En un concierto reciente en La Habana el pianista Roberto Carcassés, director del grupo musical Interactivo, lanzó en público un pliego de reclamos sociales y personales que incluyó, entre otros, la legalización de la disidencia y de la marihuana (o María como se le llama en la isla). El joven artista fue inicialmente sancionado por la Seguridad del Estado, pero horas después el Ministerio de Cultura anunció una rectificación de la medida y el también jazzista y su banda podrán continuar sus actuaciones regulares en los escenarios nacionales.
El episodio es síntoma de lo que bien podría ser el próximo nivel, el político, de las reformas que desde finales del año 2006 Raúl Castro ha comenzado a implementar en Cuba con resultados desiguales, pero con el apoyo de una parte importante de la población que ha podido abrir pequeñas empresas, viajar al extranjero y comprar y vender propiedades privadas, entre ellas las viviendas y los autos. Las reformas económicas resumen no pocas de las peticiones históricas de la oposición y su realización ha demostrado que los cambios estructurales pueden hacerse sin dramatismos sociales ni grandes costos ideológicos, más bien todo lo contrario.
Algunos observadores e investigadores coinciden en que para que las reformas económicas funcionen completamente deben reacomodarse para estimular, más que manipular, las virtudes del mercado, por ejemplo, reducir los impuestos, eliminar la doble moneda, y permitir la inversión directa de cubanos en el exterior. Pero lo cierto es que no puede haber aceleración del proceso sin la inclusión de cambios políticos enfocados a integrar el hábito de la crítica dentro de los proyectos de desarrollo de la nación. En otras palabras, como lo sugirió el músico Carcassés: aceptar las opiniones de los militantes y los disidentes por igual.
En rigor, este sería el gran aprendizaje de la clase política cubana en el contexto de la globalización y en línea con Latinoamérica, donde las transformaciones sociales se están llevando a cabo dentro de los límites de economías de mercado y democracias representativas; no sin tensiones, pero ciertamente con los beneficios que producen las políticas anticorrupción al los gobiernos disponer de financiación para implementar programas sociales eficaces e influir en el debate sobre el bienestar general de las naciones.
Cuba cuenta hoy sin dudas con la acumulación de capital humano suficiente para emprender una reforma política profunda que exorcice los fantasmas del pasado y retome la promesa de libertad de hace 54 años.