Luego de un mes de haberse llevado a cabo el proceso electoral en México, aún no hay una definición precisa y legal sobre quién ganó la presidencia de la República.
Desde antes de la elección, se sabía que el periodo postelectoral estaría permeado de conflictos e impugnaciones, tanto que todos los candidatos aceptaron firmar un pacto de civilidad donde se comprometían a respetar la ley y conducirse de acuerdo a esta.
A la fecha, el acuerdo se ha respetado al pie de la letra. No obstante, hay quienes -de mala fe- argumentan que de nada sirvió la palabra comprometida en dicho acuerdo si Andrés Manuel López Obrador ha sido el primero en no aceptar los resultados.
Quizá, sea pertinente aclarar que la impugnación a la elección presidencial hecha por el movimiento progresista que agrupa a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se encuentra dentro del marco legal y para nada trastoca el orden constitucional. La impugnación, es un recurso que tiene sustento en la propia ley y es un derecho que adquiere cualquier contendiente.
En forma sucinta, la impugnación promovida por el equipo de AMLO aspira a invalidar el proceso electoral que estuvo plagado de diversas irregularidades entre las que destacan la compra y coacción de votos, el rebase al tope de campaña y la sospecha de la utilización de recursos de procedencia ilícita. Por sí solas, cualquiera de las razones anteriores deberían ser motivos para invalidar la elección. Sin embargo, una cosa es lo que impera en la opinión pública que puede ser legítimo pero no legal, y otra cosa es que lo sentencie el tribunal electoral que podrá ser legal pero no legítimo.
La distinción la encontramos en que una cosa son los medios y sus respectivas operaciones y otras las dinámicas del derecho electoral.
Primero ocurrió en medios de comunicación extranjeros y posteriormente tres medios mexicanos destaparon la cloaca de lo que fue una campaña sucia y desigual por parte del PRI. NoticiasMVS primera edición, la revista Proceso y el diario Reforma, han documentado profusamente las ilegalidades de la elección. Sin embargo, nada de esto constituye una prueba que dé sustento legal a las imputaciones hechas por el equipo de López Obrador. Tristemente en nuestro país, la investigaciones periodísticas son sólo eso: "investigaciones periodísticas" y difícilmente la autoridad electoral les otorga valor probatorio.
A pesar de que la evidencia periodística es robusta y podría ser una plataforma de acceso a las investigaciones de las autoridades electorales, éstas marchan a una velocidad diferente. Cuando los periodistas prácticamente han desenredado la compleja madeja de actos ilícitos y han puesto sobre la mesa las empresas fantasma, la triangulación de recursos, la compra desmedida de cotos con la tarjetas Soriana, etcétera, la autoridad electoral sólo se asoma a la evidencia que tiene a la vista sin profundizar en la investigación. Sabemos que el derecho y los medios de masas operan de forma diferente, pero sus resultados podrían ser complementarios.
Así, la intención del movimiento progresista por limpiar la elección presidencial incluso aceptando el arribo de un presidente interino, se ve enfangada por que la realidad expone que no todos los medios de comunicación están comprometidos con un trabajo profesional, serio y libre de intereses, y el resultado que tenemos es que analistas, editorialistas y demás líderes de opinión, se convierten en jueces y de inmediato descalifican las pruebas presentadas dicho movimiento, es decir, desde sus análisis califican el peso probatorio de las investigaciones y no permiten que sea la autoridad electoral quien determine o no la validez de las pruebas.
El ambiente que impera entre quienes intentan ocultar el fraude de Peña Nieto, es que López Obrador y su equipo están obligados a presentar la pruebas que demuestren la ilegalidad de la elección, siendo que quien debe investigar son las instituciones como la PGR, Fepade y el mismo IFE que tienen las facultades legales para ello. En otras palabras, AMLO está obligado a presentar pruebas, entre ellas las investigaciones periodísticas, pero son las instituciones electorales quienes deben investigar -a profundidad- su validez para emitir un fallo.
Lamentablemente, el problema es que la autoridad no está investigando nada, al menos no con la seriedad, compromiso y entrega que nos merecemos los mexicanos. Al tiempo.
Nota al margen: En su estrategia informativa para dar a conocer a la opinión pública las irregularidades y la sospecha del uso de recursos ilícitos por parte del equipo de Peña Nieto, el movimiento progresista de AMLO envió al IFE un spot para que se transmita en los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos aliancistas. Este anuncio tiene la particularidad de presentar entre otras, la voz de la periodista Carmen Aristegui, quien en su programa radiofónico manifestó su inconformidad por el uso no autorizado de su voz.
No es la primera vez que la imagen o la voz de la periodista es utilizado por organizaciones simpatizantes de la izquierda; sin embargo ante la posibilidad del regreso del PRI a la presidencia de la República, es curioso que la periodista de marras acuda a su representante legal para solicitar enfáticamente se retire del aire dicho spot, argumentando que no quiere parecer vocera del movimiento progresista ni darle pretextos a sus críticos. De acuerdo a la trayectoria de la periodista, esto nunca antes le había importando.
Este escenario permite observar que la empresa MVS Comunicaciones está siendo sumisa al régimen, ya se incorporó al juego de desfondar a Grupo Monitor cobrándose tres meses de renta enajenando un bien inmueble, censuró abruptamente al analista y especialista en Derecho electoral John Ackerman, ¿será que ahora tendremos a la vista el periodismo tibio, de escándalo y sumiso, disfrazado de periodismo valiente?
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Juan José Solis Delgado: MéxicoPolítico: El tribunal electoral y el México que viene
Les aclaro, me encanta escuchar fragmentos historicos, pero eso resulta creo yo, obsoleto para justificar procedimentos actualesl.
A la renuncia de Huerta, se designó a Francisco Carvajal como interino y estuvo un año en el cargo. (Fines de 1913 hasta 1914)
Eulalio Gutiérrez Designado tras la renuncia de Cravajal y asérrimo enemigo de Villa y Zapata. (1914-15).
Roque González Garza (1915-16).
Luego más o menos ya hubo tranquilidad pero tras la muerte de Obregón...
Emilio Portés Gil 1928-30
y finalmente Abelardo Rodríguez de 1932 al '34.
Además, el art. 85 (ochenta y cinco ) NO el 84, define el presidente interino en casos similares al que vivimos actualmente.
Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857, se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. Cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios.
Fíjate bien Mayahué. La Constitución Mexicana vigente es la de 1917 promulgada por Carranza. En ese año la TERMINARON. Todas las constituciones pasan por cambios a lo largo de los años y la nuestra no es excepción. Sí, se le han hecho muchos cambios pero la BASE sigue siendo la misma. Por cierto, los dos últimos presidentes interinos, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez ya fueron POSTERIORES a la promulgación de la constitución.
Por otra parte, el art. 85 al que he hecho referencia fue modificado en 2008 y quedó como lo cité. Así que ¿cuál es tu punto? Ya te demostré que la Constitución Mexicana VIGENTE permite el interinato.Y trata de contestar sin irte por la tangente, ¿vale?
Ademas al poner un presidente interino se necesitaria gastar otros 500 millones de pesos para los gastos de campana, sin, contar los otros millones para los gastos de IFE para pagar todos los gasto que sean necesarios para otra campana.
AMLO NO SABE LO QUE DICE AMLO LE ZUMBAN EL COCO
Pero por el otro lado, gracias por revivire el recuerdo;
aquel que en la asan~a invita el alazan lucero,
cual relinchando de goso, envistio a el extranjero.
pensaras caballo amigo, ahora que ya no rallas conmigo,
que te he dejado arando para el enemigo....., esa no ha sido mi intencion, pero por confiado, cai en las argucias de vil traision
Por cierto, nunca respondiste a la prueba de que el presidente interino está expresamente contemplado en la constitución. ¿Qué pachó?