Las infames finanzas públicas de El Salvador

Debate de las últimas semanas: el Estado salvadoreño no tiene dinero y está al borde del colapso por la elevada deuda. ¿Por qué? Según la oposición, por el elevado gasto y el despilfarro del gobierno, y según el gobierno y el partido que lo sustenta, porque no se recauda suficiente.
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A demonstrator holds a casserole as he takes part in a 'casserole march' against government's austerity reforms and the public payment of bank's debts on October 13, 2012 in Madrid. AFP PHOTO/ PEDRO ARMESTRE (Photo credit should read PEDRO ARMESTRE/AFP/GettyImages)
A demonstrator holds a casserole as he takes part in a 'casserole march' against government's austerity reforms and the public payment of bank's debts on October 13, 2012 in Madrid. AFP PHOTO/ PEDRO ARMESTRE (Photo credit should read PEDRO ARMESTRE/AFP/GettyImages)

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Debate de las últimas semanas: el Estado salvadoreño no tiene dinero y está al borde del colapso por la elevada deuda. ¿Por qué? Según la oposición, por el elevado gasto y el despilfarro del gobierno, y según el gobierno y el partido que lo sustenta, porque no se recauda suficiente.

Son, como de costumbre, posiciones maniqueas y que ofrecen explicaciones muy limitadas de la verdadera realidad fiscal de El Salvador. Ésta está en un pozo mucho más profundo que las superficiales fallas expuestas por políticos, empresarios y opinadores en general.

Los gastos son excesivos, dice la derecha política y empresarial. Es un mantra que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y responde a una concepción de la administración pública que está totalmente en contra de ésta. Es decir, para estas personas el Estado es ineficiente por definición, por eso debe reducirse al mínimo y privatizar todo lo posible para que sean los muy eficientes empresarios los que cubran la oferta de servicios, con el correspondiente beneficio, obviamente. Según esta concepción, ese modelo, basado en la competencia, favorece a los usuarios y además crea empleo.

Huelga decir que en El Salvador, para comenzar, no existe un mercado ni libre ni realmente competitivo. La Superintendencia de Competencia tiene a disposición de quien quiera leerlos varios estudios sobre algunos mercados del país, como el de medicamentos y el de alimentos, que dejan muy claro que la estructura de los mismos es oligopólica y anticompetitiva, por lo que beneficia en exclusiva a ciertas personas o grupos favorecidos desde el poder político durante muchos años.

Así, no se dan servicios mejores ni más baratos a la ciudadanía y no se asegura la creación de empleo, pues esos empresarios, en vez de expandir su mercado en el país, que ya está suficientemente controlado, se dedican a sacar sus dólares hacia otros países de la región y a expandirse. Los grandes empresarios salvadoreños son los más exitosos de Centroamérica. Han configurado enormes grupos regionales que dominan sectores enteros, principalmente comerciales, y que han de hacer pensar a los habitantes de Nicaragua o Costa Rica que El Salvador es un país pujante. Nada más lejos de la realidad.

Estos empresarios lo único que hacen es sacar a otros países sus beneficios, obtenidos en muchos casos con influencias y favores políticos, maximizados por los salarios de hambre que pagan y las exenciones fiscales de que disfrutan, mientras su país se mantiene en una situación insostenible. Esta situación es descrita ampliamente por lo datos recientemente publicados por la DYGESTIC.

En definitiva, son los usufructuarios de un modelo que solo funciona para ellos. Son muy pocos y tienen un nivel de renta enorme. Son defendidos por los principales medios de este país y desde las organizaciones de empresarios. Por supuesto, también son defendidos por ARENA. Yo no sé cuántas personas son exactamente, pero se puede colegir que no más de unas pocas decenas.

A ellos se unen algunas transnacionales que operan en el país y que son también beneficiarias de un sistema viciado. Ejemplo: Claro, o América Móvil, como se llama la empresa matriz, propiedad del mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Compró ANTEL por un precio ridículo y durante años ha declarado beneficios igual de ridículos. Pagan más sus empleados por sus sueldos que la empresa por sus beneficios. Esto seguramente ocurra también este año, cuando el gobierno no cobra impuesto sobre la renta a personas con sueldos bajos, como son la mayoría de los que paga Claro. Otro ejemplo: CAESS, empresa prácticamente monopólica de distribución de energía. Año tras año viene declarando pérdidas o beneficios risibles. Es uno de esos casos de altruismo empresarial que consisten en que una empresa que tiene pérdidas no cierra ni despide a sus trabajadores, una práctica inusualmente común en El Salvador. Por supuesto, al no declarar beneficios, CAESS tampoco paga impuestos. Seguramente sea uno de los poquísimos monopolios del mundo que no da beneficios y el único que no lo hace, siendo privado, en el (ya se sabe) poco lucrativo negocio de la energía. Eso sí que es eficiencia empresarial.

No son casos aislados; en este país muchas empresas no tienen beneficios. De alguna manera, experimentan un subidón en sus gastos en los últimos meses del año que hace cuadrar éstos con sus ingresos. Por tanto, no tienen beneficios y no pagan impuestos o pagan muy pocos. Desde el Ministerio de Hacienda señalan que se conoce perfectamente cómo se hace esta ingeniería financiera, que tampoco es muy sofisticada, pero no se combate por una decisión política del gobierno. Esas mismas fuentes cifran en más de 2.500 millones dólares lo que el Estado deja de recaudar cada año por la evasión de impuestos de las empresas. Si se suma a esta cifra lo que se roba de IVA y la que resulta del subsidio generalizado que en forma de exenciones fiscales el Estado salvadoreño da fundamentalmente a multinacionales, operadores de bolsa y exportadores, estamos ya muy cerca de los 4.000 millones de dólares anuales que no se recaudan en impuestos.

Para que se entienda, en 2011 los ingresos corrientes totales del Estado fueron, según el Ministerio de Hacienda, de 3,642.5 millones de dólares. Son ingresos que provienen principalmente de dos impuestos; el IVA, un impuesto indirecto y por tanto regresivo e injusto, y el Impuesto Sobre la Renta, es decir, el que es detraído de los sueldos de los trabajadores. Entre los dos sumaron 2,994.4 millones en 2011. El Presupuesto General de la Nación para 2012 es de 4,203 millones. Todo lo que el gobierno pretende gastar este año es solo un poco más que lo que dejará de recaudar en impuestos. Es decir, que si se recaudara ese dinero, el gobierno tendría casi el doble para gastar.

Así las cosas, según la derecha política y empresarial, el problema de las finanzas públicas son los uniformes, los zapatos y el vaso de leche que se da a los alumnos en las escuelas. También la contratación de más personal del Ministerio de Salud para llevar servicio básico a todos los rincones del país. Y por supuesto, los subsidios a servicios básicos como el agua, la energía y el transporte. Ahí está el despilfarro del gobierno, un gobierno que recauda en impuestos un ridículo 15% del Producto Interno Bruto (PIB), que no hace nada por combatir efectivamente el fraude y que acude al endeudamiento externo como instrumento para financiarse. La deuda soberana supera ya los 13.000 millones y en 2013, según el proyecto de presupuesto del gobierno, se pagarán 1.200 millones solo en intereses de esa deuda.

Mientras, los funcionarios públicos obtienen sueldos ridículos (la mayoría de policías, maestros y médicos cobran a duras penas 400 dólares mensuales), son pocos y mal formados y su propia situación no les empuja precisamente a trabajar con la mayor de las ilusiones por los proyectos que tienen entre manos. El resultado es un penoso desempeño que año con año no permite ejecutar más allá de un 60% del presupuesto de todos los ministerios en promedio.

Por tanto, lo más lamentable de todo es que, dadas las condiciones actuales del aparato del Estado, si se recaudara todo lo que se debe de acuerdo a las normas fiscales vigentes, no sería capaz de aprovecharlo. No digamos si se realizara una verdadera reforma fiscal progresiva que supusiera una presión tributaria acorde a la lógica de los países en desarrollo, es decir, que llegara a entre el 25 y el 30% del PIB.

Así que, ¿dónde está el problema? ¿Es un problema de gasto o de recaudación? Es evidente que hay gastos que es necesario racionalizar, pero si hay algo irracional en este país es la estructura de ingreso. Y los golpes de pecho del gobierno y del FMLN por recaudar un poco más estos últimos ejercicios son totalmente injustificados, pues la infamia continúa prácticamente intacta tras más de tres años de gobierno.

Esta situación se debe a la ideología que ha dominado durante tantos años y sigue dominando este país. Las consecuencias prácticas, tras dos décadas de aplicación en El Salvador de la doctrina anti Estado, son básicamente la carencia un entramado público capaz de convertir al mismo en garante de los derechos de los ciudadanos y en motor crecimiento de la economía del país. No hay que engañarse, ningún país del mundo se ha desarrollado sin un papel preponderante del Estado. Ni siquiera Estados Unidos. No nos olvidemos de la solución que se aplicó en ese país a la crisis de los años 30 del siglo pasado.

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