Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch en un informe.
El informe de 78 páginas, "Aquí no hay investigaciones': Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras", examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.
"Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave", observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades".
En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.
La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.
En casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas.
La falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial, expresó Human Rights Watch. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables.
En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.
Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) --el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)-- ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant.