(New York) - La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no impedir que los estados de Washington y Colorado legalicen el consumo, la producción, distribución y comercialización de marihuana para uso recreativo debería contribuir a reducir las consecuencias negativas para los derechos humanos que tienen las actuales políticas en materia de control de drogas, señaló Human Rights Watch. A este anuncio se sumó la presentación de un memorándum del Departamento de Justicia que ofrece nuevas pautas a todos los fiscales federales con respecto a la aplicación de las leyes relativas a la marihuana.
"La decisión del gobierno de Obama de permitir que Washington y Colorado formulen alternativas a las políticas actuales sobre el control de drogas constituye un paso inteligente y humanitario", observó Maria McFarland, subdirectora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. "Las políticas vigentes basadas principalmente en la criminalización del consumo de drogas socavan los derechos humanos y han tenido un alto costo en materia de violencia y abusos. Ya es tiempo de que Estados Unidos emprenda una reforma de sus políticas en materia de drogas".
El memorándum del Departamento de Justicia, de fecha 29 de agosto de 2013, actualiza las pautas anteriores a la luz de las consultas populares que se efectuaron hace pocos meses en los estados de Colorado y Washington y en las cuales la población se pronunció a favor de legalizar el consumo recreativo de marihuana y regular su producción, venta y distribución. También se aplica a los 20 estados de los Estados Unidos que han legalizado el consumo de marihuana con fines médicos.
"Resulta alentador que el memorándum del Departamento de Justicia reconozca que un sistema regulado de distribución de drogas podría contribuir a reducir el poder y los enormes ingresos obtenidos por las organizaciones criminales", comentó McFarland. "El crimen organizado violento, que en muchos casos se financia a través del comercio de drogas ilícitas, implica una amenaza genuina para los derechos humanos y el estado de derecho a nivel global. Es crucial que los gobiernos evalúen formas alternativas de regular no sólo el uso, sino también el comercio de drogas".
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