Durante el fin de semana pasado, mientras la opinión pública en México continuaba eufórica por la detención de la líder sindical del magisterio, Elba Esther Gordillo, considerada el primer acto de fuerza del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en Ojinaga, Chihuahua, asesinaban al primer periodista del sexenio.
Jaime Guadalupe Domínguez, de 38 años de edad y director del portal Ojinaga Noticias, fue asesinado la tarde del domingo 3 de marzo. Un grupo armado acribilló al reportero alrededor de las seis y media de la tarde en una calle del centro de la ciudad. Domínguez sufrió 18 heridas de bala. Al día siguiente el portal anunció que, con el asesinato de su reportero y director, "muy probablemente esta sea nuestra última nota".
Aunque Domínguez es el primer periodista asesinado bajo el gobierno de Peña Nieto, el incidente dista de ser un caso aislado. Días antes, el martes 26 de febrero, un grupo armado disparó contra las instalaciones del diario El Siglo de Torreón, en el estado de Coahuila, y contra los policías federales que vigilan esas instalaciones debido a agresiones previas, la primera ocurrida en 2009 y la segunda en 2011. En el ataque resultaron heridas dos personas.
Menos de un mes antes, cinco trabajadores del mismo diario fueron secuestrados en distintos momentos y lugares, y dejados en libertad unas horas después. No eran reporteros. Eran trabajadores de las áreas internas del diario que nada tienen que ver en el tratamiento de la información aunque forman parte de su hechura, como parte de un equipo de trabajo. En ninguno de los casos previos hubo detenidos ni resultados públicos de la investigación.
Escribo estas líneas la noche del 6 de marzo, tras enterarme de que hace unas horas se volvieron a registrar ataques armados a medios de comunicación, esta vez contra las instalaciones de Canal 44 y de El Diario de Juárez, en la ciudad del mismo nombre, en Chihuahua.
Todo esto ocurre mientras el nuevo gobierno detiene a un personaje corrupto y algunos medios de comunicación venden el hecho como si fuera un acontecimiento notable; como si hacer justicia y castigar el desvío de recursos no fuera la obligación de un gobierno, sino una gracia que se tuviera que aplaudir. Con esta misma complacencia, esos medios repiten el discurso oficial de la gestión peñanietista que asegura que con el regreso del PRI al poder la violencia desaparecerá y el país regresará a la calma.
Los mismos medios que antes reportaban cada muerto, decapitado, descuartizado, encajuelado y colgado en el país, a partir del primero de diciembre de 2012 ignoran estos reportes o los publican en una nota pequeña en la última sección. Los medios que siguen registrando lo que ocurre en sus comunidades, los que insisten en preservar la memoria, siguen estando bajo ataque. Y aún así, las estadísticas recientes muestran que la cifra de mil muertos al mes en promedio en el país se sostiene a pesar del cambio de gobierno; que la violencia no cesa. Los recientes ataques a periodistas lo confirman. Esto no para.
El discurso oficial insiste en calificar a las víctimas de la violencia como "los muertos de Calderón". Esto es falso. Los muertos no son de un presidente; son de México, y México no merece seguir teniendo muertos. Esta tarde la Red de Periodistas de Juárez emitió un comunicado pidiendo que se investiguen los atentados a sus colegas en esa ciudad. Hoy me permito utilizar este espacio para suscribir la petición: Ni un muerto más. Ni un intento de silenciar a los medios más. Ni un periodista asesinado más.
Pronunciamiento de la Red de Periodistas de Juárez ante ataque a El Diario y Canal 44
Ante los ataques armados perpetrados hoy en contra de las instalaciones del Canal 44 y de El Diario, la Red de Periodistas de Juárez hace patente su solidaridad con los trabajadores de estos medios y, al mismo tiempo, expresa su repudio a quienes no cejan en su intención de coartar la libertad de expresión y el derecho a la información en cada vez más zonas del país.
Pero este repudio se hace extensivo, sobre todo, a los representantes de los tres niveles de gobierno que, en estos cinco años en los que la violencia se ha enseñoreado en la entidad, no han sido capaces de prevenir ni aclarar ni castigar uno solo de los ya múltiples ataques sufridos en los medios de comunicación.
Desde 2008, cuando un sujeto que aún no ha sido identificado asesinó a nuestro colega Armando Rodríguez, los periodistas de Juárez advertimos que la total inacción y la falta de investigación y de castigo a ese hecho marcaban un peligroso precedente que dejaba al resto de los comunicadores en la mayor de las vulnerabilidades.
Lo advertimos también en 2010, cuando fue asesinado el fotógrafo Luis Carlos Santiago. Y así lo reiteramos hoy: la impunidad, la omisión por parte de las autoridades ministeriales para investigar y sancionar los ataques contra los medios de comunicación son el contexto perfecto para que las agresiones continúen y, con ello, sigamos en peligro no sólo los periodistas, sino la sociedad en general, que con cada ataque ve en riesgo su derecho a estar informada.
Por tal motivo, exigimos a la Fiscalía General del Estado -primera obligada a aclarar estos hechos- para que investigue de manera expedita estos dos ataques, sancione a los responsables y, con eso, pruebe si en esta frontera -como se presume en el mundo- impera o no el Estado de Derecho.
-Red de Periodistas de Juárez