Dos decisiones recientes sobre los derechos de los homosexuales y los derechos al voto exhibieron a una Corte Suprema en la cima de su poder. Los jueces afirmaron la humanidad de millones de parejas homosexuales, a pesar de que arrancaron la columna vertebral de la legislación de derechos al voto estadounidense. Periódicos a través del país proclamaron estas decisiones en sus portadas.
Pero no todo lo que la Corte hizo ganó grandes titulares. En sólo un día, cinco jueces conservadores entregaron victorias grandes a los acosadores sexuales y a los jefes que toman revancha contra las víctimas de discriminación, mientras que las tres mujeres de la Corte, incluyendo la jueza Sonia Sotomayor, disintieron en ambos casos. Y, aunque estas decisiones probablemente nunca recibirán la misma atención que los otros casos de la Corte seguidos más de cerca, ellos impactarán por completo la capacidad de miles de trabajadores para enfrentarse a sus jefes abusivos, entregando un golpe especialmente fuerte a los latinos y a otras comunidades de color.
El primero de estos casos, Vance v. Ball State University, se trataba del destino de los trabajadores víctimas de acoso racial o sexual. La ley federal establece una protección sólida a los trabajadores acosados por los "supervisores", pero la ley ofrece menos protección para los trabajadores que son acosados por sus compañeros de trabajo. La razón de esta diferencia es simple: los supervisores tienen el poder para intimidar a sus subordinados con el fin de disuadirlos contra reportar el acoso, y es por esto que la ley establece legítimamente protecciones adicionales a los trabajadores que se enfrentan a un superior racista o un jefe que no entiende que "no" significa no.
Recientemente, sin embargo, cinco jueces borraron de la ley gran parte de estas medidas de seguridad adicionales contra el acoso de jefe a trabajador.
Los jueces conservadores de la Corte lograron este resultado definiendo la palabra "supervisor" tan estrechamente que ahora prácticamente no tiene significado en muchas oficinas. Para calificar como un "supervisor", los cinco republicanos de la Corte declararon que su jefe tiene que tener el poder para hacer un "cambio significativo en [su] situación laboral", tales como el poder de despedir o relegar a un trabajador a un puesto más bajo.
Como el juez Ruth Bader Ginsburg explica en la disidencia, "cualquier persona con experiencia profesonal es capaz de captar inmediatamente" que esta decisión no tiene sentido. En las oficinas modernas, los jefes con frecuencia no tienen el poder de despedir o degradar a un subordinado - al final, esas decisiones las toma un director de recursos humanos. De hecho, hasta ejecutivos en los niveles más altos de muchas empresas ya no son considerados como "supervisores", gracias a la decisión de la Corte Suprema. Incluso en los lugares de trabajo donde los trabajadores están supervisados por una persona con la autoridad para despedirlos, empleados en un nivel superior quienes carecen de este poder a menudo dirigen las acciones de los trabajadores en un nivel más bajo. En uno de los ejemplos más preocupantes que Ginsburg describe en su desacuerdo, un conductor de camiones de alto nivel obligó a una mujer recién contratado a tener relaciones sexuales no solicitadas con él, amenazándola con reprobarla en un examen crucial. Sin embargo, este hombre ya no califica como un "supervisor", a pesar de que utilizó el poder que le había dado su empleador para esencialmente violar a una colega
Los mismos cinco jueces republicanos dictaminaron en el caso de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center v. Nassar, reduciendo drásticamente los derechos de los trabajadores en casos cuando un empleador toma represalias contra un empleado que se queja de discriminación. Sin el derecho a no sufrir represalias, pocos, si es que siquiera alguno, trabajadores invocarán sus derechos civiles, ya que hacerlo podría costarles inmediatamente sus trabajos. Nasser hace que sea prácticamente imposible que alguien pueda responsabilizar a su jefe responsable por miedo a que fueren a sufrir represalias.
Nassar ha vetado demandas por "motivos variados" (mixed-motive lawsuits) en casos legales de represalias. En casos como estos, el trabajador sólo necesitaba demostrar que el racismo, el sexismo o un motivo no apropiado similar era una de varias razones dirigiendo la decisión de un empleador. La responsabilidad entonces se desplazaba al empleador, quien era responsable de demostrar que tomó medidas en contra del trabajador por una razón legalmente apropiada. En otras palabras, estos pleitos legales obligaban al empleador a dar a conocer lo que en realidad estaban pensando en el momento en que despidieron a un empleado, y no cargaban al empleado con la imposible tarea de tratar de leer la mente de su jefe.
Como en Vance, las tres mujeres de la Corte votaron con la disidencia. Está claro que estas mujeres, junto con su compañero liberal, el juez Stephen Breyer, entienden las realidades del lugar de trabajo mucho mejor que los conservadores de la Corte. Desafortunadamente, los cuatro jueces que creen en la defensa de los derechos laborales son superados en número por uno y eso es todo lo que los conservadores necesitan para reducir los derechos de los trabajadores para hacer libre de acoso y represalias.