Las conclusiones del informe "Consecuencias Económicas y Financieras de la Degradación de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico por Debajo del Grado de Inversión" fueron reveladas el pasado viernes 7 de junio tras un período de cuatro años de prohibición informativa al público general. El informe, comisionado a la firma de consultoría Advantage Business Consulting en 2009 bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño, hace referencia a una serie de repercusiones significativas que sufriría la economía de Puerto Rico si se degradaran los instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico a nivel de calidad especulativa.
En el 2009, Puerto Rico recibió su primera advertencia real de degradación cuando las obligaciones generales del Gobierno se colocaron por primera vez al borde del grado especulativo, o mejor conocido como grado "chatarra".
En aquél entonces, el informe comisionado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) señala con sus ejemplos "hipotéticos" que: "Si se quisiera cerrar el déficit de caja con recortes en la nómina, habría que despedir 60,000 empleados públicos. Si se quisiera cerrar el déficit de caja con un aumento del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU), habría que subir la tasa a 18.5%, es decir, más de dos veces y media la tasa vigente [7%]. Si se quisiera cerrar el déficit de caja con un recorte uniforme en el gasto de todas las agencias gubernamentales, habría que recortar casi una tercera parte del presupuesto.".
Ahora, el mismo BGF ha solicitado revisar (con carácter de urgencia) el estudio, con el fin de actualizarlo con datos que representen la situación económica actual de la isla mientras que legislatura y ejecutivo tienen que aprobar las medidas necesarias para reducir el déficit presupuestario antes del cierre del año fiscal estipulado al 30 de junio. Dependiendo de lo que resulte de esas medidas, las agencias acreditadoras procederán entonces a degradar o no el crédito de Puerto Rico.
Varios economistas han confirmado que la situación económica actual de la isla se encuentra en un estado más "débil" que en el 2009, pues para el mismo año entró en vigor la Ley 7 que causó el despido de alrededor de 30,000 empleados públicos; decisión que causó todo menos los resultados esperados y agravó severamente la actividad económica de Puerto Rico.
Repercusiones inmediatas
En definitiva, una degradación del crédito de Puerto Rico a rango especulativo podría suponer, entre sus efectos inmediatos, además de una evidente reducción de la demanda de los bonos del Gobierno de Puerto Rico: (1) una reducción en la cantidad de las acostumbradas emisiones de $500 a $600 millones a solo $100 a $250 millones por emisión; (2) las emisiones se tendrían que destinar en su totalidad al servicio de la deuda existente por lo que no habría financiamiento para la obra pública permanente que necesita la isla; (3) podría presentarse la exigencia de 100% de colateral para la deuda existente, lo que podría poner el Gobierno en riesgo de "default" o incapacidad de pago; (4) habría que despedir 60,000 empleados públicos, más 40,000 empleos del sector privado que se verían afectados lo que deja un corte de 100,000 empleos elevando el desempleo a un 25%; (5) aumento en el Impuesto sobre Venta y Uso a 18.5%; (6) una caída de alrededor de 35% en el precio de los bonos existentes una vez degradados; (7) una pérdida combinada en el valor en los activos locales de los bancos comerciales, individuos, fondos mutuos y planes de retiro de alrededor de $4,600 millones; (8) reducción en valor de los planes de retiro; (9) restricción en el crédito bancario ya que la baja en el valor de los bonos en poder de los bancos reduciría su capacidad de prestarle a individuos y corporaciones; (10) limitación en el ingreso del estado disponible para operar servicios básicos tales como seguridad, salud y educación así como para invertir en proyectos claves de infraestructura (carreteras, plantas de electricidad, escuelas, etc.); (11) la contracción en la compensación a empleados se reduciría por más de $2,500 millones (2009); (12) un colapso adicional de la actividad económica en el orden del 5%; entre otros. En conclusión, un estrangulamiento fiscal crónico del que el gobierno fácilmente podría tardarse una década en recuperarse y volver a obtener una clasificación de crédito de grado de inversión (1).
Los constituyentes de la clase trabajadora, como de costumbre, serán quienes recibirán el mayor impacto y quienes también asumirán, de una forma u otra, la responsabilidad de la crisis crediticia.
Causas y conclusiones
El economista y planificador, el Dr. Elías R. Gutiérrez indica que: "En la medida en que creció desbocado, el gobierno dejó de ser propulsor y estimulante de la economía para convertirse en lastre y parásito del sector privado. El tamaño relativo y absoluto del sector público, de acuerdo a cualquier métrica, es insostenible" (2).
De los 950,000 empleados informados en fuentes estadísticas oficiales, 300,000 son empleados públicos. Así mismo, de los $64,000 millones de dólares que se reportaron en gastos, $26,000 millones son gastos directos del gobierno. La relación en tamaño tomando como referente la totalidad de gastos y bienes determina que el tamaño del sector público es significativo cual posiblemente mayoritario. Sin embargo, recientemente el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, planteó que, al contrario, el sector privado es muy pequeño y que, en definitiva, el tamaño del gobierno no es problema alguno y no guarda relación directa con el riesgo de calificación crediticia que puedan otorgar las agencias acreditadoras.
La inconsistencia en declaraciones racionales y la acostumbrada habilidad de no asumir responsabilidad por parte de los 'líderes' políticos del país, se le puede atribuir como razón al colapso crediticio, fiscal y económico de Puerto Rico. La realización de propuestas imaginarias para problemas reales es la lógica que ha guiado la toma de decisiones de los dirigentes por las últimas décadas. Esta degradación económica, política y al mismo tiempo moral, es parte de los factores que, sigilosamente, han contribuido a la descalificación de Puerto Rico como herramienta de inversión.
Es hora de que más factores entren oficialmente en la ecuación del quehacer económico. Desde el 2006 (y algunos dirán que desde mucho antes), la economía reclama una reestructuración total. Su inefectividad es evidente, al igual que la dirección que emplea el cuerpo legislativo del país. Las plataformas de gobierno y los esfuerzos de política pública por parte de los dirigentes se caracterizan por una búsqueda desesperada de soluciones a corto plazo y controles presupuestales inflados enfocados en rentabilidad inmediata, útiles solamente para dar una imagen mediática de "progreso" pero con el objetivo de promover el lucro personal y de allegados. Esta mentalidad centrada en el ingreso inmediato no es más que un abordaje avaro y temeroso que se aleja de aquellos reclamos dirigidos hacia el bienestar de la sociedad civil. La responsabilidad de la debacle económica del país debe ser adjudicada en su totalidad al grupo exclusivo en el poder, no a sus constituyentes.
Referencias: