En estos días en que los mexicanos celebramos a quienes se nos adelantaron en el viaje cabe preguntarnos qué representa la muerte para el o la mexicana contemporánea. Así como un muerto puede representar la pérdida de todo para alguien cercano o simplemente una cifra en un periódico, me pregunto qué han de pensar los ejecutivos de las empresas mineras que operan en el país cuando ocurre la muerte de algún activista que se opone a sus actividades de explotación mineral. Es pertinente la pregunta dado que la frecuencia con que se presenta este fenómeno parece estar aumentando alarmantemente en México.
El pasado 22 de octubre levantaron y asesinaron a los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís, cónyuges integrantes del Barzón que se opusieron a la posibilidad de perder su suministro de agua por los planes de la minera canadiense MAG Silver para explotar una mina de molibdenita (de la cual se extrae el molibdeno, un metal utilizado en la industria para aleaciones, entre otros usos) en las inmediaciones de su comunidad, el ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Me pregunto si el ejecutivo de esta empresa posiblemente se conmovió por el deceso de la pareja y envió sus condolencias a los deudos. A lo mejor, al estar fuera del país, no se enteró. No podemos culparlo, Canadá es un país muy lejano. Pero posiblemente el director local de la subsidiaria mexicana de esta empresa, la minera El Cascabel, se apresuró a asistir al funeral y a asegurarle a familiares y amigos que cuentan con su apoyo para atravesar estos momentos difíciles.
Digo, el encontrarse en lados opuestos de un conflicto social-ambiental no impide a las partes involucradas tener un trato respetuoso y civil. Al final de cuentas vivimos en un Estado de derecho y bajo un régimen democrático. Como decía Voltaire: "Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con la vida tu derecho a decirlo". Además, la minera debería ser la primera interesada en que se esclarezcan estos hechos. No faltarán por ahí los morbosos que piensen que se asesinó a estos activistas para facilitar el comienzo de los trabajos de explotación de esta empresa.
Otro interesado en encontrar pronto a los asesinos de Ismael y Manuela debe ser el gobierno de Chihuahua. ¿No llegaron, acaso, los barzonistas el 15 de octubre a las puertas del Palacio de Gobierno en la capital del estado a solicitarle protección al gobernador César Duarte y sus funcionarios tras una golpiza que sufrió Ismael en la que fue amenazado de muerte (sólo una semana antes de su asesinato)? Por supuesto que el gobierno del estado atendería todas las diligencias necesarias para evitar que el homicidio de Ismael y Manuela permanezca impune. Ya bastante mala imagen tiene este gobierno tras el asesinato, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, de Marisela Escobedo, quien demandaba justicia para su hija asesinada y tantas otras víctimas de feminicidios. El gobernador, alarmado por estos hechos, seguramente hará todo lo posible por no parecer omiso, obtuso o incluso cómplice tácito frente a estos crímenes, tal como lo han tratado de retratar diversos medios malintencionados.
Asimismo, sería pertinente preguntarle al presidente Felipe Calderón si una muerte en algún rincón del país representa para él una trágica pérdida o sólo una cifra más. Por supuesto, no cometeré la impertinencia mayúscula de preguntar si se mortifica con las muertes violentas de más de 70 mil mexicanas y mexicanos como consecuencia de su estrategia para "evitar que la droga llegue a tus hijos" (como rezan sus spots en medios masivos). Al fin y al cabo, no existía otra alternativa. ¿O sí?
Me limitaré a preguntarle a Felipe Calderón, como principal promotor de las actividades mineras, y a los ejecutivos de este tipo de empresas que operan en México qué es lo que está sucediendo, donde activistas, comunidades y trabajadores mineros están sufriendo muertes violentas, golpizas, secuestros y amenazas en las inmediaciones de los sitios donde las minas operan (o pretenden operar). Se les asesina en Chicomuselo, Chiapas (noviembre, 2009) y en San José del Progreso, Oaxaca (enero y marzo, 2012); se les desaloja violentamente en La Sierrita, Durango (la semana pasada); se les secuestra en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco (también la semana pasada); fallecen por negligencia patronal al trabajar en minas en Coahuila (147 muertos desde 2006 hasta hoy) y ahora mueren violentamente en Buenaventura, Chihuahua. Que terrible coincidencia que tengan que ocurrir estas tragedias justamente a las puertas de sus prósperos negocios, ¿no lo creen?
Esperemos que algún día demos con los responsables.
¿El castigo a los culpables?
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