Tú aprietas los dientes cuando los demás lloran. Tratas de mantener la distancia, la muy cantada objetividad. Intentas ver lo que ocurre desde afuera, la imagen completa; "the big picture", le dicen en inglés. Evitas las emociones y te fijas en los detalles para entender lo que está ocurriendo. Después tratas de escribir lo que viste de la manera más justa posible, sin calificar. Cuentas al lector lo que pasó: juzgue usted.
Cuando has sido reportero de nota diaria esa es la primera lección que te enseñan: nada es personal. Si encima de eso trabajas con comunidades inmigrantes, es muy probable que tengas que echar mano del consejo con más frecuencia de la que quisieras: deportados, detenidos, arrestados, amenazados y en ocasiones asesinados, son algunos de los casos que te llegan con frecuencia, cuyas historias tienes que contar. Y aunque en algún momento simpatices con la causa del afectado, la emoción nunca te debe ganar.
Durante seis años cumplí estas reglas a cabalidad. El trabajo en el diario en español más importante de Estados Unidos cubriendo temas de inmigración, el compartir la tarea diaria con compañeros experimentados, te va moldeando para realizarla de la mejor manera posible. Por eso, podrá el lector imaginar mi decepción cuando un día de junio de 2010, mientras tomaba notas en un funeral, me traicionaron las emociones y empecé a llorar.
Días antes, el 28 de mayo, el mexicano Anastasio Hernández había muerto a manos de un grupo de agentes de inmigración cuando durante su proceso de deportación en la garita de San Ysidro, le propinaron una golpiza y lo dejaron en coma como resultado de una ronda de patadas y al menos tres descargas con una macana eléctrica, según se aprecia en un video dado a conocer días después. El 31 de mayo siguiente Anastasio murió de un ataque cardiaco como consecuencia de la agresión. El agente responsable fue suspendido de sus labores, pero hasta ahora no hay una sanción ni una resolución clara del caso.
Aún no enterraban a Anastasio cuando una nueva muerte llegó. Sergio Adrián Hernández, de 14 años, fue baleado por agentes estadounidenses tras el presunto ataque con piedras por parte del primero en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, del lado estadounidense. Entonces se supo que durante los últimos 15 años se han registrado cerca de 140 casos de homicidios a manos de agentes migratorios estadounidenses en la frontera entre México y Estados Unidos, pero que ni uno sólo de ellos ha sido condenado por esta razón.
El de Anastasio Hernández fue el primer caso calificado como homicidio por parte de agentes de inmigración registrado durante la administración Obama, pero antes de que eso ocurriera, una coalición de organizaciones de los cuatro estados fronterizos, California, Arizona, Nuevo México y Texas, ya había establecido contacto con integrantes de su gobierno para expresar su preocupación por la actitud de los agentes, para pedir detalles sobre su entrenamiento y para exigir que se establezcan mecanismos para dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la autoridad federal tras los asesinatos. En aquel momento Christian Ramírez, director de American Friends Service Committee (AFSC), una de las organizaciones que conforman esta coalición, me contó que el grupo sostuvo algunas reuniones con personal de la Casa Blanca pidiendo acceso a la información sobre el protocolo que se sigue tanto en el entrenamiento de los agentes como en los procesos de investigación de homicidio; la respuesta fue negativa debido a que dicha información es confidencial por razones de seguridad.
Dos años después las cosas no han cambiado. La semana pasada Guillermo Arévalo, de 36 años y albañil de oficio, murió baleado por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraba en las orillas del Río Bravo, que funge como línea fronteriza entre México con Estados Unidos. Arévalo y su familia festejaban el cumpleaños de una de sus hijas en un parque ubicado a la orilla del río del lado mexicano, cuando los agentes le dispararon al tórax. Al igual que en el caso del joven Sergio Hernández, el argumento de quienes dispararon fue que lo hicieron en defensa propia al ser atacados con piedras. Sin embargo en un video mostrado en la televisión mexicana se aprecia que dicho ataque no tuvo lugar; al menos no por parte de Arévalo.
En 1994 el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) contaba con cerca de 2 mil agentes a cargo de la seguridad en inmigración y aduanas; actualmente la cifra es cercana a los 20 mil. En un poco más de 15 años la cifra de agentes es diez veces mayor, y la preocupación de los activistas es que los esfuerzos por parte del gobierno se hayan enfocado más en la cantidad que en la calidad. Nadie cuestiona la forma "fast-track" en que son entrenados estos agentes, y la respuesta por parte del gobierno mexicano en estos asesinatos se ha limitado a una "enérgica condena" y a la espera de los resultados de investigaciones que nunca terminan de llegar.
Al enterarme del caso de Arévalo, recordé aquella ocasión en que la emoción me venció. Ese día entré a la iglesia del condado de San Diego en donde se celebrara el funeral de Anastasio Hernández; me paré hasta adelante y a un costado para observar la ceremonia, y de pronto unos hombres se acercaron al ataúd: sacaron una bandera de México, la desenrollaron y con ella cubrieron el féretro. Entendí que a Anastasio, a Sergio, y ahora a Guillermo, los han asesinado en condiciones de abuso de fuerza, respondiendo con balas a las piedras, y que la razón por la que sus casos quedan impunes es porque son mexicanos; porque no hay autoridad que los defienda, porque su gobierno los sigue dejando solos. Enfrente de un muerto cubierto de colores patrios, no pude evitarlo y empecé a llorar.