El 10 de enero pasado Erika Andiola recibió la noticia que cualquier inmigrante indocumentado sabe que puede llegar pero espera jamás oír: agentes de inmigración arrestaron en Arizona a su madre, María Arreola, y a su hermano, Heriberto Andiola.
Erika, una conocida y pujante activista dreamer -los jóvenes estudiantes indocumentados que luchan por la aprobación del DREAM Act-, inmediatamente subió al internet un video explicando el caso de su familia y pidiendo a la comunidad que empezara a hacer llamadas y enviar cartas a las autoridades de inmigración para detener su deportación. Erika es una dirigente de alto perfil, y la mañana siguiente las reacciones se encontraban en todos lados: decenas de organizaciones ya habían manifestado su apoyo y la agrupación Dreamactivist reunió firmas para pedir la liberación de los Andiola bajo la prerrogativa de "prosectuorial discretion", o a discreción del fiscal, que tienen las autoridades de inmigración de Estados Unidos en los casos de detenidos que no han cometido delitos graves.
Unas horas más tarde, Erika daba a conocer a través de su página de Facebook que su madre y su hermano habían sido liberados. Según la información publicada por la joven, el autobús que lleva a los detenidos en proceso de deportación a la frontera con Tijuana ya iba en camino cuando el chofer recibió una llamada con la orden de detenerse.
Horas más tarde Erika agradeció a quienes se movilizaron y reconoció que su madre estaba libre por la influencia que tiene la red a la que pertenece la activista, pero también se cuestionó: ¿Y qué pasó con las otras personas que iban en el autobús, con sus hijos, con sus familias?
A lo largo de su primer periodo de gobierno, y como respuesta a las gestiones realizadas por dirigentes proinmigrantes durante el proceso electoral de 2008, el presidente Barack Obama dejó claro que la prioridad en los casos de deportación estaría enfocada en las personas que representaran un peligro para el país; es decir, casos de personas sospechosas o acusadas de narcotráfico, terrorismo o algún otro crimen grave. En tanto que la inmigración indocumentada sin antecedentes penales no lo es, esta comunidad no sería el primer objetivo de su gobierno.
Esto sonaba muy bien, pero los cuatro años siguientes fueron una bofetada para la comunidad inmigrante. Durante ese periodo, el gobierno Obama deportó a un promedio de 400,000 personas al año; de los casos que han pasado por tribunales, sólo el 13% ha tenido algún cargo criminal.
A pesar de ello, el discurso presidencial sigue siendo el mismo. En 2012, como respuesta a una carta que le envió Nancy Landa, una chica dreamer que fue deportada en 2009, Obama envió un texto preescrito en el que asegura a la joven que la prioridad en los procesos de deportación siguen siendo los criminales. "¿Entonces yo soy una criminal de alta prioridad?", se preguntó iracunda Nancy. La misma pregunta se hace la familia de Erika Andiola, y quienes iban en el autobús que siguió su ruta hacia Tijuana, y las miles y miles de familias que han sido separadas durante la gestión del presidente del cambio.
Como lo mencioné en un texto publicado en este espacio el día del triunfo de Obama para gobernar un segundo término, el presidente está en deuda con la comunidad latina. Empeñó su palabra cuando ofreció detener las deportaciones, gestionar con el Congreso la aprobación del DREAM Act, cabildear una reforma migratoria. El cargo en el que acaba de rendir protesta por segunda ocasión no es menor: es el que le confiere la representación de los intereses de más de 300 millones de personas, entre ellas cincuenta millones de latinos, por las cuales debe velar.
La palabra empeñada no es la de Barack, el muchacho afroamericano que organizaba jóvenes en los barrios de Chicago, ni la del senador Obama, el joven y carismático político que se robó simpatías con un discurso en una convención demócrata. Es la palabra del presidente de Estados Unidos, y quien ostenta la investidura, debe estar a la altura de ella. Y cumplir su palabra.
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