Sin mucho ruido al respecto en México, el diario Milenio reportó el 22 de diciembre que la Procuraduría General de la República prohibió el uso de los detectores moleculares GT-200 a finales de la administración de Felipe Calderón. No sólo eso: la nota del reportero Ignacio Alzaga señala que los cuatro aparatos que se adquirieron están en desuso, pues no ha sido comprobado científicamente su funcionamiento. Además, señala que la PGR mantiene abierta una investigación por la compra de los dispositivos, con una persona supuestamente arraigada.
Otra nota sobre el tema apareció este 24 de diciembre en el periódico La Razón, firmada por el reportero David Saúl Vela, en la que sostiene que autoridades de la dependencia -sin dar nombres de quiénes- decidieron suspender el uso del GT200 por su "ineficacia para detectar explosivos o droga". En esta pieza, se señala que el Ejército Mexicano adquirió 724 detectores moleculares a través de la empresa Segtec. También indica que la Armada, la Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex) utilizan el aparato.
No son pocos los antecedentes ni las pruebas en contra de los detectores moleculares. A pesar de las voces alzadas, el gobierno federal nunca atendió ni a las recomendaciones, ni tampoco a las evidencias, manteniéndose inmutable su postura. Entonces, resulta llamativo que la PGR haya decidido recular en el uso de estos aparatos (¿por orden de Murillo Karam?) y abrir un expediente de investigación, del cual sabemos muy poco -¿qué delito buscan y por qué?-.
El suceso dice mucho entre líneas. Si es realidad que la Procuraduría investiga la adquisición de los GT200, entonces debe existir una sospecha de fraude sustentada - más, si como señala Alzaga en su nota, ya hay un arraigado-. ¿Quién está bajo la mira? ¿La persona que ordenó la adquisición? ¿La empresa fabricante? ¿El distribuidor (en este caso, SEGTEC)? Si la PGR tiene una hipótesis sólida, ¿no debería alertar a las otras dependencias? ¿No debería el gobierno federal tener un rol más activo y suspender el uso con las fuerzas castrenses? ¿No deberían las administraciones estatales que han adquirido estos equipos -Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, entre otras- abrir sus propias líneas de investigación? Demasiada bruma alrededor del tema.
En septiembre de este año, escribí sobre cómo el caso de los GT200 fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que su validez jurídica fuera desestimada en varios litigios. Quizá ése es el precedente que se necesita. Si la Corte dictamina que el GT200 es inválido, entonces la PGR todas las herramientas para juzgar a los responsables. Lo mismo aplica si la Procuraduría consigna: entonces, la SCJN contaría con un referente que le sirva para desestimar, de una vez por todas, al detector molecular como prueba legal.
La PGR puede marcar un antecedente vital en el caso. La razón es simple: los detectores moleculares fueron adquiridos con fondos federales (o estatales, según sea el caso). Bajo esa premisa, las dependencias que adquirieron los aparatos pueden (y deben) demandar por fraude, así como a los involucrados en algún proceso de adquisición doloso. Pero, aún más importante, reconocer la ineficacia del detector molecular permitirá frenar abusos a derechos humanos amparados en la pseudociencia, así como reabrir casos de personas enjuiciadas injustamente por este dispositivo. Sin embargo, la pregunta aún prevalece: ¿quién será el que responda por los GT200 y sus víctimas?
El GT-200 herramienta utilizada por la SEDENA en la lucha contra el narcotrafico :
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