Fiscales fuerzan declaraciones de culpabilidad en casos de delitos de drogas

Casi la mitad de los acusados federales por delitos de drogas desempeñan funciones de bajo nivel, como traficante ambulante o mensajero, y hasta tres cuartas partes de ellos son condenados por delitos castigados con penas mínimas obligatorias.
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La prisión federal de Terre Haute en Indiana es una de las 130 instalaciones federales a las que los condenados por delitos federales de drogas pueden ser enviados.
© 2001 Andy Clark/REUTER
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Fiscales federales, de manera rutinaria, amenazan con penas de prisión extraordinariamente severas a los acusados de delitos de drogas con el único fin de coaccionarlos para que renuncien a su derecho a un juicio y se declaren culpables, dijo Human Rights Watch en un informe. En los pocos casos en los que los acusados insisten en ir a juicio, los fiscales cumplen con sus amenazas. Los delincuentes federales por delitos de drogas que son condenados tras un juicio reciben sentencias en promedio tres veces más largas que aquellos que aceptan un acuerdo con el fiscal, según las nuevas estadísticas elaboradas por Human Rights Watch.

El informe de 126 páginas, "An Offer You Can't Refuse: How US Federal Prosecutors Force Drug Defendants to Plead Guilty," ("Una oferta que no podrá rechazar: Cómo los fiscales federales de EE.UU. obligan a los acusados de delitos de drogas a declararse culpables"),detalla cómo fiscales a lo largo de los Estados Unidos extraen declaraciones de culpabilidad de acusados por casos federales de drogas imputándoles o amenazando con imputarles delitos que implican severas sentencias obligatorias, y solicitando agravantes sobre sus penas. Los fiscales ofrecen sentencias mucho menores a los acusados a cambio de que se declaren culpables. Debido a que los acusados de delitos de drogas casi siempre son condenados, no es de extrañar que el 97 por ciento decide declararse culpable.

"Los fiscales ofrecen a los acusados de delitos de drogas una supuesta elección, que en los casos más graves implica declararse culpable y recibir una pena de 10 años, o arriesgarse a ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional si van a juicio", dijo Jamie Fellner, asesora principal del Programa de EE.UU. en Human Rights Watch y autora del informe. "Los fiscales presentan ofertas que pocos acusados de delitos de drogas pueden rechazar. Esto es pura y simple coacción".

En la década de 1980, cuando el Congreso promulgó leyes de sentencia mínima obligatoria, la intención de los legisladores era que los capos de la droga recibieran penas de mínimo 10 años y que los traficantes de nivel medio cumplieran penas de mínimo cinco años. Pero debido a que las leyes vinculan la sentencia al peso y el tipo de droga, y no al papel específico que desempeñó el delincuente, los fiscales pueden imponer los mismos cargos con la misma sentencia obligatoria contra un mensajero que entrega un paquete de drogas que contra el líder de una banda de narcotraficantes para quien eran las drogas. Casi la mitad -48 por ciento-- de los acusados federales por delitos de drogas desempeñan funciones de bajo nivel, tales como traficante ambulante o mensajero, y cerca de la mitad o hasta tres cuartas partes de ellos son condenados por delitos castigados con penas mínimas obligatorias.

Los fiscales también presionan a los acusados por delitos de drogas a que se declaren culpables amenazándolos con agravantes a las sentencias obligatorias y sanciones que se pueden aplicar si el acusado tiene una o más condenas previas por delitos de drogas o poseía un arma de fuego en el momento del delito. Si los fiscales llevan a cabo sus amenazas, consiguen sumar décadas al tiempo que el acusado pasa en la cárcel, lo que se traduce en sentencias que, tal como las describió hace poco John Gleeson, un juez federal del Distrito Este de Nueva York, son "tan excesivamente severas que le quitan a uno el aliento".

En uno de los cientos de casos que Human Rights Watch revisó, Sandra Avery, una traficante de drogas de poca monta, rechazó una declaración de culpabilidad con una sentencia de 10 años por posesión de 50 gramos de crack de cocaína con la intención de entrega. El fiscal le imputó un agravante a la sentencia basándose en condenas previas por simple posesión de drogas y la acusada fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.

Además de la revisión de casos, el informe también se basa en numerosas entrevistas con fiscales federales, abogados defensores y jueces. El reporte también incluye nuevas estadísticas elaboradas por Human Rights Watch que proporcionan la medida más reciente y detallada de lo que el informe llama la "pena por juicio": la diferencia en las penas que reciben los acusados que se declaran culpables en comparación con las que reciben aquellos que son condenados después de un juicio. La pena por juicio es, en esencia, el precio que los fiscales hacen que los acusados tengan que pagar por ejercer su derecho a un juicio.

"Ir a juicio es un derecho, no un delito", señala Fellner. "Pero los acusados son castigados con penas más severas por ejercer ese derecho".

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