Ante las evidencias reunidas, no resultó sorpresiva la decisión de la justicia de declarar culpables y condenar a la pena de muerte a cuatro hombres por la violación colectiva y el homicidio de una joven estudiante en Delhi en diciembre de 2012. A pesar de la imagen de la India que proyectan numerosos ciudadanos de ese país y otras personas en el extranjero, como una sociedad construida sobre la base de los postulados de Gandhi de repudio a la violencia, esta vez se alzaron dentro del país numerosas voces que clamaban por que los acusados pagaran con su vida.
Para quienes desconocen las inexactitudes sistémicas de la justicia penal de la India, el reclamo de pena de muerte para los culpables podría parecer la forma más obvia de poner freno a estos ataques aberrantes. Esta agresión, y otras que se produjeron con posterioridad, hicieron que la población se volcara a las calles para exigir garantías.
También generó mayor conciencia sobre un hecho alarmante: ya no hay dudas de que la violencia contra mujeres y niños, incluido el abuso sexual, es un fenómeno común en la India. Pero esto, por sí solo, no supone un gran avance. Inmediatamente después de la violación ocurrida en Delhi, varios líderes políticos y religiosos del país tuvieron el desatino de formular comentarios inapropiados sobre las mujeres. Se ha instaurado una cultura de vigilancia moral (que incluye ataques en turbas contra mujeres en bares, hostigamiento de parejas durante el Día de San Valentín, y otras acciones de control) en gran medida tolerada, e incluso fomentada, por algunos políticos, que exacerbó la condiciones de inseguridad para las mujeres.
Sin embargo, la sentencia resulta especialmente inquietante. Quienes sostienen, como el ministro del interior Sushil Kumar Shinde, que la pena capital servirá para disuadir estos delitos, deberían analizar el problema con mayor profundidad. Los diversos estudios sobre el tema no han demostrado de manera concluyente que la pena de muerte reduzca los índices delictivos o contribuya a su disuasión.
El Ministro del Interior y su gobierno deberían, en vez, abordar la ausencia sistemática de investigación y juzgamiento efectivos de casos de violación en el país. El gobierno debería eliminar los obstáculos institucionales que se interponen a la posibilidad de la población de denunciar actos de violencia sexual. Debería conformar una fuerza de policía con adecuada formación y rendición de cuentas, integrada por una mayor proporción de mujeres, que responda de manera humana a las denuncias, investigue seriamente los hechos y reúna pruebas que permitan procesar a los responsables. También deberá crear un programa funcional de protección de víctimas y testigos.
La pena de muerte definitivamente no es la respuesta. Si bien se trata de una solución populista y fácil que puede llegar a conformar momentáneamente a la población, el gobierno debería abolir esta medida inhumana y emprender una tarea más difícil de reforma institucional. Este sí sería el camino para prevenir verdaderamente que mujeres y niños sufran ataques en el futuro.
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