En el contexto de la llamada "guerra contra la delincuencia organizada", iniciada por el Gobierno Federal tras la llegada del Presidente Calderón al poder en 2006, los índices de inseguridad y violencia han aumentado alarmantemente. Asimismo, las violaciones a los derechos humanos han sido constantes durante este sexenio, siendo una de sus principales causas la estrategia de seguridad pública basada en el uso de la fuerza y la militarización.
Tal como ha sido registrado por diversas organizaciones de la sociedad civil y constatado por diferentes organismos internacionales de derechos humanos, la actual estrategia de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento de las violaciones de derechos humanos. Durante los últimos cinco años, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por hechos cometidos por las Fuerzas Armadas se han incrementado en un 1.000%; tan sólo en 2010 y 2011, una de cada tres quejas ante dicha instancia fue dirigida contra la Secretaría de la Defensa o de la Marina.
En este contexto, la practica de la tortura he registrado nuevamente un incremento en su utilización como una herramienta para arrancar confesiones y fabricar culpables. Durante la presente administración, la CNDH reportó un aumento superior al 500% en quejas por tortura y malos tratos. Alrededor del 80% de las quejas por tortura ante dicha instancia fueron referidas en contra del Ejército. Así, no obstante la reciente reforma al sistema de justicia penal que buscaba, entre otras cosas, poner fin a la tortura, a cuatro años de su aprobación esta meta parece aun distante.
Actualmente, distintas acciones gubernamentales manifiestas en nuestra legislación y política pública, reflejan ciertas causas estructurales que facilitan el uso de la tortura y su consecuente impunidad. Entre estas, encontramos la utilización de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores que debieran estar bajo mandos civiles, el establecimiento de un régimen de excepción con restricciones a las garantías del debido proceso, en particular frente a personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, y la implementación de medidas contrarias a los derechos humanos como el arraigo.
No obstante, a pesar de lo alarmante de las cifras antes relatadas, a la fecha únicamente 74 personas han sido formalmente acusadas por tortura y únicamente 6 personas han sido condenadas. Si bien tanto a nivel federal como en los estados - con la excepción del estado de Guerrero - se cuentan con legislaciones específicas que sancionan el uso de la tortura, resulta revelador el bajo número de condenas.
En días recientes, México acudió ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas para presentar su informe periódico sobre las acciones que se han tomado para prevenir, sancionar y erradicar la práctica de la tortura. El Comité, conformado por diez expertos independientes de diversas partes del mundo, cuestionó duramente las políticas que ha empleado el Estado durante los últimos años, pues estas lejos de contribuir a poner fin a la tortura, la han acrecentado.
En unas semanas el Comité emitirá un informe que contendrá sus observaciones finales y recomendaciones al Estado. Ante el próximo cambio de gobierno en México, resultará de gran relevancia que la nueva administración retome como prioritarias las recomendaciones hechas por las y los expertos de las Naciones Unidas y que implementen un plan de acción encaminado a prevenir; sancionar y erradicar la tortura en México.
La tortura en México ha prevalecido por décadas, a pesar de los constantes reclamos de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Distintos gobiernos han sido reacios a tomar acciones claras que condenen la tortura y pongan fin a su utilización. La tortura es uno de los crímenes mas graves, pues degrada la dignidad humana y atenta contra los propios principios de humanidad.
Es fundamental que empecemos ya a atacar esta práctica sistemática que tanto daño ha causado.
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