El viernes 6 de diciembre, mientras un buen porcentaje de la población capitalina ponía su atención en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014, el gobierno del Distrito Federal de México anunció el aumento en la tarifa del pasaje del Metro. El incremento -de 3 a 5 pesos, vigente a partir del 13 de diciembre- fue justificado por una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, en la que se sostiene que 56.2 por ciento de los habitantes de la ciudad de México están a favor de la medida.
La ley no exige a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que someta a plebiscito este tipo de decisiones. Sus facultades políticas le permitían, sin necesidad de ninguna encuesta previa, aumentar el precio del boleto. Sin embargo, la maniobra del estudio era una forma de legitimar su decisión; porque, si de algo adolece la gestión de Mancera, es del apoyo popular que gozaron sus predecesores Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
De inmediato, varios periodistas solicitaron acceso a la base de datos del estudio. A través de Twitter, me sumé a su petición; después de todo, se trata de una investigación hecha con financiamiento público y, como tal, bajo la perspectiva de los datos abiertos (tan defendidos dentro de la Estrategia Nacional Digital federal), debería estar accesible para la población. Además, dicha información permitiría a los medios diseccionar el estudio para generar otros puntos de vista.
La base de datos aún no llega.
En su lugar, el lunes nos fue enviada una presentación con la interpretación de los resultados [pdf]. Estos documentos suelen condensar con gráficos los hallazgos más importantes y se presentan como resúmenes ejecutivos para quienes necesitan información rápida y contundente (como los decisores en política). Nosotros, en cambio, queríamos -y aún queremos- los datos duros, la materia prima. No obstante, la presentación nos ha sembrado más dudas sobre la legitimidad de la encuesta.
En el aspecto metodológico, la encuesta tiene una muestra considerable. Se aplicaron 2,400 entrevistas en 72 estaciones de las 12 líneas del Metro de manera simultánea los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre, así como el lunes 2 de diciembre. Por el tamaño de la muestra, la confiabilidad debe rondar por 95%, pero el diseño tiene algunas inconsistencias:
•No se indica qué criterio se utilizó para garantizar que el encuestado fuese elegido de manera aleatoria. No se sabe qué mecanismo se utilizó para seleccionar al entrevistado o si fue a criterio del entrevistador.
•Se señala que las encuestas fueron hechas de forma simultánea, pero no se indica la hora en que fueron aplicadas. Es una variable importante, pues no es lo mismo levantar la encuesta en hora pico que a mediodía.
•Pasa lo mismo con el perfil socioeconómico. ¿Se tomó en consideración esta distribución en el diseño o se pasó por alto?
•¿Tienen las 72 estaciones el mismo número de usuarios o hay algunas con más afluencia que otras? Si es una cifra heterogénea, ¿por qué se considera un número idéntico de entrevistas en estaciones con afluencia diferente?
•¿Cuál es la razón por la que se eligió el sábado para el levantamiento del estudio? ¿Con qué criterio se determinó encuestar en una estación (por ejemplo, Observatorio) en viernes y no en sábado o lunes?
Pasemos por alto momentáneamente esas cuestiones -omisiones que pudieron deberse a la premura del estudio- y concentrémonos en la pregunta principal. Es difícil no calificarla de manipuladora y tendenciosa.
La frase, de forma literal, pregunta: si el costo del Metro fuera de 5 pesos y con estos 2 pesos adicionales, el gobierno del Distrito Federal se compromete a no aumentar más la tarifa en el sexenio, a poner más trenes en servicio y darles buen mantenimiento a fin de que se reduzcan las aglomeraciones, los tiempos de espera, los retrasos en el servicio y se pueda viajar con ventilación y seguridad, ¿estaría dispuesto a pagar 5 pesos?
La inclusión de dos o más afirmaciones en una pregunta de un estudio de opinión tiende a inducir una respuesta. En este caso, es casi un insulto la forma burda en que se plantea este reactivo del cuestionario. Una pregunta mucho más neutral habría sido "¿está dispuesto a pagar 5 pesos por el boleto de Metro?"; así, a secas, sin mediaciones ni condicionantes.
Si la intención era conocer, por ejemplo, las prioridades del usuario de Metro respecto a la relación costo-beneficio, la pregunta pudo haberse descompuesto en varias, tipo "¿está dispuesto a pagar 5 pesos por el boleto de Metro si el gobierno se compromete a no aumentar más la tarifa en el sexenio?", "¿está dispuesto a pagar 5 pesos por el boleto de Metro si el gobierno se compromete a darle buen mantenimiento a los trenes?", y así sucesivamente.
Esa información desglosada habría sido más útil que una pregunta claramente diseñada para legitimar una decisión ya tomada. De hecho, es un tanto sorprendente que, con todo y la pregunta tan enfocada, sea tan pequeño el margen (56.2% a favor, 43.8 en contra) y que no aparezcan datos perdidos (no se presentó la opción de "no sabe/no contestó" en el instrumento, sólo la dicotomía).
A eso hay que sumarle la ausencia de cruces estadísticos importantes, como hallar una correlación entre nivel socioeconómico y porcentaje de apoyo/rechazo. ¿Sabemos si la medida es más apoyada por los sectores más vulnerables o por los que pertenecen a clase media? Lo mismo ocurre con la edad, el género, el lugar de procedencia o la frecuencia de uso (aunque en ésta, se asume con los datos que la mayoría hace uso diario del Metro). Incluso, el tiempo de traslado habría sido una variable interesante para el análisis.
El estudio se diseñó para medir el awareness de la población sobre el incremento, a fin de justificarlo. Las preguntas se enfocaron en medir el posicionamiento de la campaña a favor del incremento y, en el subtexto, intenta generar una apología de la decisión razonada (si yo estoy enterado, estoy a favor), sin considerar otros factores -por ejemplo, capacidad económica-. Una pregunta tan simple con una escala Likert (del 1-5) sobre qué tanto afecta el pago a la economía personal habría disipado muchas dudas más.
Finalmente, la crítica debe centrarse en el uso indiscriminado de la encuesta como un mecanismo para legitimidad, apoyado por la opacidad de datos. Reitero: no había necesidad de la consulta pública, pero Mancera -así como otros gobernantes de otros niveles- perciben a la encuesta como un atajo para no asumir el costo político de sus decisiones, sino delegarlas en la célebre tiranía de la mayoría.
Por otro lado, si bien es cierto que el periodismo acusa vicios de credulidad sin contraste de fuentes o de repetición irreflexiva de información oficial -a propósito, el reciente estudio de Data4 y Artículo 19 es muy revelador-, también hay una corriente del periodismo orientado a datos que es muy capaz de hacer un análisis, procesamiento y crítica de la información estadística. Ante este problema, la apertura de datos -especialmente, aquellos que ha sido financiados con recursos del erario- no sólo proporciona transparencia, sino herramientas para la práctica periodística.
Así, la encuesta se usa como un instrumento de manipulación en el que sólo se percibe la información procesada, sin acceso a un análisis de datos por parte de terceros. La medida podría, en efecto, estar justificada, pero la forma es fondo. Desafortunadamente, en México es más fácil delegar la responsabilidad a una encuesta para maquillar la realidad acorde a las decisiones políticas, que utilizarlas realmente para una evaluación útil que ayude al diseño e implementación de políticas públicas benéficas para la sociedad. Eso, regente Mancera, tiene un nombre claro: simulación.