Hace apenas unos días, la Suprema Corte de Justicia en México ordenó dejar en libertad, tras siete años en prisión, a Florence Cassez, ciudadana francesa acusada de secuestro. Su libertad causó un gran enojo y rechazo entre la sociedad mexicana, pero también dejó al descubierto los vicios en los que se encuentra el sistema de justicia en México.
Sin duda, el caso Cassez ha sentado un importante precedente en México y en unos años, esperemos, será visto como un parteaguas en el sistema de procuración y administración de justicia. Muchas lecciones importantes ha dejado este tan controversial caso, y de ser éstas aplicadas, podrán redundar en una mejor aplicación de la justicia que nos beneficie a todas y todos, tanto víctimas como acusados.
Una lección que sentó la Corte en este caso, quizás la más relevante, fue sobre el debido proceso, principio fundamental que debe regir el funcionamiento de todo Estado democrático de derecho. El debido proceso, derecho humano que restringe el poder del Estado y exige que a toda persona acusada de cometer un delito se le siga un proceso judicial de conformidad con las leyes y bajo irrestricto apego a sus derechos,. Con esto, se busca garantizar que una persona no sea detenida sin justificación y pretende asegurar que personas inocentes no sean puestas en prisión.
Evidentemente, este principio ha sido fuertemente vulnerado e ignorado en México durante los últimos años. Con el pretexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, se ha justificado y permitido la restricción de ciertos derechos fundamentales bajo el argumento de la necesidad de un Estado fortalecido que haga frente a la amenaza. Así, bajo la existencia de un discurso maniqueo, todo aquél que caiga en la definición - o estereotipo - de criminal, podía ser tratado sin respeto a sus derechos humanos, incluso antes de que se le llevara ante la justicia.
Este fue el caso de Florence Cassez, quien acusada de formar parte de una banda de secuestro, fue condenada a 60 años de prisión. No obstante, el proceso en su contra - y en particular su detención - estuvo lleno de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos. La creación de un montaje televisivo supuestamente en vivo de la detención, la vulneración de la presunción de inocencia, la demora en poner a disposición de las autoridades competentes a la detenida y no haber notificado de forma inmediata a la Embajada francesa de su detención, fueron algunas de las violaciones a los derechos humanos que reconoció la Suprema Corte de Justicia.
De ahí que el mensaje lanzado por la Corte a las policías y fiscalías en México cobre tanta relevancia. La Corte no discutió sobre la inocencia o culpabilidad de la ciudadana francesa, sino sobre el apego a derecho de su detención y posterior juicio. No obstante, muchas y muchos en México han criticado esta decisión, han acusado a los Ministros de abrir la puerta a la impunidad y de favorecer a las personas extranjeras por encima de las víctimas mexicanas. Más equivocados no podrían estar...
La impunidad en México no proviene de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. En este caso, las deficiencias de las autoridades involucradas en la investigación y procuración de justicia fue lo que llevó a la impunidad. Lo que se necesita en México son mayores y mejores cuerpos de investigación que arrojen resultados claros y permitan detener a las y los responsables, no a fabricar inocentes y arrojarlos en prisión sin un proceso justo.
Según una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, cerca del 60% de los detenidos en México dijeron haber sido golpeados durante su detención, y 30% acusó haber confesado bajo tortura. Cabe recordar que desde 2006 se ha registrado un aumento superior al 500% de los casos de tortura en México. Por otro lado, más del 70% de quienes se encuentran purgando una pena en prisión, aseguraron nunca haber hablado con el juez durante el proceso, mientras que 1 de cada 2 detenidos no contó con un abogado defensor al rendir su declaración.
Hay quienes, mediante el dolor de las víctimas, pretenden perpetuar un sistema de justicia inequitativo y desigual, que favorece a los poderosos y permite que los verdaderos culpables continúen en libertad. La decisión de la Suprema Corte en el caso de Florence Cassez evidenció las grandes deficiencias de las autoridades y es también un primer paso para la construcción de un sistema de justicia basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Hoy México se encuentra a la mitad del camino de la transición hacia un nuevo sistema de justicia basado en los juicios orales y la presunción de inocencia. A cuatro años de comenzado este proceso, los avances aún son muy lentos pues menos de la mitad de las entidades del país han iniciado la transformación. Hace falta mucha capacitación y presupuesto, pero sobretodo voluntad política para su eficaz implementación. El caso Cassez es un llamado a las autoridades para emprender los cambios necesarios que permitan hacer del sistema de justicia uno que sancione a los responsables, y no que fabrique culpables. El único camino para combatir la impunidad en México es a través del respeto a los derechos humanos, incluido el respeto al debido proceso.