A menos de 100 días de que Felipe Calderón concluya su periodo como presidente de México, existe poca claridad sobre qué rumbo tomará el nuevo gobierno frente a la actual estrategia de seguridad emprendida hace seis años para combatir frontalmente a los cárteles de la droga. Si bien Enrique Peña Nieto señaló durante su campaña que revisaría la actual estrategia, al mismo tiempo se ha comprometido también a mantener al ejército en las calles a pesar de los pocos logros reales que éste ha representado.
La estrategia implementada por el Presidente Calderón, basada en el uso de la fuerza y la militarización, ha privilegiado la seguridad nacional sobre la seguridad pública, teniendo poca evidencia y orientación sobre cómo combatir a un enemigo que nunca ha sido claramente identificado. Ello ha tenido como consecuencia la muerte de más de 70.000 personas, la desaparición de más de 10.000 y el desplazamiento de al menos 120.000 personas más. Es de especial preocupación el evidente aumento de violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La visión errónea frente a las drogas y la política de drogas estigmatizante que impera en nuestro país ha tenido además un efecto desastroso en la vigencia de los derechos humanos. Desde que dio inicio la llamada "guerra contra la delincuencia organizada", las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han incrementado en más de 1.000%. Según información proporcionada por la propia CNDH, durante 2010 y 2011 una de cada tres quejas presentadas fueron en contra de la Secretaría de la Defensa o de la Marina.
Ejemplo de ello es el aumento en casos de tortura, donde los casos registrados ante la CNDH ha mostrado un aumento superior al 550% durante el actual sexenio, de los cuales en casi un 80% del total se señaló a la Secretaría de la Defensa como la responsable de los hechos. Sucede lo mismo en el caso de la desaparición forzada de personas que ha registrado un incremento sostenido desde 2006, pasando de 4 quejas a 153 en 2011. Cabe mencionar que de un total de 390 quejas recibidas desde 2006, 71% se presentaron entre 2010 y 2011.
A pesar de ello, el equipo de transición de Peña Nieto ha reiterado su voluntad por mantener centrada la estrategia de seguridad en el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada. Lejos de buscar soluciones que pudieran incrementar la seguridad de la ciudadanía a la par de reducir las violaciones a los derechos humanos, se ha privilegiado continuar sobre el sendero de lo ya conocido, a pesar de los efectos negativos que ello ha conllevado. A su vez, se ignoran experiencias positivas alrededor del mundo que pudiesen tener un impacto positivo en nuestro país.
Después de seis años de crecientes violaciones a los derechos humanos y un panorama desolador frente a la justicia y la seguridad, resulta prioritario hacer nuevos planteamientos sobre la política de drogas y la estrategia de combate al crimen organizado. Es fundamental transitar de un esquema basado en el uso de la fuerza hacia un planteamiento centrado en la seguridad ciudadana en donde los derechos humanos sean el eje rector de toda política pues, de lo contrario, los índices de violencia y violaciones a derechos humanos continuarán aumentando en México.
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