(Bogotá) - Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.
En la foto: Mario Cuitiva, líder de familias desplazadas que reclaman tierras en la hacienda Santa Paula, señala un mapa cartográfico del departamento de Córdoba. Montería, julio de 2012.© 2012 Stephen Ferry para Human Rights Watch.
El informe de 203 páginas, titulado: "El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia", documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.
"El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos", observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo".
Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.
Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.
Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.
Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.
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