Una mujer lleva una pancarta con fotografías de personas desaparecidas durante una marcha de las madres de desaparecidos en México D.F., 10 de mayo de 2012. © 2012 Getty Images
Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada, señaló Human Rights Watch en un informe. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, comprobó Human Rights Watch.
El informe de 193 páginas, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
"El Presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia", indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia".
Human Rights Watch encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En algunos casos, como las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Marina sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados.
En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el paradero de estos hombres.
Las casi 250 desapariciones documentadas en Los Desaparecidos de México no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25.000 personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.
Es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar, según comprobó Human Rights Watch. Las escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones.
En ninguno de los 249 casos documentados por Human Rights Watch se ha condenado a los responsables de las desapariciones.
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