Los familiares de 85 personas asesinadas hace casi 19 años se enteraron recientemente de que es poco probable que los autores del acto terrorista en el que sus deudos fallecieron sean llevados ante la justicia.
La atrocidad ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un vehículo repleto de fertilizante y gasolina se estrelló contra la sede de AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), centro institucional de la comunidad judía en Buenos Aires, y la destruyó. Además de los muertos, unas 300 personas resultaron heridas. El hecho de que esto ocurriera dos años después de un atentado similar contra la embajada de Israel en la misma ciudad, que dejó un saldo de 29 víctimas fatales indicó que se trataba de una campaña concertada de violencia contra los judíos y contra Israel.
En realidad, después de años de pistas falsas, confusión y demoras provocadas por una combinación de corrupción e incompetencia, un Fiscal Especial, Alberto Nisman, publicó un informe culpando a Hezbolá, el grupo terrorista chiíta con base en el Líbano, que cuenta con el respaldo y la financiación de funcionarios iraníes de alta jerarquía. En 2007, Argentina emitió órdenes internacionales de captura para seis iraníes mencionados en el informe -entre ellos el actual ministro de defensa del país Ahmad Vahidi- y para cinco de ellos fueron emitidas Alertas Rojas de INTERPOL. Irán se ha negado permanentemente a cooperar, y ellos siguen en libertad.
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Ahora Argentina ha cambiado de estrategia. Después de una serie de reuniones mantenidas en el curso de varios meses entre su Canciller y el Ministro de Relaciones exteriores de Irán, se formalizó un acuerdo en Addis Abeba, Etiopía, para la creación de una "Comisión de la Verdad" internacional para investigar la causa AMIA. Sus cinco miembros serán expertos de otros países en derecho internacional, encabezados según se ha dicho, por un juez "de intachable reputación moral y prestigio legal". Asimismo, el procedimiento respetará "las leyes y reglamentaciones de ambos países". Como parte del acuerdo, se interrogará a los sospechosos iraníes en Irán. Históricamente, las comisiones creadas para zanjar conflictos en otras partes del mundo han dado como resultado que se retiraran las acusaciones penales, y probablemente en este caso ocurrirá lo mismo.
¿Qué hay verdaderamente detrás de la decisión de crear dicha Comisión? Irán y Argentina son socios comerciales importantes, y sus gobernantes están interesados en poner fin a la causa del atentado. La Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar el acuerdo vía Twitter, insistió en que "nunca permitiremos que se use la tragedia de la AMIA como un peón de ajedrez en un partido de intereses geopolíticos marginales", que presumiblemente significa el esfuerzo internacional de recurrir a presiones económicas para impedir que Irán obtenga capacidad nuclear. El Presidente iraní Ahmadineyad, con la economía de su país en caída libre, dijo que las investigaciones "precisas e imparciales" permitirán "el incremento de los lazos entre Irán y Argentina". Además del aumento del intercambio comercial, espera también ampliar la influencia política de su país en América Latina, donde Venezuela, Bolivia y Ecuador ya tienen a Irán como aliado.
Este cómodo arreglo entre Argentina e Irán para encubrir la verdad es escandaloso. La mera idea de que un país de quien se sospecha que ha conspirado para llevar a cabo acciones terroristas habrá de participar en una "Comisión de la Verdad" que investigará su propia conducta es el colmo del absurdo. En términos prácticos, la Comisión permitirá que los criminales evadan la justicia, insulten el recuerdo de las víctimas, agravien al sistema judicial argentino y el sentido de la justicia del pueblo argentino, afecten negativamente los esfuerzos por aislar diplomáticamente al régimen de Teherán, y alienten a Irán y a los grupos terroristas que respalda a cometer crímenes similares con impunidad.
Además es inconcebible que este gobierno argentino que ha colocado la causa de los derechos humanos, incluyendo la de las mujeres y los gays, como una prioridad, que privilegia el multilateralismo y la no-proliferación de armas nucleares y que ha ratificado su compromiso con la memoria del Holocausto al ser el único país latinoamericano en formar parte de la Comisión Internacional sobre el tema se siente a negociar con un régimen que es violador y negador sistemático de todos estos principios.
Parece haber una sola manera de dar por tierra con este perverso plan. El acuerdo que crea la Comisión requiere la aprobación de los parlamentos de ambos países. No hay duda que el parlamento iraní, que aprueba todo sin cuestionamiento alguno estará de acuerdo. ¿Podrán quizás la ira internacional y el patriotismo herido inducir a los legisladores argentinos a impedir este compromiso con el mal?
Dina Siegel Vann es Directora del Instituto Latino y Latinoamericano de AJC