La opacidad de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) permite que los nombres de sus operadores permanezcan en el anonimato. Afortunadamente, existen mecanismos de trasparencia que dejan, hasta cierto punto, arrojar luz sobre las sombras. El abogado Luis Fernando García, realizó una solicitud de información a la Secretaría de Economía, organismo encargado de llevar las negociaciones a nombre del gobierno mexicano. Las respuestas ilustran mucho sobre el proceso.
En primer lugar, García cuestionó sobre el llamado "cuarto de junto", un mecanismo que utiliza Economía para mantener al tanto a la iniciativa privada sobre las negociaciones del acuerdo. ¿Quiénes pertenecen a este cónclave selecto? Según la respuesta de la dependencia, se trata de "un grupo de expertos del sector privado", quienes acompañan a los negociadores del gobierno. Desde aquí se enciende la primera alerta: los consejeros son individuos que velan por intereses particulares (en este caso, los empresariales), no necesariamente compatibles con los intereses públicos.
Además, Economía considera de carácter confidencial el nombre de los integrantes del "cuarto de junto", aunque señala que son designados unilateralmente por la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) que deriva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Es decir, la secretaría delega la composición de este grupo de expertos a organismos privados, con quienes "comparte (...) los intereses y sensibilidades, así como la información que se va generando al momento en la negociación".
Los miembros del cuarto de junto tiene acceso al estado de las negociaciones, así como detalles técnicos acerca del acuerdo. García indica que, a pesar de que no existe como tal un acuerdo de confidencialidad, la información compartida a este grupo recibe el carácter de "reservada". Lo más importante: las opiniones del cuarto de junto tienen peso en las decisiones de toma la delegación mexicana frente a TPP.
En pocas palabras, un grupo designado por entidades privadas, que vela por intereses comerciales particulares, son quienes aconsejan al gobierno sobre un acuerdo que afecta numerosas aristas de la vida pública. Tan sólo, como ejemplo, está el tema de la extensión de patentes en medicamentos, lo cual afectaría al sector salud por disminuir la disponibilidad de genéricos (adquiridos, por norma oficial, para surtir hospitales y clínicas públicas en todo el país).
Sobre la respuesta recibida, García opina que la negociación abarca a "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda":
La SE parece reconocer cómodamente que el Gobierno de México hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera, aquellas personas designadas por el lobby y la élite empresarial para proteger sus intereses particulares. Ciudadanos de segunda, todos los demás, incluidas las organizaciones de los sociedad civil, a quiénes en Nueva Zelanda las puertas les fueron cerradas para informar a las delegaciones sobre los graves perjuicios al interés público que representa el TPP.
¿Qué hacer? Al igual que García, considero que existen dos contrapesos obvios: el Senado y la sociedad civil. Por un lado, los senadores deben ser más insistentes en el tema de la transparencia de las negociaciones; sobre todo, a la luz del modus operandi de los negociadores. Así mismo, resulta imperativo que la ciudadanía se involucre dentro del tema, pues sus ramificaciones abarcan numerosos aspectos de la vida pública nacional. Resulta indispensable obtener apertura sobre el estado de las negociaciones, quiénes participan en ellas y con qué intereses, de modo que se garantice la inclusión de más actores en el debate de este controversial acuerdo internacional.