Cientos de arrendatarios de Arkansas se enfrentan a procesos penales cada año por no pagar su alquiler en forma puntual ni desocupar sus viviendas con suficiente rapidez. La legislatura del estado de Arkansas debería derogar la ley abusiva que permite estos juicios, la cual no tiene equivalentes en ningún otro estado de Estados Unidos.
El informe de 44 páginas "Pagar el alquiler o ser detenido: Consecuencias abusivas de la ley penal sobre desalojo de Arkansas" [Pay the Rent or Face Arrest: Abusive Impacts of Arkansas's Criminal Evictions Law] relata las historias de arrendatarios de Arkansas que fueron llevados ante la justicia penal por transgresiones que en ningún otro estado de Estados Unidos se consideran delitos. Otros arrendatarios que no violaron la ley han sido acusados por fiscales que dieron crédito a reclamos dudosos interpuestos por los propietarios. Varios de los arrendatarios entrevistados para este informe fueron interceptados en sus hogares o centros de trabajo por policías que tenían órdenes de arresto. Un juez de distrito incluso recriminó a una mujer en plena audiencia y la comparó con un ladrón de bancos.
"La ley de Arkansas 'sobre incumplimiento de la obligación de desocupar inmuebles' es injusta y avasalla derechos fundamentales de los arrendatarios", expresó Chris Albin-Lackey, investigador sénior de Human Rights Watch sobre empresas y derechos humanos. "También criminaliza las graves dificultades económicas que muchos de los arrendatarios ya enfrentan".
Conforme a la ley de Arkansas sobre incumplimiento de la obligación de desocupación, un propietario puede exigir que su arrendatario desocupe la propiedad en el término de 10 días si no paga la totalidad del alquiler puntualmente. De no acatar este reglamento, el inquilino habrá incurrido en un delito menor. Los arrendatarios no tienen posibilidad de plantear su versión de la situación en la corte sin arriesgarse a que se imponga una condena penal.
Muchos arrendatarios terminan en los tribunales precisamente porque apenas logran cumplir con su obligación de pagar el alquiler, y mucho menos pueden solventar las elevadas multas que habitualmente se fijan con la condena. Sin embargo, la ley establece que el tribunal deberá condenar al arrendatario independientemente del motivo por el cual la persona no pudo pagar el alquiler en su totalidad o puntualmente, o no pudo mudarse antes del plazo de 10 días. Los derechos e intereses de los arrendatarios no se toman en cuenta en las deliberaciones de la justicia.
Tan sólo en 2012, más de 1.200 arrendatarios de Arkansas fueron acusados por incumplimiento de la obligación de desocupar inmuebles en virtud de esta ley. Y la cifra es significativamente inferior a la cantidad real de personas afectadas por la norma. La gran mayoría de los arrendatarios hacen lo posible por dejar la vivienda cuando se les notifica que tienen 10 días para desocupar el inmueble o que, de lo contrario, irán a juicio, y se trata sin duda de una reacción justificada.
Como si esto no fuera poco, la ley disuade enérgicamente a los arrendatarios de invocar su inocencia. Aquellos que optan por afirmar que no son culpables, deben depositar en el tribunal el monto total del alquiler que supuestamente adeudan, y si finalmente se determina que son culpables, pierden el valor consignado. Los arrendatarios que no pueden depositar el alquiler, pero que igualmente se declaran inocentes, se enfrentan a multas mucho más severas y hasta a 90 días de cárcel. Ninguna de estas sanciones se aplica a aquellos arrendatarios que se declaran culpables.
"La ley sobre incumplimiento coacciona a los arrendatarios para que desocupen la propiedad de manera pacífica, o bien se declaren culpables, en lugar de hacer valer su derecho a defenderse de acusaciones penales y ser escuchados por la justicia", expresó Albin-Lackey. "Lo más inquietante es que, para ello, la ley convierta a los fiscales en abogados defensores de los propietarios, a costa de los contribuyentes".