Un hombre es detenido por un oficial de la policía encubierto en Nueva York, el 18 de julio de 2007.© 2007 Reuters
La sentencia emitida el lunes pasado por el tribunal federal que determina que las tácticas de "detención y registro" de la policía de Nueva York violan los derechos constitucionales de las minorías confirman lo que datos han venido exponiendo desde hace años. Entre 1996 y 2010, el 86 por ciento de las personas interceptadas por la policía de Nueva York para su "detención y registro" eran afroamericanos o latinos, a pesar de que estos grupos representar únicamente el 52 por ciento de la población. Esta disparidad racial plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos, y concuerda con un patrón de discriminación racial todavía mayor en el contexto de la aplicación de la ley de los Estados Unidos en los casos de drogas de todo el país.
A fin de encontrar una violación al derecho constitucional de los EE.UU., los tribunales estadounidenses invariablemente han exigido una declaración de que existió una intención real de discriminar en tanto que la jueza federal Shira A. Sheindlin consideró que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se debe prohibir los cateos y confiscaciones más allá de lo razonable por parte de las autoridades contra un grupo racial o étnico, independientemente de si hay o no alguna intención de discriminar contra ese grupo. La norma de los derechos humanos es la mejor, ya que habría dejado atrás las prácticas nocivas de Nueva York desde hace años.
La detención y el registro a manos de la policía de Nueva York también es una mala política. Según el comisionado de la Policía de Nueva York, Ray Kelly, el propósito fundamental de la "detención y registro" es poner fin a la violencia y "retirar las armas ilegales de las calles." Sin embargo, debido a que un número mayor de personas son detenidas por presuntos delitos de marihuana que de armas de fuego, de acuerdo con la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés), está claro que también entra en juego la teoría de que las personas involucradas en delitos de drogas de bajo nivel son propensos a cometer delitos cada vez más graves.
La presunción es que los cateos van a disuadir o prevenir los delitos futuros y, si esos cateos dan lugar a posibles detenciones, esas huellas dactilares y otros datos de identificación capturados ayudarán a la policía a resolver crímenes en el futuro. Human Rights Watch cuestionó la teoría en nuestro informe de 2012, "Pista falsa", nuestro análisis reveló que los residentes de New York, cuyo primer contacto con la justicia es por posesión de marihuana, rara vez se convierten en delincuentes peligrosos en el futuro. Nuestros datos muestran que la policía arrastra principalmente a una gran cantidad de jóvenes de color hacia el sistema de justicia penal de la ciudad de Nueva York que posteriormente no participa en crímenes violentos.
Sheindlin no suspendió la medida de "detención y registro", pero insistió en una revisión sólida en el futuro. La policía de Nueva York debería reconsiderar la práctica, la cual no ayuda a prevenir los crímenes violentos y, en caso de persistir en su uso, asegurarse de que no exista una intención o un efecto discriminatorio.