolos establecidos, en los casos de embarazos que pongan en riesgo la salud de la mujer (como embarazos ectópicos), en los casos de malformaciones en el feto que hagan inviable la vida extrauterina y en los casos de violación. Cuando las mujeres sean menores de 18 años o estén incapacitadas para tomar esta decisión, se deberá contar con la autorización parental o con la autorización de un juez o de una jueza.
Todas las interrupciones de embarazos que se realicen irrespetando estos protocolos y/o que se practiquen en contra la voluntad de las mujeres, seguirán siendo ilegales en Uruguay y por tanto, continuarán siendo penalizadas.
Este nuevo paso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres uruguayas se ha logrado gracias a la existencia de una sociedad civil cohesionada, secular y educada así como a la llegada a la Presidencia de la República de José Mujica, un hombre honesto, con capacidad de Estadista, pero sobre todo, un hombre coherente entre lo que piensa y lo que hace.
El Presidente Mujica ha declarado en repetidas ocasiones que está contra el aborto, pero reconoce que prohibirlo solamente ocasiona, sufrimientos y muertes entre las mujeres, en especial de las mujeres pobres y jóvenes. Más aún, en una entrevista concedida recientemente a la AFP en la que comentó su sencillo y austero estilo de vida (AFP, 08.09.2012), el presidente Mujica sostuvo sin ningún tipo de ambigüedad que el aborto es un tema que atañe exclusivamente a las mujeres y que deberían decidirlo las mujeres. Sus palabras en esta entrevista fueron: "Esto debiera resolverse por el voto directo de todas las mujeres del Uruguay (...) y que los hombres nos calláramos la boca. Porque si bien tenemos cierta parte (...) el papel de los hombres es bastante hipócrita con respecto a esto".
Uruguay nuevamente nos brinda un ejemplo de lo que significa un buen gobierno y de cómo se mantiene la cohesión social sin ceder a las presiones de iglesias, fanáticos y/o ignorantes. Confiemos que en un futuro no muy lejano, el resto de sociedades latinoamericanas y en especial, la sociedad salvadoreña, puedan contar con legisladores/as y gobernantes de este talante: cultos/as, con plena conciencia del significado de los derechos humanos y sobre todo, sin miedo a ser coherentes entre lo que piensan y lo que hacen.
