La Fuerza Aérea Siria ha efectuado reiterados bombardeos contra civiles en forma indiscriminada, y en algunos casos deliberada, dejado miles de muertos. Estos ataques constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario (leyes de guerra), y las personas que cometen estos abusos intencionalmente son responsables de crímenes de guerra.
Los ataques aéreos documentados por Human Rights Watch dejaron un saldo de al menos 152 civiles muertos. Según una red de activistas locales sirios, los ataques aéreos han causado la muerte de más de 4.300 civiles en todo Siria desde julio de 2012.
El informe de 80 páginas, "Muerte bajo el cielo: Ataques aéreos deliberados e indiscriminados contra civiles" (Death from the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians), se preparó a partir de visitas a 50 localidades y más de 140 entrevistas con testigos y víctimas en las zonas controladas por la oposición donde se produjeron ataques aéreos lanzados por el gobierno, en las provincias de Alepo, Idlib y Latakia.
"En todas las aldeas, encontramos a una población civil aterrorizada por la fuerza aérea de su propio país," indicó Ole Solvang, un investigador de Human Rights Watch que trabaja en contextos de emergencia y visitó estos sitios para entrevistar a numerosas víctimas y testigos. "Estos ataques aéreos ilícitos mataron e hirieron a numerosos civiles, y sembraron un camino de destrucción, temor y desplazamiento".
Durante las investigaciones y entrevistas realizadas in situ, Human Rights Watch reunió información que indica que, en ocho ocasiones, fuerzas del gobierno efectuaron ataques deliberadamente contra cuatro panaderías donde civiles estaban formando fila para recibir pan, y lanzaron artillería contra otras panaderías. Los reiterados ataques aéreos contra dos hospitales ubicados en las zonas visitadas por Human Rights Watch sugieren de manera contundente que la ofensiva del gobierno contra estos establecimientos también se llevaron a cabo de manera deliberada.
Además de los ataques contra panaderías y hospitales, algunas ofensivas documentadas por Human Rights Watch, especialmente aquellas en las que no había evidencias de que existiera un objetivo militar válido en las proximidades, podrían haber estado dirigidas contra civiles en forma deliberada, sin embargo se necesita mayor información para poder confirmar esta conclusión, expresó Human Rights Watch.
El uso por parte del gobierno de medios ilícitos de ataque también incluyó el empleo de municiones de racimo, un tipo de arma que ha sido prohibido por la mayoría de los países debido a su naturaleza indiscriminada. Human Rights Watch ha documentado el uso gubernamental de más de 150 bombas de racimo en 119 sitios desde octubre de 2012. Human Rights Watch también pudo documentar que el gobierno usó armas incendiarias cuyo empleo, como mínimo, debería estar prohibido en zonas pobladas.