Parafraseando al monarca francés Luis XIV, a quien se le atribuye la inmortal frase «L'État, c'est moi», hoy tengo que decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo contrario. Señores de la CIDH: el Estado no soy yo!!! ¿Cómo se me puede marginar de las decisiones de la CIDH en el caso de la masacre de Mapiripán, si mi padre está condenado a 40 años de prisión por las falsas víctimas y el falso testigo que la misma CIDH ayudó a fabricar?
Mi primer contacto con la CIDH fue en el año 2003 cuando me percaté de su existencia y su función legal de "promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano" (así reza su información institucional). Para ese momento, mi padre, el General Jaime Uscátegui, completaba 4 años privado de la libertad, enfrentando un proceso judicial por su supuesta omisión frente a la masacre de Mapiripán. En síntesis, la acusación ha consistido en asegurar que él, como autoridad militar en julio de 1997, podía evitar la muerte de una serie de personas en el municipio de Mapiripán y, al no hacerlo, incurrió en un delito de lesa humanidad.
En el año 2003 los hechos de Mapiripán ya eran de conocimiento de la CIDH, pues una ONG de derechos humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, había presentado, desde el año 1999, una denuncia contra el Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre. Esta denuncia surtió su trámite y en el año 2005 se convirtió en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia (ver sentencia Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia). Vale la pena recordar que la Corte Interamericana sanciona las violaciones de los Estados a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ningún motivo su función es determinar responsabilidades de tipo individual o personal.
A comienzos del año 2003, me dirigí por escrito a la CIDH para dar la versión oficial de mi padre sobre lo acontecido en Mapiripán, señalar que el Estado colombiano no le ofrecía garantías judiciales para demostrar su inocencia y solicitar la intervención de la Comisión para proteger los derechos al debido proceso, también consagrados en la Convención Interamericana. Debo decir con desazón que la CIDH guardó absoluto silencio frente a mi solicitud por más de 6 años, sólo hasta junio de 2009 se pronunció para dar apertura a un expediente provisional (P-623-03) e iniciar un largo e infecundo intercambio de notas.
Después de 10 años de permanentes súplicas a la CIDH, la Secretaría Ejecutiva no ha admitido la petición de denuncia contra el Estado colombiano interpuesta por la familia Uscátegui. Por el contrario, se denota un sesgo a favor de otros peticionarios como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cuya petición hizo tránsito por todo el Sistema Interamericano en escasos 6 años (1999-2005). La actuación indebida del mencionado Colectivo de Abogados, en complicidad con la CIDH, llevó a que se incluyera a por lo menos 12 falsas víctimas en el fallo de Mapiripán y se le concediera asilo en Estados Unidos al principal responsable de la masacre.
¿Qué hacer para que la CIDH recapacite frente a sus múltiples errores? Me atrevo a decir que lo he intentado todo: he enviado toda clase de escritos y solicitudes, he contratado abogados en Washington para mantener contacto permanente y directo con la Comisión, he viajado personalmente a Washington y Costa Rica para fijar mi posición, he aprovechado cada visita de la Comisión a Colombia para intentar convencerlos sobre la gravedad de mi denuncia, entre muchos otros esfuerzos.
Nada de esto ha servido. Mis llamados públicos han sido en vano. En Costa Rica fui expulsado de la audiencia en la que se denunciaban a las falsas víctimas avaladas por la Corte Interamericana. Sigo sin entender ¿cómo se me puede marginar de las decisiones de la CIDH, si mi padre está condenado a 40 años de prisión por las falsas víctimas y el falso testigo que la misma CIDH ayudó a fabricar?
Por eso mi mensaje para la CIDH es "el Estado no soy yo". Si bien mi padre actúo hasta 1999 como agente del Estado, desde entonces es tan sólo un ciudadano que reclama, junto a su familia, la protección de sus legítimos derechos. Si el sesgo "antiestatal", propio del Sistema Interamericano, me lo quieren seguir aplicando, entenderé que los derechos humanos que profesa la CIDH son excluyentes y existe una evidente discriminación por razones ideológicas.