Por Yuri Soares y Sandra V. Rozo
Yuri Soares es el jefe d la unidad de efectividad en el desarrollo del Fondo Multilateral de Inversiones. Cuenta con un PhD en economía de Michgan State University y una maestría en economía agrícola de la Universidad de Florida. Ha trabajado en los Estados Unidos y Brasil.
La región de Latinoamérica y el Caribe es la más violenta del mundo, según el Global Study on Homicide más reciente, al menos en cinco de sus grandes ciudades se producen al año más de 100 homicidios por cada 100.000 personas. Aunque el tipo de violencia varía de unas regiones a otras, gran parte de esta está relacionada con actividades ilegales en torno al mundo de la droga, especialmente en los países que la producen y aquellos que son canales de distribución para los principales mercados de explotación hacia Europa y Estados Unidos. Tal y como se explica en un reciente artículo de opinión publicado por The Brookings Institution, la nueva tendencia a la legalización del mercado de la marihuana, en especial en Estados Unidos, no debería entenderse como la solución milagrosa para la prevención de la violencia relacionada con el mundo de las drogas.
Las medidas anti drogas más comunes
El éxito de muchas medidas anti drogas adoptadas por los gobiernos de la región durante la pasada década ha sido en el mejor de los casos ambivalente, ya que el coste también ha sido elevado. Las medidas más comunes en la lucha contra las drogas están relacionadas con la erradicación del cultivo e incluyen la fumigación a gran escala, la erradicación manual, la destrucción de laboratorios y la adquisición e incautación de la droga. En Colombia, por ejemplo, que ha tratado de aplicar la política antidroga más ambiciosa en toda la región, el área cultivada descendió significativamente entre 2001 y 2013. No obstante, los datos recientes de Naciones Unidas indican que el hecho de que el área cultivada aumentase de forma importante en 2014 demuestra lo fugaces que pueden ser los resultados conseguidos y destaca la naturaleza insoslayable del problema.
Además, los intentos de erradicación tradicionales son muy costosos. Una reciente estimación de Mejía, Restrepo y Rozo muestra que reducir una hectárea de cultivo de cocaína cuesta alrededor de 100.000 dólares, principalmente porque hay que fumigar entre 30 y 45 hectáreas para reducir una hectárea de producción. Y todo esto suma. De nuevo en Colombia, Mejía, Restrepo y Rozo estiman que el coste de las medidas antidroga alcanza el 1,1% del producto interior bruto.
Un enfoque diferente
Como complemento a las típicas medidas de erradicación, existen otros programas alternativos para combatir el negocio ilícito de la droga a partir de la resiliencia económica. Esto se consigue desarrollando oportunidades de mercado e incentivos económicos para productores que consigan disuadirles de participar en la producción ilegal. Una vez más, Colombia ha sido un pionero en la región en este sentido, tomando medidas como:
- La implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo en 1995, un programa dedicado a generar fuentes de ingresos legales alternativas para los productores rurales que estaban involucrados en la producción ilegal de droga.
- El lanzamiento del programa Familias Guardabosques en 2003, un programa de transferencia monetaria condicionada que recompensa con un subsidio en efectivo a los productores que eliminan sus cultivos de cocaína.
Estas medidas tienen el potencial de introducir incentivos económicos que pueden alterar el cálculo coste-beneficio de las actividades en torno a la producción de droga. Desafortunadamente, no sabemos si de hecho consiguen crear resiliencia económica. Y si es así, ¿será suficiente para establecerse como una alternativa viable al mercado ilegal?
Uno de los intentos de aprender sistemáticamente sobre el papel de los programas alternativos es un estudio desarrollado conjuntamente entre el Fondo Multilateral de Inversiones y la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito sobre el programa de cultivos alternativos en Colombia.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
El programa apoyó a 57 pequeñas organizaciones de productores agrícolas, que representaban a alrededor de 3.000 productores en riesgo de participar en el cultivo de cocaína, bien porque habían parado de cultivarla recientemente o bien porque estaban localizados en áreas de alta concentración de estos cultivos. El proyecto ofrecía a los productores asistencia técnica para mejorar sus cultivos en fuentes alternativas de ingresos, como el cacao, el café, la miel o la palma africana, pero aún más importante, ayudaba a los productores a abrir nuevos canales de negocio para vender estos productos. Este estudio muestra como el proyecto ha generado un incremento de la productividad, una mejora en la calidad del producto y a unas ventas muy superiores. Aunque la producción de cocaína en sí no se había medido anteriormente, la magnitud de los incentivos económicos, un aumento del 30% en las ventas, podría ser suficiente para competir con la industria de la cocaína, caracterizada por ser especialmente rentable.
El estudio identifica a su vez factores clave para el éxito:
- Los encargados de implementar el proyecto fueron organizaciones locales que tenían más probabilidad de ganarse la confianza de los productores. La confianza, por tanto, es un aspecto fundamental en la lucha colectiva contra el narcotráfico.
- El proyecto se puso en marcha al mismo tiempo que otras políticas públicas complementarias como el programa de contrapartidas en efectivo impulsado por la comunidad, Familias Guardabosques.
- El programa involucró a inversores privados y consumidores al por mayor asociando los productos con la marca productos para la paz. Esto no solo diferenció los productos, si no que ayudó a desarrollar la cadena de producción clave que los productores necesitaban para lograr los objetivos de ingresos de su actividad económica.
El éxito del programa se ha traducido en una expansión: se espera que alcance los 100.000 productores en los próximos 5 años.
Incluso aunque consigan ampliarse, lo más probable es que estos programas nunca proporcionen suficientes incentivos como para disminuir radicalmente el cultivo de cocaína. Los incentivos económicos que ofrece el narcotráfico son demasiado elevados. Se deben implantar incentivos económicos alternativos como parte de un conjunto de políticas públicas completo. Tal y como hemos visto recientemente con el aumento repentino de la producción de cocaína en América Latina y el Caribe, las industrias ilegales tienen la capacidad de expandirse rápidamente a nuevas zonas. Medidas reactivas tales como la erradicación, tradicionalmente se han encontrado con la dificultad de adivinar cuáles son las zonas de cultivo, pero las medidas alternativas, en términos generales, se pueden implementar en cualquier área de riesgo. Junto con otras políticas públicas, pueden servir como un mecanismo para desarrollar resiliencia económica entre productores en riesgo y pueden disminuir el riesgo de que comunidades enteras vuelvan a la producción de droga.
Sandra V. Rozo
Sandra V. Rozo es profesora de la Marshall School of Business en la University of Southern California. Tiene un doctorado en Economía de la University of California en Los Ángeles y una maestría en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.
Del blog Tendencias del Fondo Multilateral de Inversiones